Desde este miércoles se aplica la tercera etapa del ajuste tarifario dispuesto por el Gobierno nacional. Todos los usuarios del transporte público pasarán a pagar $451,01 el pasaje mínimo.

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumenta un 6,1% desde este miércoles, como parte del ajuste tarifario trimestral que fue aprobado por el Ejecutivo en mayo.

El incremento afecta a 103 líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero que están bajo control del Gobierno nacional. A partir de hoy, el pasaje mínimo pasa de $424,91 a $451,01.

Se trata del último tramo de una suba total del 21,52%, que fue aplicada en tres etapas por la Secretaría de Transporte. La primera actualización se dio el 23 de mayo, cuando el boleto pasó de $371,13 a $397,11. La segunda fue el 16 de junio, elevando la tarifa mínima a $424,91.

Con estos aumentos, se cierra una etapa de actualización tarifaria luego de ocho meses sin cambios, ya que la última suba previa se había registrado en agosto de 2024. Esto había generado un desfasaje respecto a las tarifas de los colectivos que dependen del gobierno bonaerense o porteño, los cuales siguen un esquema de actualización mensual ligado a la inflación, más un 2% adicional. En julio, esas líneas subieron un 3,5%.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Nuevas tarifas desde el 16 de julio

Suburbanas Grupo I

(Líneas que conectan CABA con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

• 0-3 km: $451,01 – SUBE sin nominar: $717,11
• 3-6 km: $502,43 – SUBE sin nominar: $798,86
• 6-12 km: $541,13 – SUBE sin nominar: $860,40
• 12-27 km: $579,87 – SUBE sin nominar: $921,99
• Más de 27 km: $618,35 – SUBE sin nominar: $983,18

En el marco de la causa que juzga el ataque del presidente al joven Ian Moche, la madre del influencer denunció que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que la buscan “hacer mierda” y que no les “interesa la verdad”.

En el marco del juicio que investiga el hostigamiento público del presidente Javier Milei contra Ian Moche —el joven autista de 12 años que milita por los derechos de las infancias neurodivergentes—, nuevas declaraciones complican aún más el cuadro de violencia que rodeó el episodio. Esta semana, la madre del niño, Marlene Spesso, denunció públicamente que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que el objetivo de ciertos sectores libertarios no es esclarecer la verdad, sino directamente causar daño.

“A nosotros no nos interesa la verdad, nos interesa hacer mierda a tu vieja”, relató Spesso en una entrevista con Jorge Rial, afirmando que su hija recibió ese mensaje por WhatsApp y que el contenido ya fue incorporado a la causa judicial. Según la madre de Ian, este tipo de ataques no son hechos aislados sino parte de una campaña sistemática para amedrentar a su familia. “Fue terrible para nosotros”, aseguró en diálogo con Jorge Rial.

El juicio que investiga el retuit del presidente Milei contra Ian, ocurrido en junio, se tramita en la Justicia Federal de La Plata. Allí, el juez Alberto Recondo dio curso a la denuncia y pidió explicaciones formales al mandatario, al considerar que su publicación desde una cuenta oficial (con tilde gris en X) constituye un acto institucional.

La incorporación de nuevas pruebas, como el mensaje atribuido a Díaz Cueto, profundiza la causa y expone las redes de acoso que orbitan en torno al presidente y su entorno más fanático.

¿Quien es Tomás Díaz Cueto? el periodista fanático de Milei que atacó a la madre de Ian Moche

Tomás Díaz Cueto es un periodista ultra militante de Javier Milei que cobró notoriedad por su fuerte respaldo al gobierno de La Libertad Avanza. Durante un tiempo, trabajó como movilero en el programa de Horacio Cabak en LN+, pero fue despedido recientemente del canal por su extrema posición a favor del gobierno de los hermanos Milei.

Según reveló Ángel de Brito en su programa, su salida de LN+ respondió a su exposición excesiva y a un fanatismo político que resultó incómodo incluso para un canal afín al gobierno: “Desde el canal piensan que está demasiado expuesto y es un momento muy crítico para estar haciendo móviles de actualidad en la calle”.

Por su parte, la periodista Julieta Argenta aportó otra versión interna que circula en la redacción: Díaz Cueto ya había sido observado por recursos humanos debido a distintos escándalos. “Hace unos meses le hackearon el celular y fue a pedir ayuda al canal porque temía que se filtraran fotos y videos que había mandado. Estaba asustado y eso ya les había llamado la atención”, reveló.

Actualmente, Díaz Cueto mantiene una activa cuenta de Instagram desde donde publica a diario recortes de noticieros y fragmentos de entrevistas, muchas veces sacados de contexto, para atacar a artistas, referentes sociales y políticos opositores a Milei. A través de ese canal, promueve un discurso de odio que alimenta el clima de agresividad sobre el que justamente advierten organismos de derechos humanos y la familia de Ian Moche.

