Según la denuncia, el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares.
La decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta agotar un cupo de 7 mil millones de dólares, derivó en un verdadero escándalo político y judicial. Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y las cinco principales empresas exportadoras de granos, acusados de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El mecanismo denunciado consistió en liberar de retenciones las exportaciones durante apenas 72 horas, período en el que las agroexportadoras registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, asegurándose ventas futuras a precio pleno, sin deducción de impuestos. Según la presentación judicial, este ardid habría ocasionado al Estado un perjuicio fiscal de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
Mientras tanto, los productores primarios solo vieron un aumento parcial en los precios, de alrededor del 15% en la soja, muy por debajo de la rebaja que capturaron las multinacionales. La medida generó indignación en el sector agrícola y abrió sospechas sobre un entramado de connivencia entre funcionarios nacionales y empresas privadas que habrían concentrado operaciones en esas horas críticas para apropiarse del beneficio.
La denuncia anónima, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apunta a un accionar coordinado entre funcionarios y firmas como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, que habrían actuado como partícipes necesarios de la maniobra. Según el escrito, las resoluciones oficiales dictadas el 23 y 24 de septiembre —que extendieron la vigencia y alcance del beneficio— fueron claves para consolidar el negocio privado en detrimento de las arcas públicas.
El caso, ya en manos del fiscal Sergio Rodríguez, podría convertirse en una de las causas de corrupción más resonantes del actual gobierno, no solo por el volumen del dinero en juego, sino porque la denuncia habría surgido desde dentro de la propia administración pública, lo que alimenta la sospecha de un entramado irregular cuidadosamente diseñado.
Con los productores enfrentados al Ejecutivo, el Estado como principal damnificado y las exportadoras bajo la lupa, el escándalo por las retenciones 0% amenaza con convertirse en un nuevo foco de crisis política y judicial para la gestión Milei.