El Ejecutivo nacional impulsa la recusación del magistrado federal Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo adulterado, argumentando un conflicto de intereses por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. La medida llega con la cifra de víctimas en ascenso y críticas sobre la respuesta oficial.
El Gobierno confirmó este jueves que solicitará el apartamiento del juez Kreplak de la causa que investiga el fallecimiento de 97 personas por consumo de fentanilo contaminado. Según la Casa Rosada, la relación del magistrado con su hermano Nicolás Kreplak —titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires— compromete la imparcialidad del proceso, ya que uno de los laboratorios bajo sospecha es proveedor de esa jurisdicción.
La decisión coincide con cuestionamientos de la oposición por la lentitud de las pericias y la posibilidad de que la tragedia tenga un alcance mayor al registrado oficialmente. Legisladores del PRO habían reclamado desde el inicio que el magistrado fuera reemplazado. “No podía investigar a su propio hermano”, sostuvo el diputado Alejandro Finocchiaro.
Mientras tanto, la investigación avanza en distintos frentes. El juzgado ordenó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para determinar la fuente de la contaminación. Además, se analizan posibles casos en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que podría ampliar la magnitud de la crisis sanitaria.
La actuación de la ANMAT también quedó bajo revisión judicial por presuntas fallas de control sobre los laboratorios implicados en los últimos cinco años. Desde el sector empresarial, los dueños de HLB Pharma y otras firmas imputadas plantean la hipótesis de un sabotaje, señalando incluso a actores políticos, aunque esa línea de investigación no cuenta por ahora con respaldo probatorio.
En este contexto, el eventual desplazamiento del juez abre un nuevo capítulo en un expediente que ya combina un escenario de emergencia sanitaria con un alto voltaje político y judicial.