El fallo advierte que dichas medidas “implican una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 en los artículos que permitían interrumpir el servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.

En su resolución, la magistrada subrayó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Consideró “improcedente” el cese del suministro cuando la mora obedezca a situaciones de vulnerabilidad social o afecte a adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y ordenó restablecer el servicio en caso de que ya se hubiera interrumpido.

La acción judicial fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones que habilitaban los cortes tras 60 días de mora en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales. Forns advirtió que dichas medidas implican “una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

En el fallo, la jueza citó instrumentos internacionales como la resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También recordó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe el uso abusivo de la facultad de suspender el suministro de agua.

La decisión judicial, que regirá hasta que se dicte sentencia definitiva, constituye un freno a la política oficial de mercantilización de servicios esenciales, preservando el carácter fundamental del acceso al agua como derecho humano.

La Libertad Avanza oficializó la candidatura de José Luis Espert como cabeza de lista bonaerense, en una jugada que refuerza el armado político de Javier Milei en el distrito más grande del país.

La Libertad Avanza confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. El anuncio fue realizado por Sebastián Pareja, referente bonaerense del espacio, quien lo presentó como “la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

La definición responde a un pedido directo de Javier Milei, quien busca consolidar su alianza con el economista liberal y potenciar su armado en el principal distrito electoral del país. La decisión se dio a pocos días del cierre de listas, en medio de intensas negociaciones por los demás lugares de la nómina.

Pareja adelantó que el segundo lugar será ocupado por una mujer, cuyo nombre aún no fue confirmado, y que también podrían sumarse referentes del PRO como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. El plazo para la presentación formal de candidatos vence el 17 de agosto, lo que acelera las definiciones dentro del espacio libertario.

Con Espert a la cabeza, La Libertad Avanza busca disputar con fuerza el voto opositor y consolidarse como la principal alternativa al kirchnerismo en Buenos Aires. El economista ya había manifestado su apoyo al rumbo económico del Gobierno y su intención de impulsar reformas estructurales desde el Congreso.

El distrito bonaerense concentra más del 40 % del electorado nacional, por lo que esta jugada representa un paso clave en la estrategia de Milei para ampliar su influencia y fortalecer su presencia legislativa. La campaña promete ser intensa y marcada por un discurso de confrontación con la oposición tradicional.

El cantautor estalló contra Nicolás Márquez —amigo y ideólogo del presidente— luego de que éste sembrara dudas sobre la denuncia de Julieta Prandi. Ortega lo confrontó por Instagram, y expuso que Márquez enfrenta antiguas acusaciones graves y se ampara en privilegios políticos.

Emanuel Ortega no se quedó callado. El cantante disparó con todo en sus redes sociales tras las polémicas declaraciones de Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Javier Milei, quien puso en duda la denuncia por abuso sexual de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

En un mensaje cargado de furia, Ortega respondió desde su cuenta de Instagram: “No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia”. Lo acusó además de difundir opiniones “alarmantemente retrógradas, machistas y repugnantes” que, en sus palabras, solamente evidencian “su enanismo intelectual”.

Márquez no es una figura cualquiera. Es escritor y abogado; se mueve en los círculos más cercanos a Milei y representa la “batalla cultural” de su espacio político. Ha sido denunciado —aunque el caso fue archivado— por abuso sexual contra su propia hija, cuando la menor tenía apenas tres años.
También ha sido protagonista de polémicas tras impartir clases homofóbicas y atribuir características discriminatorias a la homosexualidad.

La bronca de Ortega no es gratuita: defendió con firmeza a Prandi, remarcando el impacto de los dichos en una sociedad aún marcadas por la revictimización de mujeres víctimas de violencia de género. Ortega le puso fecha al blitz: “La próxima vez que quiera abrir la boca, piénselo dos veces. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

La respuesta de Ortega encendió aún más la discusión, evidenciando tensiones entre quienes buscan empatía y justicia para las víctimas y figuras políticas que, con tintes ideológicos, participan de debates públicos sin medir el daño que causan.

En junio, los salarios registrados crecieron 1,6% y apenas lograron empatar la inflación del mes, según datos del INDEC. En el acumulado de 2025, las remuneraciones avanzaron 14,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 15,1%. El resultado: una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%.

El retroceso es aún más marcado si se toma como referencia el inicio del gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, los salarios reales cayeron un 5,5%.

Dentro del universo de trabajadores registrados, el mayor golpe volvió a darse en el sector público: las remuneraciones subieron solo 1,3% en junio, por debajo de la inflación. En cambio, los salarios del sector privado registrado aumentaron 1,7%, apenas por encima del IPC.

La foto confirma una tendencia de ajuste sostenido sobre el empleo estatal y una lenta recomposición del ingreso privado, insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

Mientras América Latina expresa un firme repudio al accionar genocida de Israel en la Franja de Gaza, Javier Milei eligió la complicidad, destinando un millón de dólares a una organización auspiciada por el régimen de Netanyahu.

En un momento en que su gobierno aplica recortes severos a universidades públicas, hospitales y programas sociales —incluido el Hospital Garrahan—, Javier Milei decidió destinar un millón de dólares a financiar una alianza proisraelí en América Latina, reforzando así su apoyo a un Estado señalado por la ONU y por expertos internacionales como responsable de crímenes de guerra y actos de genocidio en Gaza.

