Aunque todavía no puede ser demandado por ser presidente, la justicia estadounidense ya dejó claro que sin su participación, el escándalo de $LIBRA no habría existido.
La ampliación de una demanda colectiva presentada en Nueva York contra los creadores del token $LIBRA puso al presidente Javier Milei en el centro de una estafa multimillonaria que perjudicó a más de 40.000 inversores. En el escrito judicial, el nombre del mandatario aparece al menos 19 veces, y también se menciona a su hermana y secretaria general, Karina Milei, como facilitadora de los encuentros entre el empresario cripto Hayden Davis y el jefe de Estado. Aunque la causa no puede dirigirse formalmente contra Milei por su inmunidad como presidente, los demandantes afirman que su rol fue determinante.
“Fue un fraude público extraordinario”, afirman los abogados que representan a los estafados, y señalan como elemento clave el posteo de Milei en redes sociales el 14 de febrero de 2025. En ese mensaje, el Presidente vinculó a $LIBRA con un supuesto proyecto de inversión para fomentar la economía argentina, lo que, según la presentación, generó una ola de confianza entre miles de inversores que luego lo perdieron todo. “Creyeron que existía un proyecto legítimo respaldado por su gobierno”, afirman los demandantes.
Hayden Davis, principal acusado junto al ex CEO de Meteora Benjamin Chow, alardeó ante otros empresarios de “tener control sobre Milei” y ser capaz de negociar cualquier acuerdo a través de él. En mensajes privados filtrados a la prensa, llegó a afirmar: “Le mandé dinero a la hermana y él firma todo lo que yo digo”. En la demanda también se cita un brindis de Davis en el Four Seasons tras una visita a la Casa Rosada, celebrando un supuesto acuerdo con el Presidente argentino.
El documento judicial detalla cómo Davis y Chow diseñaron un esquema para quedarse con más del 95% de los tokens en circulación, inflar artificialmente su precio, y luego venderlos rápidamente al público. El resultado fue un colapso total de $LIBRA en cuestión de horas. Los acusados se habrían alzado con cientos de millones de dólares, mientras los inversores quedaron con las manos vacías. Nunca existió ninguna inversión en emprendimientos argentinos, como había sugerido el gobierno.
La acusación en EE.UU. se basa en la Ley RICO, una norma utilizada para perseguir redes criminales organizadas. Esta herramienta legal —invocada irónicamente en Argentina por la propia Patricia Bullrich— describe una “empresa criminal” con planificación empresarial. Según los denunciantes, Davis y Chow actuaron con una estrategia minuciosa de fraude financiero, respaldados en imagen por la figura presidencial de Milei.
La jueza Jennifer Rochon convocó una audiencia clave para el 19 de agosto, donde podría avanzar el reconocimiento formal de la demanda colectiva. Mientras tanto, la justicia argentina sigue sin moverse: en Comodoro Py, la causa avanza a paso lento, sin indagatorias ni definiciones, pese a las pruebas acumuladas. En ambos países, sin embargo, crece la presión sobre el Presidente, señalado por los inversores como la pieza central de una estafa que pudo evitarse.