La firma Tech Security S.R.L., vinculada a los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, recibió una adjudicación directa del Banco Nación por $3.900 millones. Denuncian tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario público.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue denunciado penalmente por haber facilitado la adjudicación de un contrato por $3.900 millones a Tech Security S.R.L., una empresa de seguridad que estuvo a su nombre hasta diciembre de 2023 y que hoy pertenece a sus hermanos Adrián y Fernando Menem. La firma obtuvo una licitación directa del Banco Nación para brindar servicios en distintas dependencias de la entidad financiera.
La denuncia fue presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa y apunta también contra el titular del Banco Nación, Daniel Tillard, por su rol en la firma del contrato. El vínculo entre Menem y la empresa quedó documentado: hasta fines del año pasado, el diputado figuraba como accionista. Recién al asumir un rol de mayor exposición institucional, transfirió sus participaciones a sus familiares, en lo que se sospecha fue una maniobra preventiva frente a futuras incompatibilidades.
El contrato fue oficializado el 4 de julio en el Boletín Oficial, tiene una vigencia inicial de dos años y puede prorrogarse hasta 2029. La operación quedó bajo sospecha por no haberse realizado un concurso abierto ni una licitación pública. La presentación judicial menciona posibles delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La situación genera incomodidad en el propio oficialismo, no sólo por la figura de Menem, quien oficia como uno de los principales alfiles parlamentarios del presidente Javier Milei, sino también por lo que representa: un contrato millonario adjudicado en forma directa, en plena prédica libertaria contra la “casta política”.
Desde el entorno del Gobierno se evitó comentar públicamente, aunque en privado algunos funcionarios admiten que el caso recuerda al vínculo comercial entre Aerolíneas Argentinas y los hoteles de la familia Kirchner, que motivó años de causas judiciales y titulares mediáticos.
El episodio se suma a una serie de medidas económicas regresivas tomadas en nombre de la austeridad fiscal, como los recortes a jubilaciones, programas de discapacidad y partidas para el Hospital Garrahan, mientras el gasto público encuentra excepciones cuando se trata de favorecer a aliados internos.