El Presidente aseguró que detrás de la suba del dólar hay una confabulación liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y secundada por el kirchnerismo y el sistema bancario.

La disparada del dólar de las ultimas jornadas volvió a poner en evidencia la inestabilidad económica que atraviesa el país, pero también provocó un estallido de furia por parte del presidente Javier Milei, quien responsabilizó a aliados, opositores y referentes internacionales en un discurso cargado de acusaciones, desconfianza y enojo.

Durante una entrevista radial y en una exposición en el canal Neura, el mandatario buscó minimizar la corrida cambiaria con gráficos y explicaciones técnicas en un estado de notable nerviosismo, pero terminó perdiendo los estribos. Su blanco principal fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de ser la responsable directa de la escalada del dólar por haber habilitado la sesión del Senado en la que la oposición logró revertir vetos clave y avanzar en iniciativas contra el ajuste oficial.

Además de culpar a Victoria Villarruel por la suba del dólar, Milei también responsabilizó al premio nobel de economía, Joseph Stiglitz pic.twitter.com/GmPKlin0dn

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“La traidora generó ruido y habilitó una corrida”, lanzó Milei, visiblemente alterado, al referirse a Villarruel. Consideró que su accionar fue “un ataque” al Gobierno y lo vinculó directamente con la caída en la demanda de dinero: “Lo hace justo cuando estamos mudando el balance del Banco Central”.

Milei fue más allá: calificó la sesión legislativa como “una estafa” y acusó a Villarruel de haber sido “cómplice” de una maniobra que puso en riesgo el equilibrio fiscal. “En ese mes se armó un bolsón de liquidez. Y en ese mes, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso habilitó una corrida. Un ataque especulativo”, insistió.

Javier Milei ahora culpó a "la traidora" Victoria Villarruel por el aumento del dólar: "Habilitó una corrida" pic.twitter.com/gRlgjakSUn

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Continuando con la búsqueda de chivos expiatorios, el Presidente también dirigió sus ataques al kirchnerismo, al que acusó —sin ofrecer pruebas— de “jugar sucio” y promover un colapso económico. Y sumó a la lista de enemigos al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, luego de que este advirtiera que el acuerdo con el FMI dejaría a la Argentina “a las puertas de otra crisis”.

“Mandaron a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis”, dijo Milei, en una declaración que expone el tono virulento con el que enfrentó las críticas y el contexto adverso.

Pero la catarata de acusaciones no terminó allí. También apuntó contra el sistema financiero, y en particular, contra “dos bancos” que —según él— están involucrados en una operación para desestabilizar su plan económico. Afirmó que tras la eliminación de las LEFI, algunos sectores “dinamizaron una corrida” y denunció una presunta alianza entre entidades bancarias y dirigentes opositores.

“Están armando una operación para hacernos fracasar”, aseguró en diálogo con Radio Mitre, y calificó la nueva ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso como “golpista” y “desestabilizadora”.

El estallido emocional de Milei refleja la tensión extrema dentro del propio oficialismo y pone en evidencia la creciente fragilidad política de su gestión, justo cuando la economía muestra signos crecientes de desconfianza.

En medio de una nueva disparada del dólar que puso al Gobierno contra las cuerdas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a intervenir: aprobó la primera revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina y autorizó el giro inmediato de USD 2.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

El Directorio del organismo se reunió este jueves para debatir el desempeño del programa, y aunque marcó el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), consideró que la implementación del plan económico fue “sólida”. Según el comunicado oficial, se valoraron las políticas “adecuadamente restrictivas” aplicadas por el Gobierno de Javier Milei, que facilitaron —según el Fondo— una transición hacia un régimen cambiario más flexible.

El desembolso aprobado equivale a 1.529 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), elevando el total transferido bajo el acuerdo a unos USD 14.000 millones. El programa, de 48 meses de duración, contempla un acceso total de USD 20.000 millones.

Incumplimientos y advertencias

Si bien se incumplió la meta de acumulación de divisas a mediados de junio, el FMI destacó que se cumplieron otros criterios clave y que se adoptaron medidas correctivas. Aún resta confirmar si el organismo otorgó un “waiver” (exención) por esa falta, algo que se sabrá una vez se publique el informe técnico (“staff report”), previsto para este viernes, también alertó por la persistencia de tasas de interés elevadas.

