En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.

Carlos Raimundi acusó al futuro embajador norteamericano Peter Lamelas de querer hacer negocios con los recursos naturales. “Vienen por el agua para el fracking y las cripto”, alerta, porque su verdadero objetivo es quedarse con ese recurso clave de la Argentina.

El exembajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó una fuerte advertencia sobre la llegada de Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en Argentina. Según Raimundi, Lamelas no llega con fines diplomáticos sino con intereses económicos concretos: apropiarse de los recursos naturales clave del país, en especial el agua.

“Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios. Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, la inteligencia artificial y las criptomonedas”, denunció Raimundi en declaraciones a Splendid AM 990.

El excanciller criticó duramente el discurso de Lamelas ante el Senado de EE.UU., donde el designado embajador aseguró que planea “viajar por las provincias, apoyar a Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia”.

Para Raimundi, esas declaraciones son “coloniales e inaceptables”:

“Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso a intervenir en nuestra soberanía”.

Un plan para balcanizar al Estado nacional

Raimundi también alertó sobre el riesgo de una “balcanización” del país, al promover relaciones directas entre Estados Unidos y las provincias, salteando al gobierno federal:

“Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación. Es un intento de desmembrar al Estado”.

El agua en la mira: la privatización de AySA y la llegada de empresas extranjeras

La advertencia cobra especial gravedad en el marco del posible avance en la privatización de AySA, la empresa estatal que administra el agua potable en el AMBA. Raimundi vinculó esta maniobra con los intereses de Lamelas y apuntó directamente a Mekorot, la empresa estatal israelí que controla el suministro de agua en los territorios ocupados de Palestina:

“Imaginen si eso pasa acá. Mekorot hoy le corta el agua al pueblo palestino. No es una fantasía, es un riesgo real para la soberanía argentina”.

El exembajador subrayó que hay herramientas legales para frenar este intento de privatización:

“Existe un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza la mayoría estatal en AySA. Además, podría requerirse mayoría especial en el Congreso”.

Raimundi también responsabilizó al Congreso por su pasividad ante estos avances:

“Muchos legisladores aceptan estas cosas por miedo o conveniencia. Es consecuencia de una derrota cultural. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que reconstruir sentido y explicarle a cada argentino lo que está en juego”.

Finalmente, exigió una respuesta institucional clara y contundente ante las declaraciones del futuro embajador:

“Es inadmisible que un representante extranjero nos diga con quién comerciar o qué hacer con nuestra vicepresidenta. El Parlamento debe pronunciarse en bloque. Si no reaccionamos, la entrega será total”.

Y concluyó con un mensaje de esperanza:

“Esto va a cambiar cuando cambie el clima político. La gente va a volver a ver con claridad el desquicio que están haciendo con la Argentina. No tengo dudas de que va a reaccionar”.

Rechazaron el decreto que ordena su cierre y advirtieron que se trata de un “retroceso institucional” que pone en riesgo vidas. La ANSV es un organismo técnico, autofinanciado y con resultados comprobables en la reducción de la siniestralidad vial.

Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundieron un duro pronunciamiento contra el decreto 461/2025 del Gobierno nacional que ordena la disolución del organismo y la transferencia de sus funciones a Gendarmería. Aseguran que se trata de una decisión “política, legal y técnicamente errónea” que pone en riesgo vidas humanas, rompe la articulación federal en materia de seguridad vial y elimina un organismo “eficiente, autofinanciado y con resultados concretos”.

Creada por ley en 2008, la ANSV no depende del presupuesto nacional ni genera gasto fiscal, ya que se financia con el 1% de las primas de seguros. En estos años logró una fuerte reducción de la siniestralidad vial: según los datos oficiales, las víctimas fatales bajaron de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024. Solo en el último año, se realizaron 70.000 operativos y se controlaron más de 3 millones de vehículos.

Entre sus funciones, destacan los controles de alcoholemia y velocidad con tecnología homologada, el scoring nacional, la asistencia a víctimas de siniestros a través de la línea 149, y auditorías a talleres, médicos y centros de RTO.

Según denunciaron los trabajadores, la Gendarmería “no tiene formación vial, ni equipamiento propio, ni potestad legal en gran parte del país”, y su participación actual en los operativos no supera el 6%. Además, el informe en el que se basó el decreto contiene datos erróneos y tergiversaciones: “Cita normas anteriores a la creación de la ANSV, confunde roles y exagera su participación operativa”, señalaron.

“La seguridad vial no es un gasto ni una burocracia: es una política pública con resultados verificables y alineada con estándares internacionales. Es una inversión en vidas”, concluyen en el comunicado firmado por todo el personal del organismo, que cuenta con apenas 700 trabajadores en todo el país.

Un informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

Un nuevo informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar dirigida por el analista Daniel Schteingart, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

La situación es especialmente grave entre los asalariados: el 36% trabaja sin estar registrado, es decir, sin aportes a la seguridad social ni acceso a derechos laborales básicos como cobertura médica, jubilación o licencias. Si se suman los trabajadores independientes en situación informal (como feriantes, vendedores ambulantes o albañiles no inscriptos en el monotributo), el panorama es aún más preocupante.

