El presidente Javier Milei enfrenta una demanda por compartir en redes un mensaje ofensivo contra Ian Moche, un niño autista activista. Su defensa basada en la “libertad de expresión” profundiza la polémica sobre el uso del poder presidencial para atacar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El presidente Javier Milei enfrenta una demanda judicial tras compartir en sus redes sociales un tuit ofensivo contra Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que se convirtió en un referente activista por los derechos de las personas neurodivergentes.
En su defensa, Milei sostuvo que el reposteo fue una “acción privada” amparada por la libertad de expresión y negó que se tratara de un acto oficial o un ataque al honor del menor. Además, argumentó que la condición de niño y activista no lo exime de ser una figura pública sobre la cual se pueden emitir opiniones.
Sin embargo, la familia de Ian Moche denunció que el presidente violó el principio del interés superior del niño y presentó una demanda que denuncia la amplificación y legitimación de un mensaje ofensivo y discriminatorio. La presentación subraya que la acción presidencial no sólo afecta la integridad emocional del menor, sino que también contribuye a reforzar estigmas y promueve un trato desigual y denigrante, violando tratados internacionales y la Constitución Nacional.
La gravedad de que un mandatario utilice su altavoz público para atacar a un niño con discapacidad pone en cuestión no sólo la sensibilidad política, sino también la responsabilidad ética que debería guiar su gestión. En lugar de proteger y fomentar la inclusión, Milei eligió profundizar la estigmatización y el discurso de odio contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Mientras la justicia avanza con la causa, queda claro que el presidente prioriza un discurso confrontativo y divisivo antes que el respeto a los derechos humanos fundamentales. La sociedad exige un límite ético ineludible, sobre todo cuando se trata de la protección de la niñez y la diversidad.