Dólar, reservas y reformas

Georgieva también advirtió sobre la necesidad de preservar la flexibilidad cambiaria y continuar reconstruyendo reservas internacionales. En un llamado a la prudencia, señaló que se requiere una mayor claridad sobre el régimen monetario a mediano plazo y pidió continuar optimizando la gestión de liquidez para mitigar la volatilidad financiera.

Finalmente, la titular del FMI instó a avanzar en una reforma laboral, atraer inversiones extranjeras y profundizar la desregulación económica. En un contexto de alta fragilidad, destacó que será clave sostener el consenso político y social alrededor del programa económico con medidas focalizadas de contención social

El abogado es uno de los querellantes en la causa en Estados Unidos contra el presidente Javier Milei y su hermana por la megaestafa con criptomonedas.

Juan Grabois se presentó como querellante ante la justicia de los Estados Unidos y presentó un dato clave contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que podría comprometerla en la causa por la megaestafa de $LIBRA, que le hizo perder sus fondos a cientos de inversionistas en el mercado de las criptomonedas.

“Cuando surge esta estafa tuvimos la iniciativa de convocar a todas las personas que habían sido estafadas, entre ellas hay cuatro argentinos que fueron estafados por Milei, que confiaba y lo respetaban y que perdieron sus ahorros“, reveló Juan Grabois este jueves, durante una comunicación con el programa “De Una”, por C5N.

“Nos presentamos como querellantes, tenemos acceso al expediente y pedimos medida de prueba que, para mi sorpresa, el fiscal (Eduardo) Taiano lo hizo: ha secuestrado material informático, digital, pidió informes a los hoteles en los que hicieron las reuniones en los que Karina recibió las valijas“, reveló el abogado y dirigente social, que es abiertamente opositor a Javier Milei en lo político.

“También pudimos transferir parte de esa información a uno de los abogados que está en Estados Unidos, en una ‘class action’, que es una acción colectiva de muchos damnificados que es civil y penal al mismo tiempo. Están hasta las manos porque hay varios delitos”, agregó.

Juan Grabois confirmó que busca hacer foco “particularmente en el delito de tráfico de influencias, que es Karina Milei con los empresarios, vendiendo reuniones con el Presidente para hacer negocios privados”.

Las reuniones en Casa Rosada entre Javier Milei y Hayden Davis, uno de los acusados del escándalo de las criptomonedas, habrían sido orquestadas de esta manera, y su organización ya figura en la causa tramitada en Estados Unidos.

Grabois también tiene su interés en las “negociaciones incompatibles con la función publica, que ya está probado: es el tuit del Presidente que la propia jueza norteamericana dice que fue condición sine qua non para que se configure la estafa, no se podría haber hecho sin ese tuit“.

El tuit en cuestión fue publicado el 14 de febrero pasado por el presidente Javier Milei en su perfil de X, aunque después lo borró para evitar recibir más comentarios sobre la desastrosa inversión en criptomonedas que “difundió” sin promocionar, como quiso instalar su defensa.

“El tercer delito es la estafa en sí misma”, siguió Juan Grabois: “decir que vas a invertir en la producción de la Argentina y en realidad no estás comprando un activo, sino un jarrón roto, algo que al día siguiente no va a valer nada y perdiste toda tu plata”, resaltó.

“Karina Milei está imputada y es la que más complicada está porque Milei tiene sus fueros, ella no. Tranquilamente podría estar en prisión preventiva“, sentenció el abogado.

A través de un proyecto presentado en el Congreso, legisladores de izquierda buscan impedir una eventual visita del primer ministro israelí, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes en la Franja de Gaza.

El bloque del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige rechazar cualquier visita oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien enfrenta órdenes de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La iniciativa, firmada por los diputados Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, califica a Netanyahu como “persona no grata” y solicita al Ejecutivo cortar vínculos diplomáticos, comerciales y políticos con Israel.

