De la dinamita al maquillaje: cómo la reforma de la Carta Orgánica expone el truco de la inflación acumulada y consagra el olvido definitivo de cerrar el Banco Central.
La reciente columna de Javier Milei en Clarín vuelve a echar mano del golpe de efecto efectista al lucir en su titular un estridente $12.819.532.788.614.400.000 de inflación acumulada en Argentina desde 1935. Sin embargo, apelar a un cálculo matemático compuesto de casi un siglo para impresionar a la tribuna no es más que un artilugio de manipulación estadística: acumular nominalmente casi un siglo de historia económica atravesado por la eliminación de 13 ceros en la moneda (pesos moneda nacional, ley 18.188, australes y pesos actuales) es mezclar la hiperinflación de 1989 (3.079%) con la estabilidad de la Convertibilidad o períodos de inflación internacional de posguerra. Más aún, resulta sumamente irónico que pretenda dictar cátedra sobre prudencia de precios cuando su propia gestión registró en sus primeros meses picos de inflación que superaron el 280% interanual tras una abrupta devaluación y liberación de precios regulados, demostrando que el ajuste lo terminó pagando el bolsillo popular mientras la inflación real acumulada de su gestión superó en tiempo récord las estimaciones más pesimistas.
El primer pilar de su propuesta pretende limitar la actuación del Banco Central a preservar “únicamente” el valor de la moneda, un axioma neoclásico que omite de manera insólita cómo operan las bancas centrales de los países desarrollados. Entidades como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tienen por mandato estatutario un “doble rol” inequívoco: contener la inflación pero al mismo tiempo promover el máximo empleo sostenible y el crecimiento económico. Pretender que el BCRA actúe desvinculado de la realidad productiva y del mercado laboral del país implica atar de manos al Estado frente a shocks externos o recesiones, sacrificando puestos de trabajo e industria nacional en el altar de una meta monetaria abstracta y dogmática.
En el segundo y quinto punto, el Presidente promete prohibir de forma absoluta la asistencia del Banco Central al Tesoro bajo la amenaza de juzgar el señoreaje como “asociación ilícita” y derogar la reforma de 2012 para eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles. Lo que la retórica oficial oculta cuidadosamente es que la propia administración de Milei ha recurrido de forma constante al endeudamiento con el sistema financiero y a maniobras de ingeniería financiera (como la migración de pasivos remunerados hacia pases, lefi y deuda directa del Tesoro) para absorber liquidez y maquillar el déficit cuasifiscal. Tipificar la política monetaria como delito penable no es más que una sobreactuación institucional que busca judicializar la política económica, ignorando que la emisión cero y el sobreendeudamiento en moneda extranjera han sido históricamente la antesala de severas crisis de liquidez y quiebras del sistema bancario privado.
Respecto al tercer eje, consistente en exigir mayorías calificadas de dos tercios del Congreso para remover al titular del BCRA con el pretexto de “blindarlo” de presiones políticas, el planteo roza el absurdo en términos de coherencia democrática. Elevar a una cúspide intocable a las autoridades de la entidad monetaria pretende congelar una orientación económica de mercado a espaldas de la alternancia republicana. Resulta irónico que un mandatario que ha gobernado recurrentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) e intentado eludir los debates legislativos proponga ahora un candado constitucional para proteger a funcionarios que podrían estar ejecutando políticas diametralmente opuestas a las elegidas por la ciudadanía en las urnas.
Por último, el cuarto punto busca restringir el reparto de utilidades del Banco Central hacia el Estado, bajo el argumento de que se tratan de ganancias ficticias. Si bien el saneamiento del balance del BCRA es un criterio deseable, el verdadero problema radica en cómo el propio Ejecutivo evalúa sus activos: mientras exige al Banco Central estándares de extrema austeridad, utiliza las reservas internacionales como colateral para garantizar deuda privada o cubrir fuga de capitales. Restringir por completo los mecanismos de auxilio financiero del BCRA sin contar con un flujo sólido de divisas ni acceso sostenible al crédito internacional condena a la economía argentina a un esquema de vulnerabilidad extrema ante cualquier fluctuación de los mercados globales.
La gran estafa del eslogan de campaña: del “dinamitar” al institucionalizar
Más allá del debate técnico sobre la reforma monetaria, esta columna de opinión consagra de forma definitiva una de las estafas electorales más descaradas en la historia política reciente de la Argentina. Durante toda su campaña y sus años de irrupción mediática, Javier Milei edificó su identidad política bajo un lema categórico y sin matices: la promesa de “cerrar”, “eliminar” y hasta “dinamitar” el Banco Central de la República Argentina. Aquel discurso incendiario, que le sirvió para canalizar el enojo social contra la dirigencia tradicional jurando que erradicaría de raíz al “cáncer de la emisión”, ha quedado reducido a un mero folclín mediático para cautivar incautos.
Al presentar hoy un megaproyecto para reformar la Carta Orgánica, nombrar autoridades blindadas y reestructurar el funcionamiento del BCRA, el propio Presidente admite que la institución seguirá abierta, operativa y regulando la economía del país. La fantasmagórica dolarización sin dólares y el cierre del BCRA han pasado a ser promesas archivadas en el cajón de los eslóganes caducos. Lejos de destruir la “maquinita”, el Ejecutivo ha optado por apropiarse del sillón de Reconquista 266 para utilizar la estructura de la banca central a su favor, dejando en evidencia que la “libertad” prometida no era más que una consigna electoral tan volátil como el valor de la moneda que prometió exterminar.