El dirigente vecinal de la localidad de Caseros, de vínculos con el gobernador Rogelio Frigerio (JxC), aclaró que si bien no es parte de La Libertad Avanza, expresó su afinidad con las políticas del gobierno nacional y defendió el ajuste a los jubilados con una repudiable frase.

El intendente de Caseros, Oscar Francou, desató la indignación al justificar los recortes a los jubilados con una frase que generó amplio rechazo. Durante una reunión de intendentes vecinalistas realizada en Cerrito, Francou defendió el ajuste impulsado por el gobierno nacional y no dudó en afirmar que “para mejorar las jubilaciones, tienen que morirse muchos jubilados”.

En su intervención, Francou reconoció las dificultades financieras que atraviesan los municipios tras los recortes de fondos por parte del gobierno de Javier Milei, pero aun así expresó un firme respaldo a la actual gestión:

“Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, yo creo que venimos por el buen camino”, aseguró.

El momento más polémico llegó cuando se refirió a los haberes jubilatorios. Francou afirmó que “hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, como un aumento de las jubilaciones, y luego agregó:

“Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y recién allí cobren mejor los demás. Bueno… qué sé yo”.

📍En Cerrito, el intendente de Caseros, Oscar Francou, lanzó una polémica frase sobre los jubilados:
💬“Mejorar sus sueldos va a llevar a que se mueran muchos para que cobren mejor los demás”.
📅 Lo dijo en la asamblea vecinalista.
📌 Aún no se disculpó. pic.twitter.com/5uukfBcpOb

— Radio La Voz (@radiolavoz901) July 15, 2025

La frase no pasó desapercibida, ya que fue pronunciada frente a intendentes, viceintendentes, concejales y dirigentes vecinalistas. Para cerrar su exposición, Francou aclaró que su respaldo no respondía a una simpatía política por el oficialismo libertario, sino a una convicción sobre la necesidad de continuar con los ajustes:

“Estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en el corto plazo, tenemos que empezar a mejorar”.

Las declaraciones del intendente rápidamente encendieron la polémica, especialmente por la crudeza con la que se refirió a la situación de los jubilados en un contexto de fuerte ajuste económico.

A partir del 11 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py y el fuero Penal Económico comenzarán a regirse por el nuevo Código Procesal Penal Federal.

En una resolución firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se estableció que desde las 00:00 del 11 de agosto próximo comenzará a regir el sistema acusatorio en Comodoro Py, en el marco de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal.

El nuevo modelo traslada la conducción de las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, encargándose de impulsar o desestimar causas, solicitar medidas coercitivas como allanamientos o interceptaciones telefónicas, y decidir eventuales nulidades . En tanto, los jueces de garantía asumirán un rol moderador, supervisando garantías procesales, decidiendo sobre detenciones y elevación a juicio, y mediando entre fiscalía y defensa.

Las audiencias serán orales, públicas y grabadas, y sujetas a plazos estrictos diseñados para evitar dilaciones extremas en causas complejas; se planean caducidad de plazos de hasta tres años (seis para casos más complejos).

El Ministerio de Justicia argumenta que este formato agiliza los casos: la experiencia en 12 provincias donde ya funciona el sistema muestra una caída de la duración de las causas a un promedio de 50 días, con sentencias en un mes en Rosario y en 48 horas en Viedma Sin embargo, fiscales y la Procuración General alertaron sobre una serie de deficiencias: falta de recursos humanos, vacantes en fiscalías y juzgados, insuficiencias tecnológicas y edilicias, y demoras en peritajes técnicos como extracción forense de celulares El procurador Eduardo Casal advirtió que “como estamos, es imposible llegar al 11 de agosto” sin poner al día las condiciones mínimas

En contraposición, el informe del INECIP sostiene que las fiscalías cuentan con suficientes recursos y que los reclamos responden a una resistencia a perder poder dentro del edificio judicial inecip.org. El organismo alerta sobre una posible “máscara técnica” para mantener el statu quo y frenar la redistribución del poder a favor de la fiscalía

Bajo el eufemismo de “gastos no especificados”, los fondos reservados crecieron exponencialmente y no es posible auditarlos para saber en qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó dar respuestas al respecto.

Patricia Bullrich aumentó más de 1.800% el presupuesto destinado a gastos reservados bajo la etiqueta de “gastos no especificados”, una partida que se disparó de forma escandalosa y sin ningún tipo de control público ni auditoría. A pesar de las consultas oficiales, el Ministerio de Seguridad se negó a explicar los motivos detrás de semejante incremento.

En paralelo, el Gobierno recorta a mansalva áreas estratégicas con el argumento de que “no hay plata”, desmantela organismos públicos y somete a auditorías exhaustivas a las universidades nacionales. Sin embargo, los fondos secretos para Seguridad crecen sin freno y sin rendir cuentas a nadie.