El dinero proviene del Premio Génesis —apodado el “Nobel Judío”— que Milei recibió este año por su “apoyo inquebrantable” a Israel. En lugar de invertirlo en atender la crisis interna, el presidente optó por transferirlo a la creación de la organización Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), con sede en Nueva York, cuyo objetivo es expandir la influencia política, económica y cultural de Israel en América Latina.

Inspirada en los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, la AFOIA busca estrechar vínculos con gobiernos afines y revertir el creciente aislamiento diplomático de Tel Aviv en la región. El plan inicial apunta a Uruguay, Panamá y Costa Rica, con la mira puesta en sumar a Brasil, Colombia, Chile y El Salvador.

Mientras países como Colombia y Bolivia rompieron relaciones con Israel y Brasil se sumó a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Milei se coloca del lado opuesto, consolidándose como uno de los defensores más fervientes del gobierno de Benjamin Netanyahu, acusado de llevar adelante una ofensiva militar que ya dejó más de 61.500 palestinos asesinados y a miles más al borde de la hambruna.

La donación, presentada como un “gesto de cooperación”, funciona en realidad como un respaldo financiero y diplomático a un aparato político y militar denunciado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. En el país, la decisión se conoció en medio de marchas multitudinarias en repudio a la guerra y a la posible visita de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Así, mientras Milei recorta fondos a la educación y a la salud pública, decide transferir un millón de dólares a multimillonarios y estructuras de lobby proisraelí, alineándose con un genocidio en curso y alejándose de las demandas y urgencias de la población argentina.

El Ejecutivo nacional impulsa la recusación del magistrado federal Ernesto Kreplak, quien investiga las muertes por fentanilo adulterado, argumentando un conflicto de intereses por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. La medida llega con la cifra de víctimas en ascenso y críticas sobre la respuesta oficial.

El Gobierno confirmó este jueves que solicitará el apartamiento del juez Kreplak de la causa que investiga el fallecimiento de 97 personas por consumo de fentanilo contaminado. Según la Casa Rosada, la relación del magistrado con su hermano Nicolás Kreplak —titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires— compromete la imparcialidad del proceso, ya que uno de los laboratorios bajo sospecha es proveedor de esa jurisdicción.

La decisión coincide con cuestionamientos de la oposición por la lentitud de las pericias y la posibilidad de que la tragedia tenga un alcance mayor al registrado oficialmente. Legisladores del PRO habían reclamado desde el inicio que el magistrado fuera reemplazado. “No podía investigar a su propio hermano”, sostuvo el diputado Alejandro Finocchiaro.

Mientras tanto, la investigación avanza en distintos frentes. El juzgado ordenó estudios en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para determinar la fuente de la contaminación. Además, se analizan posibles casos en Córdoba, Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, lo que podría ampliar la magnitud de la crisis sanitaria.

La actuación de la ANMAT también quedó bajo revisión judicial por presuntas fallas de control sobre los laboratorios implicados en los últimos cinco años. Desde el sector empresarial, los dueños de HLB Pharma y otras firmas imputadas plantean la hipótesis de un sabotaje, señalando incluso a actores políticos, aunque esa línea de investigación no cuenta por ahora con respaldo probatorio.

En este contexto, el eventual desplazamiento del juez abre un nuevo capítulo en un expediente que ya combina un escenario de emergencia sanitaria con un alto voltaje político y judicial.

La liberalización de precios en la medicina privada y la crisis financiera de las obras sociales dejaron a la mayoría de los afiliados sin acceso pleno a las prestaciones esenciales. Expertos advierten que la falta de un piso uniforme de cobertura profundiza las desigualdades en el sistema.

El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado hace más de tres décadas para garantizar un estándar mínimo de prestaciones de salud, atraviesa su mayor crisis desde su implementación. La desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei a fines de 2023 desató un alza acelerada en las cuotas de la medicina prepaga, la fragmentación de planes y la aplicación generalizada de copagos. Paralelamente, las obras sociales sindicales enfrentan un déficit estructural que impide sostener el nivel de servicios establecido por la norma.

Según datos del sector, solo el 19% de los beneficiarios recibe actualmente una cobertura ajustada al costo real del PMO. El resto depende de entidades con ingresos insuficientes, lo que limita el acceso a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales. “Sin un piso común, tendremos un sistema con ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Juan Manuel Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica.

En el ámbito privado, las empresas de medicina prepaga aprovecharon la liberalización para rediseñar sus planes y segmentar coberturas. Esto derivó en esquemas con cuotas base más bajas, pero con copagos variables que, en algunos casos, alcanzan el 100% de determinados tratamientos. El valor de un plan oscila hoy entre $80.000 y $200.000 mensuales por persona, con opciones “low cost” desde $50.000, pero con prestaciones restringidas.

La situación se replica en especialidades como la oftalmología, donde el PMO contempla únicamente intervenciones para patologías graves, dejando afuera controles rutinarios o tratamientos frecuentes. “No es un problema solo técnico, es una cuestión ética: se trata de garantizar salud como derecho efectivo”, remarcó Ibarguren.

Mientras tanto, la experiencia internacional muestra que países como Suiza, Francia o Reino Unido actualizan de manera periódica su cobertura básica, la financian con criterios solidarios y limitan los copagos a prestaciones de alta complejidad, garantizando así un acceso equitativo y sostenible para toda la población.