El texto se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que responsabilizan al mandatario israelí por su accionar durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. En ese contexto, el FIT reclama la “inmediata ruptura de relaciones” con el Estado israelí hasta que finalicen las acciones de ocupación y exterminio.

“Estamos ante un gobierno genocida que lleva adelante una limpieza étnica. La Argentina no puede prestarse a legitimar esa visita”, sostuvo el diputado Giordano, quien también acusó al presidente Javier Milei de alinearse con un Estado que promueve la guerra y el hambre.

Por su parte, Mercedes De Mendieta advirtió que la política exterior del actual gobierno “nos pone en riesgo” y llamó a sumarse a la campaña internacional por una Palestina libre.

El proyecto incluye referencias a denuncias realizadas por organizaciones israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que documentaron el uso del hambre como arma de guerra, la destrucción sistemática de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Desde el FIT sostienen que impedir la entrada de Netanyahu al país no solo es una toma de posición frente al conflicto, sino también un gesto de soberanía y coherencia frente a las normas del derecho internacional.

Los contratos de alquiler que siguen vigentes bajo la ley anterior actualizan cada tres meses con el índice ICL, que combina inflación y salarios. El resultado: subas del 11,2% trimestral frente a una inflación del 6%.

Los inquilinos con contratos firmados entre julio de 2020 y octubre de 2023 enfrentan incrementos por encima del promedio inflacionario, producto de la fórmula mixta que regula sus actualizaciones. En el trimestre abril-julio de 2025, el Índice para Contratos de Locación (ICL) arrojó un aumento del 11,20%, mientras que el índice de inflación acumulada fue del 6,0%.

El ICL, utilizado en contratos amparados por la derogada Ley 27.551, combina en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En un contexto de salarios que suben por decreto o por inflación pasada, esta fórmula se vuelve más gravosa para quienes alquilan, incluso en períodos de desaceleración de precios.

Un ejemplo práctico: un alquiler de $700.000 ajustado por IPC puro aumentaría a $742.000 tras un trimestre; con el ICL, el mismo contrato sube a $778.400. La diferencia se multiplica al cabo de un año, generando una presión que afecta directamente la economía de los hogares.

En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL registraron una suba anual del 190,69%, levemente por debajo del IPC del mismo período, que fue del 193%. Sin embargo, esta cercanía es engañosa: la fórmula mixta puede funcionar como un “piso móvil” en meses de inflación moderada, dificultando previsibilidad y negociación.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU presidencial, los nuevos contratos no están obligados a usar ninguna fórmula específica. Aun así, el ICL sigue siendo una opción vigente para los acuerdos privados, con ajustes que pueden pactarse en forma trimestral, cuatrimestral o semestral.

Los datos oficiales muestran que cuanto más espaciada es la actualización, mayor es el salto:

• Trimestral: 11,20%
• Cuatrimestral: 13,96%
• Semestral: 20,60%

Aunque la inflación interanual muestra una desaceleración respecto del pico del 265% en julio de 2024 (pasó al 116,85% en abril de 2025), la carga que implica el ICL sigue siendo superior a la inflación corriente.

La paradoja del sistema mixto es que, al incorporar salarios —que en teoría deberían reflejar capacidad de pago— termina imponiendo subas más duras, en un país donde los ingresos corren siempre por detrás del costo de vida.

María Eugenia Vidal, cruzó con todo a Javier Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente” pero reconoció que el PRO le votó todas las leyes y volvería a hacerlo.

En plena puja por el armado de listas y con el tablero político en plena ebullición, la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal reapareció en la escena con fuertes críticas al presidente Javier Milei. En una entrevista con La Voz del Interior, lanzó una de las frases más duras contra el discurso libertario: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente”.

Vidal advirtió sobre la política fiscal “eso no alcanza” y apuntó directamente al costo social del programa económico de Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo cargó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario”, disparó.

Vidal bancó el ajuste del gobierno: “lo volvería a hacer”

Su intervención no pasó desapercibida no sólo por el contenido, sino por el contexto: se produce mientras su partido, el PRO se debate por su existencia política y su relación con el oficialismo. Pese a sus críticas, Vidal ratificó el respaldo que su espacio le dio a La Libertad Avanza en 2023: “Acompañamos a LLA porque la Argentina estaba en una situación crítica. Lo volvería a hacer”.

