El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con funcionarios chilenos para analizar la violenta noche en Avellaneda y conformaron un grupo de seguimiento. Más tarde, el presidente Gabriel Boric anunció que los hinchas de la U de Chile detenidos fueron liberados.
Tras los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este jueves a una delegación de funcionarios chilenos encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Durante la reunión, que tuvo lugar en la Gobernación, se compartió información sobre el estado de salud de los ciudadanos chilenos heridos y la situación judicial de los 104 detenidos. “Condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos”, expresó Kicillof y confirmó la creación de un grupo de seguimiento conjunto entre ambos gobiernos.
El mandatario bonaerense destacó además que los heridos fueron atendidos en el sistema público de salud provincial y remarcó que “la investigación sobre los hechos seguirá su curso en sede judicial”. Del encuentro participaron los ministros bonaerenses Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y Nicolás Kreplak (Salud).
Horas más tarde, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó en redes sociales que la fiscalía había dispuesto la liberación de los 104 hinchas de la U de Chile que permanecían detenidos en distintas comisarías de la provincia.
“Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, expresó Boric.
La situación generó fuerte repercusión en Argentina y Chile, y ahora los gobiernos de ambos países acordaron coordinar acciones para evitar nuevos episodios de violencia en futuros encuentros deportivos.
Si querés, puedo preparar una versión alternativa con un tono más de impacto para portales, donde el foco esté en la tensión entre gobiernos y la liberación masiva de los hinchas. Eso le daría más fuerza y clics. ¿Querés que la prepare?
“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el marco del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió en su cuenta de X, donde además calificó el caso como “más vergonzoso” que cualquier otro.
Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.
En un extenso posteo titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la exmandataria recordó el argumento judicial que se utilizó en su contra en la causa de obra pública, y advirtió que, bajo ese mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de sobornos en la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
La denuncia pública se produce luego de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la ANDIS, en los que asegura haber informado al Presidente sobre los hechos de corrupción. “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó Cristina.
La ex presidenta también vinculó la maniobra con la droguería La Suizo Argentino S.A., cuyo directivo Jonathan Kovalivker —a quien señaló como “amigo personal” de Mauricio Macri— habría participado en el circuito de retornos. En su publicación mencionó además al exfuncionario Daniel Garbellini, relacionado en los audios con la operatoria.
Por último, Cristina Kirchner cargó contra el Poder Judicial, al que acusó de funcionar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.
Sigue el escándalo de corrupción en el gobierno de Javier Milei: en un audio que se hizo público se escucha con claridad a Diego Spagnuolo, amigo de Milei y ex director de Discapacidad, decir que “le dije a Milei que su hermana ‘chorea’ y no me tire el fardo a mi que no quiero quilombo. Si pasa algo tengo todos los Whatsapp guardados de Karina”. Bomba atómica.
Hoy, la justicia ordenó allanamiento en la agencia de Discapacidad y en diferentes droguerías mencionadas en los audios.
Países del ALBA, Colombia y Brasil advierten sobre los riesgos de desestabilización en la región que implica la desproporcionada presencia militar de los Estados Unidos.
La decisión de Washington de enviar buques de guerra y miles de tropas al sur del mar Caribe ha provocado una ola de rechazo unánime en América Latina y el Caribe, donde diversos gobiernos han coincidido en denunciar la medida como un acto innecesario, desproporcionado y de alto riesgo para la estabilidad regional. Bajo el pretexto de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la operación del Comando Sur es percibida como una maniobra de intimidación quevulnera la soberanía de los Estados latinoamericanos y eleva la tensión geopolítica en Sudamérica.
Repercusiones regionales
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fijaron una posición firme durante una cumbre virtual celebrada esta semana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la región atraviesa “tiempos de enormes desafíos” que no se resuelven con una “ofensiva hegemonista y agresiva”. Según el mandatario, la presencia militar de EE.UU. en el Caribe constituye una “inaceptable amenaza de agresión” y un atentado contra el régimen de paz que las naciones latinoamericanas y caribeñas han defendido durante décadas. “El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según afirmó Canel, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU”.
Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó la operación como una “inadmisible provocación” que evidencia la persistencia de la visión colonial estadounidense de considerar a América Latina su “patio trasero”. En la misma línea, el nicaragüense Daniel Ortega cuestionó el silencio de otros organismos regionales y alertó que la inacción frente al hostigamiento contra Venezuela abre la puerta a que cualquier otro país termine siendo víctima de la misma política intervencionista.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció las muestras de respaldo y denunció que se enfrenta a una “coyuntura de amenazas enloquecidas a granel”, al tiempo que advirtió que Venezuela no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Como respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos para reforzar la defensa nacional.
El rechazo no se limitó a los países de la Alianza. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que las maniobras militares estadounidenses son actos de injerencia contrarios al principio constitucional de no intervención. “No al intervencionismo, está en nuestra historia y en nuestra Constitución”, recalcó.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre las consecuencias devastadoras de una eventual incursión militar en Venezuela: “Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Solo lograrían arrastrar a Colombia y a toda la región a un escenario similar al de Siria”.
En Brasil, el asesor de política exterior de la presidencia, Celso Amorim, expresó la “profunda preocupación” del gobierno de Lula da Silva por el arribo de tres destructores estadounidenses equipados con sistemas de misiles Aegis cerca de las aguas territoriales venezolanas. Amorim subrayó que el principio de no intervención es un pilar histórico de la diplomacia brasileña y advirtió que la lucha contra el crimen organizado debe darsemediante cooperación internacional, no a través de despliegues militares unilaterales.
Escalada militar
El operativo incluye destructores de la clase Arleigh Burke, buques anfibios de gran porte como el USS Iwo Jima, y miles de efectivos con capacidad de desembarco y ataque aéreo. Con estas unidades, EE.UU. no solo fortalece su presencia naval en el Caribe, sino que instala un clima de provocación directa hacia Venezuela, país al que acusa —sin pruebas— de liderar un cartel de drogas.
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.
Expertos advierten que el despliegue excede con creces cualquier necesidad de interdicción al narcotráfico, dado que las capacidades ofensivas de estas naves están diseñadas para escenarios de guerra convencional y no para operaciones antidrogas. En este sentido, gobiernos y analistas coinciden en que la verdadera motivación es ejercer presión política y militar sobre Caracas, en un contexto de tensiones abiertas con la administración de Nicolás Maduro.
Amenazando con el garrote a la región
El denominador común entre los distintos pronunciamientos es claro: la región rechaza que, bajo falsos argumentos, se utilice la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe y abrir la puerta a escenarios de intervención. La condena expresa la voluntad de defender la paz, la soberanía y la cooperación regional frente a lo que se percibe como un intento de reeditar las políticas intervencionistas de la Doctrina Monroe.
La voz unánime de América Latina y el Caribe envía así un mensaje directo a Washington: no se aceptará que, en nombre de la seguridad, se impongan acciones militares que amenazan con desestabilizar toda la región.
La ex funcionaria del PAMI en La Plata y actual diputada nacional suplente de La Libertad Avanza, Viviana Aguirre, lanzó una serie de acusaciones de extrema gravedad contra dirigentes del oficialismo y contra el propio presidente Javier Milei.
Aguirre recordó que hace más de un año impulsó una denuncia vinculada a manejos irregulares en el PAMI, aunque cuestionó que la causa judicial nunca avanzó. Según afirmó, junto a Raúl Simonetto detectaron hechos de corrupción en la contratación de geriátricos, donde se habrían intentado imponer prestadores sin licitación, vinculando esas maniobras a referentes del espacio oficialista.
En ese marco, señaló a Sebastián Pareja y a Juan Esteban Osaba, a quienes acusó de haberle exigido sumas millonarias, y describió la existencia de un circuito de pagos ilegales que, lejos de haber sido desarticulado, se habría potenciado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.
