Bajo el eufemismo de “gastos no especificados”, los fondos reservados crecieron exponencialmente y no es posible auditarlos para saber en qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó dar respuestas al respecto.
Patricia Bullrich aumentó más de 1.800% el presupuesto destinado a gastos reservados bajo la etiqueta de “gastos no especificados”, una partida que se disparó de forma escandalosa y sin ningún tipo de control público ni auditoría. A pesar de las consultas oficiales, el Ministerio de Seguridad se negó a explicar los motivos detrás de semejante incremento.
En paralelo, el Gobierno recorta a mansalva áreas estratégicas con el argumento de que “no hay plata”, desmantela organismos públicos y somete a auditorías exhaustivas a las universidades nacionales. Sin embargo, los fondos secretos para Seguridad crecen sin freno y sin rendir cuentas a nadie.
El incremento de estos recursos coincide con un alarmante avance en el uso de facultades represivas, como detenciones sin orden judicial y ciberpatrullajes indiscriminados, habilitados por un decreto que eludió el debate parlamentario. Pese a haber prometido que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso, Bullrich impuso cambios por decreto, amparándose en una emergencia que también usó para realizar compras millonarias bajo sospecha, como ya marcó la Auditoría General de la Nación.
El Decreto 383 establece una Policía Federal reconvertida, con facultades ampliadas para espiar y detener sin control judicial, mientras se consolida una estructura de inteligencia oculta, sin control político ni rendición de cuentas.
Según datos oficiales, las partidas de “Servicios no especificados” y particularmente la subcategoría “Otros n.e.p.” (otros no especificados) se dispararon de $2.600 millones a casi $49.000 millones. Se trata de fondos públicos usados de forma absolutamente opaca y sin destino conocido.
Este esquema se replica en áreas de Inteligencia: el gasto reservado supera el 90% de ejecución a mitad de año, mientras áreas sensibles como salud, vivienda, agua potable y urbanismo sufren recortes drásticos. En contraste, el presupuesto de Seguridad Interior creció de 1,76% a 2,43%, en un brutal cambio de prioridades.
Mientras el Poder Judicial y organismos como el CELS denuncian que el decreto habilita prácticas inconstitucionales —como detenciones arbitrarias, espionaje sin control y criminalización de la protesta—, el ministerio se niega a entregar información pública sobre sus áreas de inteligencia, desobedeciendo incluso fallos judiciales que lo exigen.
Bullrich concentra poder y recursos en un sistema de seguridad sin control, con fondos que se multiplican de manera opaca, mientras el ajuste recae sobre la mayoría de la sociedad. Un modelo peligroso que recuerda las peores prácticas de la historia argentina.