Dice María Eugenia Vidal que la gente se está cagando de hambre gracias a que ella y sus compañeros del PRO le votaron todas las leyes a Milei. En serio lo dice, escuchen hasta el final porque no se puede creer.pic.twitter.com/tplZqch5bp

— PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) July 30, 2025

También dejó una frase que apunta al descrédito institucional: “Me da vergüenza el Congreso”, dijo, al tiempo que remarcó que en las elecciones de octubre “no sólo elegimos partidos, sino personas”.

La reaparición de Vidal, con un tono más confrontativo pero contradictorio y sin romper con el oficialismo, deja en evidencia las tensiones internas dentro del PRO y la compleja relación que muchos de sus dirigentes mantienen con el Gobierno libertario: cuestionan el rumbo, pero siguen acompañando las leyes clave.

El acuerdo de Milei con el gobierno de Donald Trump implicaría que agentes estadounidenses realicen los controles en Argentina.

Bajo el pretexto de facilitar los viajes de argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa, el gobierno de Javier Milei impulsa un acuerdo con la administración de Donald Trump que podría implicar una cesión sin precedentes de soberanía nacional: permitir que agentes migratorios y aduaneros estadounidenses operen directamente en territorio argentino.

El gobierno libertario anunció con entusiasmo el inicio del proceso para reingresar al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), del cual Argentina formó parte brevemente en los años 90 en el marco de las relaciones carnales del menemismo. Sin embargo, lo que no se transparenta es que uno de los requisitos centrales para volver a integrar este programa es aceptar que personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se instale en el país para realizar controles migratorios previos a la salida de viajeros.

Esta medida ya ha sido rechazada por otros países de la región, como México, por considerarla una violación directa a su soberanía. En ese caso, el gobierno mexicano se negó a permitir la instalación de puestos del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), justamente porque implicaba que funcionarios extranjeros actuaran con autoridad dentro de sus fronteras.

En cambio, la administración Milei parece dispuesta a ceder ante estas presiones, incluso cuando las implicancias de seguridad y autonomía son gravísimas. De concretarse, sería la primera vez que agentes migratorios de una potencia extranjera operen en suelo argentino con capacidad de control y decisión sobre ciudadanos locales y extranjeros.

Además de los aspectos simbólicos y políticos, existen también cuestionamientos técnicos y legales. El sistema argentino de documentación para inmigrantes ha sido señalado como “laxo” por funcionarios estadounidenses, lo que supone una presión adicional para endurecer normativas internas según estándares ajenos.

La foto de Milei montando a caballo junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., puede parecer pintoresca, pero detrás de esa imagen se esconde una negociación que podría colocar al país en una posición de subordinación inédita. Lo que se presenta como una “facilidad” migratoria, en realidad podría ser la puerta de entrada para la intervención directa de agencias estadounidenses en funciones que competen exclusivamente al Estado argentino.

El acuerdo, aún en etapa de evaluación, será revisado por Stephen Miller, figura clave en la política antiinmigratoria de Trump, y quien no ha ocultado su intención de endurecer al máximo las condiciones para países que busquen ingresar al VWP.

Aceptar este tipo de condiciones no sólo compromete la autonomía nacional, sino que sienta un precedente alarmante sobre el alcance que podrían tener agentes extranjeros en asuntos internos. Lo que está en juego va mucho más allá de la eliminación de una visa: es la capacidad de un país de decidir soberanamente sobre quién actúa dentro de sus fronteras.

El mercado de futuros del dólar está desbordado y expone los límites de la estrategia oficial. Los contratos con vencimiento en diciembre ya tocaron el techo de la banda, a pesar de que el Banco Central viene ofreciendo posiciones a precios artificialmente bajos —incluso por debajo del dólar contado— en un intento desesperado por calmar las expectativas. Pero el termómetro del mercado marca otra cosa: desconfianza.

Entre abril y mayo, el BCRA pasó de no tener prácticamente exposición en futuros a cerrar mayo con una posición vendedora de casi USD 1.950 millones. Y para fines de julio, analistas de la City estiman que ese número ya se duplicó, superando los USD 4.000 millones. Una aceleración que revela el nivel de tensión cambiaria y la falta de herramientas genuinas para controlarla.

