Crisis en el INDEC: El FMI le exigió al gobierno que se cambie la medición de inflación “lo antes posible”
El Fondo Monetario Internacional sospecha de lo datos proporcionados por el organismo e insiste con la actualización del IPC desde 2024 “para mejorar la calidad de los datos”.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa una crisis interna que expone su fragilidad en un momento de fuerte presión internacional. La salida de dos funcionarios técnicos clave, sumada a la demora en la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), pone en duda la credibilidad del organismo. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al gobierno que actualice “lo antes posible” la metodología de medición de la inflación.
En su último Staff Report, el organismo multilateral fue categórico: “Se debería publicar un IPC actualizado lo antes posible para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”. El reclamo coincide con la aprobación de la primera revisión del programa en curso y el desembolso de U$S 2.000 millones.
Aunque el nuevo índice está listo desde 2024 —con pruebas finalizadas en marzo de 2025—, su puesta en marcha depende de una decisión política que el gobierno de Javier Milei sigue postergando. El reemplazo es urgente: hoy el IPC nacional se calcula con una canasta de consumo de 2004/2005, desactualizada frente a los cambios de los últimos 20 años. La nueva versión, basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018, incorpora consumos actuales como telefonía móvil, internet o plataformas digitales, además de dar mayor peso a los servicios.
Renuncias que golpean la credibilidad del INDEC
La crisis se profundizó con las renuncias de Georgina Giglio, responsable del IPC, quien dejó su cargo para sumarse a la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, y de Guillermo Manzano, encargado de la medición de pobreza y trabajo, cuya salida se atribuyó a fuertes diferencias metodológicas con el director Marco Lavagna.
Ambos movimientos generan ruido político y técnico, ya que el cálculo del índice de pobreza en Argentina depende directamente de la evolución de precios y del costo de las canastas básicas. Cualquier cambio metodológico puede modificar sustancialmente los niveles de pobreza.
El trasfondo político y económico
El retraso en la implementación del nuevo IPC responde a motivos políticos y fiscales. Un índice nacional más cercano a los provinciales podría encarecer el gasto público, ya que gran parte de la deuda en pesos y las jubilaciones se ajustan por inflación. En un año electoral, el gobierno evita un cambio que podría tener alto costo político.
La especulación es que el nuevo IPC comience a aplicarse recién con la medición de enero de 2026, cuyo resultado se conocería en febrero. El FMI ya anticipó que discutirá la fecha precisa de su publicación en la próxima revisión del programa, hacia fines de 2025, tras las elecciones legislativas.












