El asado argentino ya es mÃĄs caro que en París y el consumo no para de bajar

La paradoja fue expuesta por Leonardo Rafael, presidente de la CÃĄmara de Matarifes, quien advirtiÃģ que la situaciÃģn es de “incertidumbre tremenda” y golpea de lleno a las familias.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. En medio de la inflaciÃģn y la devaluaciÃģn del peso, el precio del asado —ícono de la mesa nacional— alcanzÃģ niveles insÃģlitos: entre $12.000 y $15.000 por kilo, por encima del valor en ciudades como París.

La paradoja fue expuesta por Leonardo Rafael, presidente de la CÃĄmara de Matarifes, quien advirtiÃģ en diÃĄlogo con Radio Rivadavia que la situaciÃģn es de “incertidumbre tremenda” y golpea de lleno a las familias. “Estamos caros internamente, no es solamente la vaca, es la moneda. Tenemos un problema de fondo con la economía argentina”, remarcÃģ.

La pÃĐrdida del poder adquisitivo modificÃģ de manera drÃĄstica los hÃĄbitos de consumo. Aunque algunas carnicerías reportaron un aumento en la venta de “medias reses” como intento de abaratar costos, se trata apenas de un recurso aislado. Lo que prevalece es la retracciÃģn del consumo: cada vez mÃĄs argentinos dejan de comprar carne vacuna o la reemplazan por pollo y cerdo, opciones mÃĄs accesibles pero sin el mismo peso cultural ni nutricional.

Rafael tambiÃĐn cuestionÃģ la falta de políticas a largo plazo para un sector clave. “Argentina tiene millones de cabezas de ganado, pero sin una direcciÃģn clara del Estado. No es un problema de producciÃģn, es un problema de política”, advirtiÃģ.

Así, el país que histÃģricamente fue sinÃģnimo de carne vacuna enfrenta un escenario inÃĐdito: el asado, símbolo de identidad nacional, se volviÃģ un lujo. En la tierra del asado, hoy resulta cada vez mÃĄs difícil sentarse a la parrilla.

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Retenciones cero: Se presentÃģ una denuncia penal contra Milei y Caputo por administraciÃģn fraudulenta

SegÚn la denuncia, el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operaciÃģn se dejarÃĄn de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dÃģlares.

La decisiÃģn del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta agotar un cupo de 7 mil millones de dÃģlares, derivÃģ en un verdadero escÃĄndalo político y judicial. Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y las cinco principales empresas exportadoras de granos, acusados de “administraciÃģn fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario pÚblico”.

El mecanismo denunciado consistiÃģ en liberar de retenciones las exportaciones durante apenas 72 horas, período en el que las agroexportadoras registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, asegurÃĄndose ventas futuras a precio pleno, sin deducciÃģn de impuestos. SegÚn la presentaciÃģn judicial, este ardid habría ocasionado al Estado un perjuicio fiscal de entre 1.000 y 1.500 millones de dÃģlares.

Mientras tanto, los productores primarios solo vieron un aumento parcial en los precios, de alrededor del 15% en la soja, muy por debajo de la rebaja que capturaron las multinacionales. La medida generÃģ indignaciÃģn en el sector agrícola y abriÃģ sospechas sobre un entramado de connivencia entre funcionarios nacionales y empresas privadas que habrían concentrado operaciones en esas horas críticas para apropiarse del beneficio.

La denuncia anÃģnima, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apunta a un accionar coordinado entre funcionarios y firmas como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, que habrían actuado como partícipes necesarios de la maniobra. SegÚn el escrito, las resoluciones oficiales dictadas el 23 y 24 de septiembre —que extendieron la vigencia y alcance del beneficio— fueron claves para consolidar el negocio privado en detrimento de las arcas pÚblicas.

El caso, ya en manos del fiscal Sergio Rodríguez, podría convertirse en una de las causas de corrupciÃģn mÃĄs resonantes del actual gobierno, no solo por el volumen del dinero en juego, sino porque la denuncia habría surgido desde dentro de la propia administraciÃģn pÚblica, lo que alimenta la sospecha de un entramado irregular cuidadosamente diseÃąado.

Con los productores enfrentados al Ejecutivo, el Estado como principal damnificado y las exportadoras bajo la lupa, el escÃĄndalo por las retenciones 0% amenaza con convertirse en un nuevo foco de crisis política y judicial para la gestiÃģn Milei.

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Denuncian que Espert recibiÃģ financiamiento del narcotraficante Fred Machado

SegÚn la presentaciÃģn, revelada por el medio de noticias Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dÃģlares proveniente directamente de la organizaciÃģn criminal de Machado.

Una denuncia penal presentada por el dirigente y abogado Juan Grabois vincula al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA), JosÃĐ Luis Espert, con el narcotraficante Fred Machado, actualmente detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

SegÚn la presentaciÃģn, revelada por Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dÃģlares proveniente directamente de la organizaciÃģn criminal de Machado.

La acusaciÃģn se apoya en documentos oficiales de la Justicia estadounidense, donde constan pagos realizados por Machado y por su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 aÃąos de prisiÃģn por su rol en la estructura delictiva.

El escrito tambiÃĐn advierte sobre un crecimiento patrimonial del 789% de Espert desde su relaciÃģn con Machado, lo que refuerza las sospechas sobre posibles vínculos econÃģmicos irregulares.

La relaciÃģn entre ambos no sería reciente: en 2019, Espert agradeciÃģ pÚblicamente el apoyo de “Fred” durante la presentaciÃģn de su libro en Viedma, Río Negro, ciudad natal del narcotraficante.

La denuncia abre un escenario complejo, con implicancias legales y políticas que podrían afectar la imagen pÚblica y la proyecciÃģn electoral de Espert.

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