El problema es que esta maniobra no sale gratis. Con tasas implícitas negativas, cada salto del tipo de cambio obliga al Banco Central a pagar la diferencia en pesos. En otras palabras, se compromete a emitir si el dólar sube. El ejemplo es sencillo pero alarmante: si el Central vende a $1.290 y el oficial cierra a $1.300, debe poner $10 por contrato. Y con un vencimiento fuerte como el de julio en el horizonte inmediato, el riesgo de emisión se vuelve inminente.

El Gobierno apuesta a contener la presión cambiaria con parches financieros que solo ganan tiempo, pero no despejan las dudas de fondo. La gran pregunta —sin respuesta hasta ahora— es de dónde saldrán los pesos para enfrentar esos pagos, si no es con más emisión y, por lo tanto, más inflación. La fragilidad del esquema económico vuelve a quedar expuesta.

La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

Una profunda crisis se desató en el Hospital Naval Buenos Aires tras el anuncio de la disolución del convenio que lo sostiene desde hace más de tres décadas. La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

El conflicto estalló luego de que se confirmara que el convenio entre la Armada y la Fundación de Sanidad de la Armada (FUSANA), vigente desde 1991, se dará por terminado el próximo 31 de diciembre. Esta medida, que afecta a médicos, enfermeros y personal administrativo, generó una inmediata respuesta sindical: la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro general en defensa del hospital y los puestos de trabajo.

Desde la conducción gremial advierten que la intención detrás del vaciamiento es clara: “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera”, sostuvo Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT. La preocupación crece ante la posibilidad de que el Estado no garantice la continuidad laboral, ni respete la antigüedad ni el convenio colectivo vigente.

Aunque voceros de la Armada niegan que se trate de un cierre o una privatización, diversas fuentes internas señalan que ya se baraja la posibilidad de ceder la gestión del hospital a una empresa privada, y que si no se consigue ese gerenciamiento, el hospital directamente cerraría sus puertas a fin de año. “Si no lo gerencian, se cierra”, fue la frase tajante de un funcionario naval.

El Hospital Naval alberga una infraestructura crítica: 350 camas de internación, 10 quirófanos, laboratorios y consultorios de 39 especialidades. Su cierre implicaría una grave pérdida para el sistema de salud no solo militar, sino también civil, ya que brinda servicios a otras obras sociales además de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.

Este nuevo conflicto se suma al complejo escenario que atraviesa IOSFA, que acumula una deuda superior a los $160.000 millones y una sucesión de renuncias en su dirección. La obra social, tercera más grande del país, se encuentra envuelta en una crisis de cobertura que ya afecta a cientos de miles de afiliados con recortes en medicamentos, tratamientos y estudios.

Referentes gremiales y del sector salud denuncian que se está llevando adelante un proceso de vaciamiento deliberado, con fines privatizadores. De concretarse, se perdería una institución histórica fundada en 1946, dejando a miles de pacientes sin atención y a cientos de familias sin sustento.

El tipo de cambio oficial dio un salto de $25 este miércoles y cerró a $1.325 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que volvieron a aflorar las dudas del mercado sobre la política monetaria y cambiaria del Gobierno. La suba se produjo a pesar de que el equipo económico convalidó una tasa efectiva anual del 65% en su intento por absorber más de $9 billones en pesos que circulan en la plaza financiera.

En el segmento mayorista, que suele funcionar como referencia para el resto de las cotizaciones, el dólar también mostró un fuerte movimiento alcista y terminó en $1.315 por unidad. Las intervenciones del Banco Central en los contratos de futuros, combinadas con una política de tasas altas, habían logrado contener la escalada el martes. Sin embargo, ese freno resultó efímero.

El dólar blue, en cambio, se mantuvo sin cambios en $1.320, mientras que las cotizaciones bursátiles acompañaron con subas más moderadas: el MEP avanzó 0,1% hasta los $1.297,58, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.297,53. A pesar de las maniobras oficiales, los tipos de cambio paralelos siguen reflejando la incertidumbre que atraviesa al mercado.