Desigualdad regional: el Norte Grande, más afectado

La informalidad no impacta de forma homogénea en todo el país. Las provincias del Norte Grande, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, registran los peores indicadores, con más del 50% de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con baja industrialización y economías centradas en el agro o el trabajo informal, enfrentan mayores obstáculos para la creación de empleo formal.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se ubica en un punto intermedio dentro del ranking nacional.

El empleo formal, estancado; crecen las “changas” y el cuentapropismo informal

A pesar de ciertos indicadores positivos en materia salarial, el empleo formal en Argentina se encuentra estancado, según el especialista en mercado laboral Luis Campos, quien advirtió que “no se pierden puestos, pero tampoco se crean”.

Tras un 2024 marcado por la destrucción de miles de empleos, el mercado laboral muestra señales de precarización: aumentan las changas, los empleos informales y el cuentapropismo sin aportes previsionales, incluso entre personas que mantienen un empleo formal pero necesitan ingresos extra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera logran cubrir el costo del monotributo.

Expertos coinciden en que sin crecimiento sostenido no habrá mejoras reales en la calidad del empleo, pero también subrayan que el crecimiento por sí solo no alcanza. Se requiere una reforma integral del sistema tributario, políticas activas que incentiven la registración laboral y fortalecimiento institucional para garantizar derechos y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está ultimando los detalles de su visita a nuestro pais para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, seria hacia fines de agosto, según publicaron hoy distintos medios de Israel.

En un contexto de creciente indignación global frente a lo que múltiples organismos internacionales, gobiernos y organizaciones humanitarias —incluidas algunas israelíes— ya califican abiertamente como un genocidio en la Franja de Gaza, el presidente argentino Javier Milei se alista para recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia fines de agosto.

La visita, según confirmaron medios israelíes como Times of Israel y la emisora pública Kan, estaría en proceso de organización avanzada y se presenta como una “devolución de gentilezas” tras el reciente viaje de Milei a Israel, donde ratificó su alineamiento incondicional con el gobierno israelí y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El aliado de Milei con orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Sin embargo, Netanyahu no llega como un líder cualquiera. Sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la actual ofensiva en Gaza, en la que, según informes recientes, más de 58 mil personas han muerto y más de 139 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

A esta tragedia se suma el colapso total del sistema de salud, la destrucción de infraestructura civil y la imposición de un bloqueo alimentario que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Marco Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), ha colocado a Gaza en “el peor escenario de hambruna en este siglo”, comparable con los desastres humanitarios de Etiopía o Biafra.

Incluso dentro de Israel, organizaciones como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusan abiertamente a Netanyahu de liderar “acciones sistemáticas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina” y califican la ofensiva como un acto de genocidio.

Pese a todo esto, y mientras 27 países —incluidos Francia, Italia y el Reino Unido— junto con Brasil y Sudáfrica exigen un alto al fuego y acusan formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno argentino ha optado por profundizar su alianza política con un mandatario señalado por la justicia internacional.

La visita de Netanyahu, de concretarse, lo convertiría en el primer jefe de Estado con orden de arresto por crímenes de guerra recibido oficialmente por la Casa Rosada en tiempos democráticos recientes.

En una región y un mundo cada vez más conmovidos por las imágenes de niños esqueléticos, periodistas muriendo de hambre y poblaciones enteras atrapadas bajo fuego, la recepción a Netanyahu por parte de Milei no sólo representa un alineamiento político: también implica una toma de posición frente a las normas del derecho internacional humanitario y los valores universales de los derechos humanos.

“Sería muy difícil que esto se concrete en menos de un año”, aseguró la propia secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem tras reunirse con el presidente.

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes la firma de una declaración de intención con Estados Unidos para que Argentina vuelva a integrar el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), que permitiría a los argentinos ingresar al país norteamericano por hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Sin embargo, lo que el oficialismo presentó como un avance inmediato es, en realidad, un proceso que recién podría completarse dentro de al menos 12 meses.

La propia secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, fue quien puso paños fríos al entusiasmo oficial: “Sería muy difícil que esto se concrete en menos de un año”, dijo tras la reunión en Casa Rosada. Incluso señaló que no recuerda un solo caso en el que un país haya sido incorporado al programa en un plazo más corto. El anuncio, entonces, no implica un cambio real ni inmediato en los requisitos migratorios para los argentinos.

Lo que se firmó es una declaración preliminar que da inicio a un proceso técnico y diplomático que incluye una serie de requisitos exigentes: desde una baja tasa de rechazo de visas hasta la implementación de sistemas de información biométrica, acuerdos de intercambio de datos criminales y capacidad de repatriación. Recién cuando esos estándares sean cumplidos y validados por EE.UU., el país podrá volver a ser parte del programa.

Desde el gobierno argentino admitieron que el objetivo es que la medida esté vigente antes del Mundial 2026, evento que se celebrará parcialmente en Estados Unidos y que podría atraer a miles de turistas argentinos. Mientras tanto, todo sigue igual: quienes deseen viajar al país norteamericano deberán tramitar la visa B1/B2, que actualmente tiene un costo de 435 dólares.

En resumen, el anuncio del gobierno no modifica en lo inmediato las condiciones de ingreso a EE.UU., y lo firmado no es más que un compromiso a trabajar en esa dirección. La “visa libre” que muchos argentinos interpretaron como un beneficio ya concedido es, por ahora, solo una promesa a futuro cuya concreción dependerá del cumplimiento de exigencias bilaterales y del visto bueno de Washington.