El incremento de estos recursos coincide con un alarmante avance en el uso de facultades represivas, como detenciones sin orden judicial y ciberpatrullajes indiscriminados, habilitados por un decreto que eludió el debate parlamentario. Pese a haber prometido que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso, Bullrich impuso cambios por decreto, amparándose en una emergencia que también usó para realizar compras millonarias bajo sospecha, como ya marcó la Auditoría General de la Nación.

El Decreto 383 establece una Policía Federal reconvertida, con facultades ampliadas para espiar y detener sin control judicial, mientras se consolida una estructura de inteligencia oculta, sin control político ni rendición de cuentas.

Según datos oficiales, las partidas de “Servicios no especificados” y particularmente la subcategoría “Otros n.e.p.” (otros no especificados) se dispararon de $2.600 millones a casi $49.000 millones. Se trata de fondos públicos usados de forma absolutamente opaca y sin destino conocido.

Este esquema se replica en áreas de Inteligencia: el gasto reservado supera el 90% de ejecución a mitad de año, mientras áreas sensibles como salud, vivienda, agua potable y urbanismo sufren recortes drásticos. En contraste, el presupuesto de Seguridad Interior creció de 1,76% a 2,43%, en un brutal cambio de prioridades.

Mientras el Poder Judicial y organismos como el CELS denuncian que el decreto habilita prácticas inconstitucionales —como detenciones arbitrarias, espionaje sin control y criminalización de la protesta—, el ministerio se niega a entregar información pública sobre sus áreas de inteligencia, desobedeciendo incluso fallos judiciales que lo exigen.

Bullrich concentra poder y recursos en un sistema de seguridad sin control, con fondos que se multiplican de manera opaca, mientras el ajuste recae sobre la mayoría de la sociedad. Un modelo peligroso que recuerda las peores prácticas de la historia argentina.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de “desmantelamiento del Estado”, su gobierno avanza en la consolidación de un aparato de vigilancia con la creación de un Consejo Académico para la formación de agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales.

La medida, oficializada por el Ministerio de Seguridad a través de las resoluciones 828 y 829/2025, refuerza la lógica del espionaje gubernamental y sienta las bases para un Estado policial con proyección a largo plazo.

Lejos de reducir el poder estatal, el Ejecutivo impulsa una estructura académica dedicada exclusivamente a profesionalizar el espionaje interno, con especial énfasis en las redes sociales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se establece un cuerpo especializado de “agentes encubiertos digitales”, encargado de infiltrarse en entornos físicos y virtuales bajo el pretexto de combatir el delito.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el nuevo Consejo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, y tendrá como tareas centrales definir contenidos curriculares, capacitar aspirantes, perfeccionar agentes ya activos e incluso intervenir en la formación de jueces y fiscales. El organismo estará dirigido por el profesor Ricardo Ángel Basílico, designado por tres años.

La creación de esta “agencia académica” supone la institucionalización del espionaje doméstico, consolidando un mecanismo de control estatal sobre la ciudadanía en un contexto de creciente conflictividad social. Con la excusa de adaptar las investigaciones a “los desafíos del entorno digital”, el gobierno sienta un peligroso precedente: el uso del aparato estatal para vigilar y perseguir actividades en redes sociales bajo un barniz de legalidad e invocando viejos y peligrosos discursos de seguridad nacional.

El protocolo aprobado contempla un despliegue encubierto que abarca desde delitos económicos hasta “redes delictivas en línea”, una categoría lo suficientemente ambigua como para habilitar el monitoreo masivo. Esta decisión marca un quiebre del Estado de Derecho, favoreciendo prácticas de control social mientras se restringen las libertades civiles, todo ello en nombre de la seguridad.

El contraste es evidente: mientras Milei anuncia un supuesto achicamiento del Estado, consolida áreas clave del aparato represivo, institucionalizando la vigilancia digital como política de Estado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el peronista no kirchnerista Miguel Pichetto se habrían reunido para explorar la construcción de una alternativa a Javier Milei. La versión circula con fuerza en el Senado, según aseguró el portal La Política Online, históricamente vinculado al macrismo y la derecha argentina.

“No es un secreto que Villarruel mantiene sus aspiraciones de competir por la Presidencia en el 2027 y pretende construir con el peronismo de derecha, al que ha dirigido varios guiños, como colocar un busto de Isabel Perón en el Senado o acercarse a la hija de Rucci”, dijo LPO.

“La versión que pudo confirmar LPO de tres legisladores importantes es que, en medio de la tensión extrema con Milei, Villarruel recibió a Pichetto. Las fuentes confirmaron que, en esa charla, la vice le aseguró al diputado que va a ser presidenta en 2027”, insistió el medio que en el pasado tuvo mucho diálogo con el macrismo.

