La liberalización de precios en la medicina privada y la crisis financiera de las obras sociales dejaron a la mayoría de los afiliados sin acceso pleno a las prestaciones esenciales. Expertos advierten que la falta de un piso uniforme de cobertura profundiza las desigualdades en el sistema.
El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado hace más de tres décadas para garantizar un estándar mínimo de prestaciones de salud, atraviesa su mayor crisis desde su implementación. La desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei a fines de 2023 desató un alza acelerada en las cuotas de la medicina prepaga, la fragmentación de planes y la aplicación generalizada de copagos. Paralelamente, las obras sociales sindicales enfrentan un déficit estructural que impide sostener el nivel de servicios establecido por la norma.
Según datos del sector, solo el 19% de los beneficiarios recibe actualmente una cobertura ajustada al costo real del PMO. El resto depende de entidades con ingresos insuficientes, lo que limita el acceso a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales. “Sin un piso común, tendremos un sistema con ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Juan Manuel Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica.
En el ámbito privado, las empresas de medicina prepaga aprovecharon la liberalización para rediseñar sus planes y segmentar coberturas. Esto derivó en esquemas con cuotas base más bajas, pero con copagos variables que, en algunos casos, alcanzan el 100% de determinados tratamientos. El valor de un plan oscila hoy entre $80.000 y $200.000 mensuales por persona, con opciones “low cost” desde $50.000, pero con prestaciones restringidas.
La situación se replica en especialidades como la oftalmología, donde el PMO contempla únicamente intervenciones para patologías graves, dejando afuera controles rutinarios o tratamientos frecuentes. “No es un problema solo técnico, es una cuestión ética: se trata de garantizar salud como derecho efectivo”, remarcó Ibarguren.
Mientras tanto, la experiencia internacional muestra que países como Suiza, Francia o Reino Unido actualizan de manera periódica su cobertura básica, la financian con criterios solidarios y limitan los copagos a prestaciones de alta complejidad, garantizando así un acceso equitativo y sostenible para toda la población.