El Ministerio de Economía oficializó el traspaso del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento del AMBA al sector privado. La medida se enmarca en el plan de privatizaciones del presidente Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que da inicio formal al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), compañía estatal que brinda servicios a más de 13 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, fija un cronograma de ocho meses para transferir al sector privado el 90% del capital accionario. El plan contempla una primera etapa en la que un operador estratégico adquirirá al menos el 51% de la firma, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la operación, con apoyo de un banco estatal que valuará la compañía y preparará la colocación en los mercados. A su vez, la Secretaría de Obras Públicas deberá elaborar la documentación contractual, incluyendo el nuevo esquema de concesión.
El marco regulatorio del sector ya había sido modificado mediante el DNU 493/2025, que introdujo dos cambios centrales: la autorización para interrumpir el servicio en caso de falta de pago y la actualización de tarifas en función de la inflación. Según fuentes oficiales, estas disposiciones buscan dar “certeza y atractivo” a los potenciales inversores.
AySA había sido estatizada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras el retiro de la concesionaria privada Aguas Argentinas. Actualmente la empresa emplea a 6.222 trabajadores, un 20% menos que en 2019.
La decisión genera preocupación en sindicatos y asociaciones de consumidores. Los primeros advierten por la estabilidad laboral, mientras que los segundos cuestionan la habilitación de cortes de servicio y el impacto de la indexación tarifaria.
Con esta medida, el Gobierno profundiza su programa de privatizaciones, que incluye además a empresas como Intercargo. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado en julio que el Ejecutivo buscaría “incorporar capital privado” en AySA, confirmando así los planes que hoy comienzan a ejecutarse.