El Gobierno modificó el régimen legal que protegía el carácter estatal de la empresa y abrió la puerta al ingreso de capitales privados. Organizaciones advierten que la medida pone en riesgo el acceso universal al agua en el AMBA.
El Gobierno nacional formalizó este martes, a través del DNU 493/2025, el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La norma no sólo habilita la venta de acciones estatales, sino que también autoriza los cortes de suministro en caso de falta de pago.
La medida fue justificada por el Poder Ejecutivo en función de “la necesidad de promover inversiones y eficiencia” en un contexto de crisis fiscal. Con la reforma, se eliminó el tope que impedía transferir más del 10% del capital accionario de la empresa, abriendo paso a una privatización total o parcial.
Según lo dispuesto, AySA podrá interrumpir el servicio por mora y usar los fondos recaudados como garantía para futuras inversiones privadas. También se le otorgan nuevas atribuciones para auditar obras e intervenir en procesos técnicos dentro del área regulada.
La iniciativa generó fuerte preocupación entre especialistas y organizaciones sociales, que advierten que el acceso al agua potable —reconocido como un derecho humano por organismos internacionales— podría quedar supeditado a criterios de rentabilidad.
“La combinación de tarifas altas y riesgo de corte del servicio es incompatible con una mirada de justicia social y equidad territorial”, señalaron desde la Fundación Agua Segura. También advirtieron que zonas vulnerables del conurbano bonaerense podrían quedar relegadas en los planes de expansión.
La modificación al decreto 304/06 implica un cambio estructural en el modelo de gestión del agua en Argentina. A partir de ahora, la lógica del mercado podrá definir no sólo cómo se presta el servicio, sino también a quiénes llega y bajo qué condiciones.