A partir del 11 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py y el fuero Penal Económico comenzarán a regirse por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
En una resolución firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se estableció que desde las 00:00 del 11 de agosto próximo comenzará a regir el sistema acusatorio en Comodoro Py, en el marco de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal.
El nuevo modelo traslada la conducción de las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, encargándose de impulsar o desestimar causas, solicitar medidas coercitivas como allanamientos o interceptaciones telefónicas, y decidir eventuales nulidades . En tanto, los jueces de garantía asumirán un rol moderador, supervisando garantías procesales, decidiendo sobre detenciones y elevación a juicio, y mediando entre fiscalía y defensa.
Las audiencias serán orales, públicas y grabadas, y sujetas a plazos estrictos diseñados para evitar dilaciones extremas en causas complejas; se planean caducidad de plazos de hasta tres años (seis para casos más complejos).
El Ministerio de Justicia argumenta que este formato agiliza los casos: la experiencia en 12 provincias donde ya funciona el sistema muestra una caída de la duración de las causas a un promedio de 50 días, con sentencias en un mes en Rosario y en 48 horas en Viedma Sin embargo, fiscales y la Procuración General alertaron sobre una serie de deficiencias: falta de recursos humanos, vacantes en fiscalías y juzgados, insuficiencias tecnológicas y edilicias, y demoras en peritajes técnicos como extracción forense de celulares El procurador Eduardo Casal advirtió que “como estamos, es imposible llegar al 11 de agosto” sin poner al día las condiciones mínimas
En contraposición, el informe del INECIP sostiene que las fiscalías cuentan con suficientes recursos y que los reclamos responden a una resistencia a perder poder dentro del edificio judicial inecip.org. El organismo alerta sobre una posible “máscara técnica” para mantener el statu quo y frenar la redistribución del poder a favor de la fiscalía