Trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial denuncian a Milei y advierten el peligro que se viene

Rechazaron el decreto que ordena su cierre y advirtieron que se trata de un “retroceso institucional” que pone en riesgo vidas. La ANSV es un organismo técnico, autofinanciado y con resultados comprobables en la reducción de la siniestralidad vial.

Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundieron un duro pronunciamiento contra el decreto 461/2025 del Gobierno nacional que ordena la disolución del organismo y la transferencia de sus funciones a Gendarmería. Aseguran que se trata de una decisión “política, legal y técnicamente errónea” que pone en riesgo vidas humanas, rompe la articulación federal en materia de seguridad vial y elimina un organismo “eficiente, autofinanciado y con resultados concretos”.

Creada por ley en 2008, la ANSV no depende del presupuesto nacional ni genera gasto fiscal, ya que se financia con el 1% de las primas de seguros. En estos años logró una fuerte reducción de la siniestralidad vial: según los datos oficiales, las víctimas fatales bajaron de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024. Solo en el último año, se realizaron 70.000 operativos y se controlaron más de 3 millones de vehículos.

Entre sus funciones, destacan los controles de alcoholemia y velocidad con tecnología homologada, el scoring nacional, la asistencia a víctimas de siniestros a través de la línea 149, y auditorías a talleres, médicos y centros de RTO.

Según denunciaron los trabajadores, la Gendarmería “no tiene formación vial, ni equipamiento propio, ni potestad legal en gran parte del país”, y su participación actual en los operativos no supera el 6%. Además, el informe en el que se basó el decreto contiene datos erróneos y tergiversaciones: “Cita normas anteriores a la creación de la ANSV, confunde roles y exagera su participación operativa”, señalaron.

“La seguridad vial no es un gasto ni una burocracia: es una política pública con resultados verificables y alineada con estándares internacionales. Es una inversión en vidas”, concluyen en el comunicado firmado por todo el personal del organismo, que cuenta con apenas 700 trabajadores en todo el país.

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