Aguirre sostuvo que cuenta con pruebas de las malas condiciones en las que se encuentran adultos mayores internados, a pesar de que el Estado paga cifras que van de uno a tres millones de pesos por cada afiliado. Apuntó directamente a la conducción del organismo, encabezado por Esteban Leguizamo, a quien vinculó con la Casa Rosada y con el ministro Guillermo Francos.
En el plano político, aseguró que, aunque no pagó por su candidatura, aportó más de 15 millones de pesos a la campaña presidencial. A partir de allí, dijo sentirse estafada al comprobar que la promesa de cambio se transformó en lo que calificó como un escenario aún más corrupto.
Las críticas más duras las dirigió contra Javier y Karina Milei, a quienes acusó de ser “estafadores internacionales” y hasta los responsabilizó de habilitar maniobras con fentanilo contaminado para perjudicar políticamente a Axel Kicillof. También relató que durante la campaña mantuvo contacto directo con el presidente, a quien le transmitió información sobre las irregularidades, pero que el mandatario dejó de responderle.
Finalmente, Aguirre consideró que La Libertad Avanza encarna “el gobierno más corrupto de la historia” y pidió que el peronismo se unifique para desplazar al oficialismo, al que definió como una amenaza social de magnitud.
Renuncia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y filtraciones que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem desatan alarma en Casa Rosada en plena campaña electoral.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo golpe político tras la salida de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de un escándalo por presuntas irregularidades que involucran a figuras clave del oficialismo. La filtración de audios que comprometerían a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem encendió las alarmas en Balcarce 50, donde calificaron la jornada como “uno de los días más negros” de la gestión.
La crisis estalló mientras el Ejecutivo sufría una derrota parlamentaria con la aprobación de la emergencia en discapacidad, un revés que se suma a tensiones con gobernadores y negociaciones fallidas en Diputados. Dentro del oficialismo reconocen que el caso “puede ser más explosivo que $LIBRA”, el escándalo que ya había sacudido al Gobierno meses atrás.
En un intento por contener el daño, se reunió el núcleo duro libertario integrado por Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, declaró el jefe de Gabinete durante un encuentro en el Council of the Americas, en un gesto que no logró disipar el clima de desconfianza.
El impacto político se proyecta directamente sobre la campaña nacional. Los audios filtrados circulan en la recta final hacia las elecciones de octubre y salpican al denominado “triángulo de hierro” libertario. En paralelo, la Casa Rosada intenta frenar el avance legislativo opositor y cerrar filas para evitar que la crisis se transforme en un factor de desgaste irreversible.
El escándalo llega en un momento de máxima fragilidad para el oficialismo, que apuesta a mejorar su posición en el Congreso, mientras enfrenta una interna cada vez más expuesta y una opinión pública atenta a los signos de corrupción en un Gobierno que hizo de la transparencia una de sus banderas.
La norma obtuvo 62 votos a favor y solo ocho en contra, consolidando un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei.
El Senado aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en pediatría, en una sesión que dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. La iniciativa, que apunta a garantizar atención médica infantil y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, cosechó 62 votos afirmativos contra apenas ocho negativos.
El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo quedó circunscripto a La Libertad Avanza y dos senadores aliados, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).
La normativa obliga al Estado a garantizar el funcionamiento de hospitales pediátricos, recomponer salarios del personal de salud –con una base no inferior al nivel real de noviembre de 2023– y eximir del impuesto a las Ganancias a quienes realicen guardias o tareas críticas. También faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y utilizar fondos de emergencia sanitaria. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal será de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025.
Durante el debate, senadores de distintas bancadas coincidieron en la gravedad de la situación. Luis Juez (PRO) afirmó: “No hablo como opositor, hablo como padre: la esperanza está en hospitales como el Garrahan”. Alicia Kirchner (UxP) cuestionó la política económica del Gobierno: “La timba financiera no repara. El futuro del país es nuestra infancia”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) subrayó: “Gobernar es resolver problemas, no seguir culpando al pasado”.
La sanción de esta ley refuerza la serie de derrotas legislativas que viene acumulando el Gobierno en un Congreso donde su margen de maniobra sigue siendo mínimo.