Mar del Plata y otros destinos emblemáticos sufren una caída histórica en la ocupación hotelera. El impacto del ajuste económico y el auge del turismo al exterior.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el turismo interno en Argentina enfrenta una de sus temporadas más flojas de los últimos años. En ciudades como Mar del Plata, las reservas hoteleras no alcanzan ni el 30% de las plazas disponibles y el clima en las calles refleja la ausencia del visitante que solía dinamizar la economía local en estas fechas.

El invierno pasado ya había sido preocupante, con picos que apenas llegaron al 60% de ocupación. Pero en este 2025 la situación es más crítica: los operadores turísticos marplatenses reconocen que las reservas rondan apenas el 25%. Desde el sector empresarial esperan que la tendencia mejore en los próximos días, aunque no hay señales claras de un repunte inmediato.

Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, sostuvo que las vacaciones de invierno “nunca fueron el pico de la actividad”, pero reconoció que “el comportamiento del turista está muy por debajo del promedio de años anteriores”.

La crisis también golpea al norte argentino. En Catamarca, Cristian Fernández, titular de la Asociación de Agencias de Viajes, trazó un panorama sombrío: “Venimos muy golpeados, no solo en la provincia sino en todo el país”.

El fenómeno, aseguran los especialistas, no es casual. La combinación de una economía estancada, la pérdida del poder adquisitivo y un dólar relativamente barato llevó a que quienes aún pueden viajar opten por destinos internacionales. “La estrella del primer semestre fueron los viajes al exterior”, afirmó Martín Romano, CEO de una de las principales agencias de viajes del país. Sin embargo, advirtió que ese tipo de salidas están reservadas para un “minimundo” con capacidad económica.

Romano explicó que la clase media —tradicional motor del turismo nacional— está “muy ajustada” y que, quienes todavía pueden moverse, “prefieren alquilar un departamento o buscan opciones más económicas”. Además, reveló que destinos como Iguazú están ofreciendo paquetes completos por menos de 400 mil pesos, lo que desplaza aún más la demanda hacia la costa.

El gobierno, que eliminó los programas de incentivo al turismo interno creados en años anteriores, no ha presentado medidas concretas para revertir la tendencia. Por ahora, el sector se resigna a esperar una reactivación que, si llega, lo hará recién en los fines de semana largos de octubre y noviembre, o directamente en el verano. Mientras tanto, miles de trabajadores dependen de una temporada que parece perdida.

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Se oficializó la eliminación de dos iniciativas creadas para acompañar a mujeres y disidencias en situaciones críticas. Organizaciones advierten un retroceso sin precedentes.

El Ministerio de Justicia de la Nación eliminó oficialmente dos programas que estaban destinados a asistir a personas en situación de violencia por motivos de género. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 466/2025, firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona. Se trata de una nueva avanzada del Gobierno nacional en su política de desarme del sistema de protección estatal en esta materia.

Las iniciativas eliminadas fueron el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad, y el Programa Acercar Derechos, ambos creados durante la gestión del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión asegurando que los programas no brindaban una respuesta “eficiente”. Sin embargo, en lugar de anunciar mejoras o alternativas, se optó por suprimirlos por completo, dejando a miles de mujeres y personas LGBTI+ sin mecanismos directos de acompañamiento y contención.

La eliminación del Programa Acercar Derechos afecta a una red de abordaje integral que operaba en todo el país y ofrecía atención personalizada a víctimas de violencia, con equipos técnicos que actuaban en territorio. Por su parte, el registro de organizaciones servía como herramienta para articular y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y actores comunitarios que trabajan en la prevención de violencias de género.

El nuevo ajuste se suma al cierre del Ministerio de la Mujer y a la drástica reducción del presupuesto destinado a políticas de igualdad. Para sectores sociales y organismos de derechos humanos, se trata de un desmantelamiento deliberado de la estructura institucional que, con sus limitaciones, ofrecía una respuesta frente a una problemática que atraviesa al conjunto de la sociedad.

Desde distintas organizaciones ya advierten que la medida podría agravar aún más la situación de las víctimas. Según datos oficiales, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina por violencia de género. Sin políticas públicas activas, la vulnerabilidad se profundiza.

Hace dos meses, el presidente Javier Milei celebraba su plan económico y aseguraba que “el dólar va a ir a $1.000, cuando esté en $1.000 vamos a comprar reservas y de hecho podría ir a $600”. Pasaron cosas…

Ahora, la divisa norteamericana no solo no está en 600 sino que duplicó ese precio y se ubicó en los $1350. Y podría seguir subiendo…

El esquema económico parece haber llegado a su fin tal como lo pensaron Milei y Luis Caputo: esto es, tener un dólar súper barato como ancla contra la inflación. Día a día el dólar se mueve al alza porque el modelo de endeudamiento no da para más.