De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico, habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021.
La Justicia federal habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y estafa, incluyendo fraude en la compra de aeronaves utilizadas para contrabando. El caso, que deberá ser resuelto en última instancia por la Corte Suprema tras la confirmación de los cargos en Texas en octubre de 2025, vuelve a sacudir al oficialismo libertario en medio de denuncias por supuestas maniobras políticas y judiciales destinadas a frenar el proceso.
De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona —abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico— habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021 y requerido desde entonces por la justicia norteamericana.
El entramado de relaciones que rodea al empresario argentino refuerza las sospechas. La diputada libertaria Lorena Villaverde, defendida en el pasado por Cúneo Libarona en un caso con ramificaciones en Estados Unidos, es pareja de Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de máxima confianza de Machado. Ciccarelli, señalado en el expediente como intermediario en operaciones de sociedades ligadas al acusado, también aparece vinculado a emprendimientos mineros en Río Negro y a gestiones destinadas a retrasar la extradición.
Según la denuncia, Cúneo Libarona habría usado su cargo para desplegar gestiones ante el Ministerio Público Fiscal y tribunales federales con el fin de condicionar la decisión judicial. Sin embargo, la causa avanzó: en abril de 2022 el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente la entrega de Machado, y en abril de 2023 el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del pedido estadounidense. Ahora será la Corte Suprema quien defina en forma definitiva, antes de que el Poder Ejecutivo tenga la última palabra por razones de soberanía.
Mientras tanto, el caso genera creciente incomodidad en el oficialismo libertario. No solo por los lazos personales y políticos con el círculo presidencial —ya que el abogado de Machado, Francisco Oneto, también representa a Javier Milei—, sino porque expone una red de conexiones entre poder político, justicia y negocios internacionales que el gobierno preferiría mantener fuera de la luz pública.