Desde la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, se instaló un fuerte escándalo alrededor de Karina Milei. En esas grabaciones, el exfuncionario aseguró que existía un esquema de recaudación de coimas vinculado a la compra de medicamentos, que alcanzaba cifras que oscilaban entre los 500 mil y los 800 mil dólares mensuales. Dentro de esa operatoria, se la señala como beneficiaria de una porción de esos fondos.
Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Desde entonces hasta fines de agosto de 2025 pasaron 20 meses. Si se toma el piso de la cifra mencionada en los audios —medio millón de dólares por mes—, el cálculo es el siguiente: 500.000 dólares multiplicado por 20 meses equivale a un total de 10 millones de dólares en coimas durante el período que lleva la gestión libertaria. Y solo sería de plata de laboratorios vinculados a Discapacidad, cuando hay sospechas similares referidas a proveedores de otros organismos públicos.
La investigación judicial aún está en curso y no existe confirmación oficial sobre la veracidad de esas acusaciones, pero el impacto político ya es evidente. La sola mención de que la hermana del Presidente pudiera estar involucrada en un esquema semejante sacude a la administración nacional y pone en cuestión el discurso anticorrupción que el propio Milei sostuvo desde su campaña.