Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de “desmantelamiento del Estado”, su gobierno avanza en la consolidación de un aparato de vigilancia con la creación de un Consejo Académico para la formación de agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales.
La medida, oficializada por el Ministerio de Seguridad a través de las resoluciones 828 y 829/2025, refuerza la lógica del espionaje gubernamental y sienta las bases para un Estado policial con proyección a largo plazo.
Lejos de reducir el poder estatal, el Ejecutivo impulsa una estructura académica dedicada exclusivamente a profesionalizar el espionaje interno, con especial énfasis en las redes sociales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se establece un cuerpo especializado de “agentes encubiertos digitales”, encargado de infiltrarse en entornos físicos y virtuales bajo el pretexto de combatir el delito.
Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el nuevo Consejo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, y tendrá como tareas centrales definir contenidos curriculares, capacitar aspirantes, perfeccionar agentes ya activos e incluso intervenir en la formación de jueces y fiscales. El organismo estará dirigido por el profesor Ricardo Ángel Basílico, designado por tres años.
La creación de esta “agencia académica” supone la institucionalización del espionaje doméstico, consolidando un mecanismo de control estatal sobre la ciudadanía en un contexto de creciente conflictividad social. Con la excusa de adaptar las investigaciones a “los desafíos del entorno digital”, el gobierno sienta un peligroso precedente: el uso del aparato estatal para vigilar y perseguir actividades en redes sociales bajo un barniz de legalidad e invocando viejos y peligrosos discursos de seguridad nacional.
El protocolo aprobado contempla un despliegue encubierto que abarca desde delitos económicos hasta “redes delictivas en línea”, una categoría lo suficientemente ambigua como para habilitar el monitoreo masivo. Esta decisión marca un quiebre del Estado de Derecho, favoreciendo prácticas de control social mientras se restringen las libertades civiles, todo ello en nombre de la seguridad.
El contraste es evidente: mientras Milei anuncia un supuesto achicamiento del Estado, consolida áreas clave del aparato represivo, institucionalizando la vigilancia digital como política de Estado.