Países del ALBA, Colombia y Brasil advierten sobre los riesgos de desestabilización en la región que implica la desproporcionada presencia militar de los Estados Unidos.
La decisión de Washington de enviar buques de guerra y miles de tropas al sur del mar Caribe ha provocado una ola de rechazo unánime en América Latina y el Caribe, donde diversos gobiernos han coincidido en denunciar la medida como un acto innecesario, desproporcionado y de alto riesgo para la estabilidad regional. Bajo el pretexto de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la operación del Comando Sur es percibida como una maniobra de intimidación que vulnera la soberanía de los Estados latinoamericanos y eleva la tensión geopolítica en Sudamérica.
Repercusiones regionales
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fijaron una posición firme durante una cumbre virtual celebrada esta semana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la región atraviesa “tiempos de enormes desafíos” que no se resuelven con una “ofensiva hegemonista y agresiva”. Según el mandatario, la presencia militar de EE.UU. en el Caribe constituye una “inaceptable amenaza de agresión” y un atentado contra el régimen de paz que las naciones latinoamericanas y caribeñas han defendido durante décadas. “El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según afirmó Canel, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU”.
Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó la operación como una “inadmisible provocación” que evidencia la persistencia de la visión colonial estadounidense de considerar a América Latina su “patio trasero”. En la misma línea, el nicaragüense Daniel Ortega cuestionó el silencio de otros organismos regionales y alertó que la inacción frente al hostigamiento contra Venezuela abre la puerta a que cualquier otro país termine siendo víctima de la misma política intervencionista.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció las muestras de respaldo y denunció que se enfrenta a una “coyuntura de amenazas enloquecidas a granel”, al tiempo que advirtió que Venezuela no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Como respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos para reforzar la defensa nacional.
El rechazo no se limitó a los países de la Alianza. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que las maniobras militares estadounidenses son actos de injerencia contrarios al principio constitucional de no intervención. “No al intervencionismo, está en nuestra historia y en nuestra Constitución”, recalcó.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre las consecuencias devastadoras de una eventual incursión militar en Venezuela: “Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Solo lograrían arrastrar a Colombia y a toda la región a un escenario similar al de Siria”.
En Brasil, el asesor de política exterior de la presidencia, Celso Amorim, expresó la “profunda preocupación” del gobierno de Lula da Silva por el arribo de tres destructores estadounidenses equipados con sistemas de misiles Aegis cerca de las aguas territoriales venezolanas. Amorim subrayó que el principio de no intervención es un pilar histórico de la diplomacia brasileña y advirtió que la lucha contra el crimen organizado debe darse mediante cooperación internacional, no a través de despliegues militares unilaterales.
Escalada militar
El operativo incluye destructores de la clase Arleigh Burke, buques anfibios de gran porte como el USS Iwo Jima, y miles de efectivos con capacidad de desembarco y ataque aéreo. Con estas unidades, EE.UU. no solo fortalece su presencia naval en el Caribe, sino que instala un clima de provocación directa hacia Venezuela, país al que acusa —sin pruebas— de liderar un cartel de drogas.
Expertos advierten que el despliegue excede con creces cualquier necesidad de interdicción al narcotráfico, dado que las capacidades ofensivas de estas naves están diseñadas para escenarios de guerra convencional y no para operaciones antidrogas. En este sentido, gobiernos y analistas coinciden en que la verdadera motivación es ejercer presión política y militar sobre Caracas, en un contexto de tensiones abiertas con la administración de Nicolás Maduro.
Amenazando con el garrote a la región
El denominador común entre los distintos pronunciamientos es claro: la región rechaza que, bajo falsos argumentos, se utilice la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe y abrir la puerta a escenarios de intervención. La condena expresa la voluntad de defender la paz, la soberanía y la cooperación regional frente a lo que se percibe como un intento de reeditar las políticas intervencionistas de la Doctrina Monroe.
La voz unánime de América Latina y el Caribe envía así un mensaje directo a Washington: no se aceptará que, en nombre de la seguridad, se impongan acciones militares que amenazan con desestabilizar toda la región.