El fallo advierte que dichas medidas “implican una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 en los artículos que permitían interrumpir el servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.
En su resolución, la magistrada subrayó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Consideró “improcedente” el cese del suministro cuando la mora obedezca a situaciones de vulnerabilidad social o afecte a adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y ordenó restablecer el servicio en caso de que ya se hubiera interrumpido.
La acción judicial fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones que habilitaban los cortes tras 60 días de mora en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales. Forns advirtió que dichas medidas implican “una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.
En el fallo, la jueza citó instrumentos internacionales como la resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También recordó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe el uso abusivo de la facultad de suspender el suministro de agua.
La decisión judicial, que regirá hasta que se dicte sentencia definitiva, constituye un freno a la política oficial de mercantilización de servicios esenciales, preservando el carácter fundamental del acceso al agua como derecho humano.