El candidato de Fuerza Patria consideró que la dimisión de José Luis Espert “no limpia la podredumbre que atraviesa al gobierno libertario”. Acusó a Javier Milei de encubrir vínculos con el narcotráfico y denunció el uso de fondos públicos para reimprimir boletas.

El primer postulante a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, cuestionó duramente al oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al sostener que “la corrupción del gobierno no se borra con una renuncia televisada ni con un silencio de Balcarce 50”.

Taiana calificó la decisión de Espert como “una victoria del repudio popular frente a la impunidad y la connivencia con el delito”, en alusión a las acusaciones que vinculan al economista libertario con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado. “Milei sabía perfectamente con quién se estaba asociando. Si no lo sabía, es aún más grave”, afirmó.

El ex canciller también criticó los intentos del oficialismo por reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires, al advertir que implicaría un gasto millonario “para tapar un escándalo con dinero de los contribuyentes”. Según estimó, el costo rondaría los 15.000 millones de pesos. “Con eso se podría financiar un año entero del Garrahan”, ironizó.

Taiana reclamó, además, que Espert renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, cargo que —dijo— “ha mantenido paralizado y al servicio del ajuste”. En su declaración, sostuvo que la crisis del oficialismo “ya no se mide por encuestas, sino por el olor a corrupción que sale de sus oficinas”.

Para el candidato de Fuerza Patria, la renuncia de Espert “es apenas la punta de un iceberg que hunde el relato de transparencia del mileísmo”, y advirtió que “cuando la corrupción se vuelve política de Estado, ningún cambio de nombres alcanza para lavar las manos de un gobierno que se ha ensuciado solo”.

La doble renuncia del economista libertario expone el colapso interno del gobierno de Javier Milei, acorralado por el escándalo que lo vincula fuertemente con un empresario acusado de narcotráfico. La Casa Rosada intenta contener el daño mientras crece el malestar entre los aliados.

José Luis Espert formalizó su salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apenas horas después de anunciar que no competiría como candidato por la provincia de Buenos Aires. El gesto, lejos de traer calma, aceleró la descomposición dentro del bloque oficialista, que enfrenta su primera gran crisis política y moral.

El caso, originado en las denuncias por presuntos aportes ilegales del empresario Fred Machado, dejó al desnudo los vínculos opacos entre el financiamiento político y figuras que el propio Milei presentaba como “estandartes de la transparencia”. Según las investigaciones, Espert habría recibido 200 mil dólares y realizado decenas de vuelos en aeronaves ligadas al empresario detenido.

Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto, en la práctica la renuncia de Espert simboliza el derrumbe del relato ético con el que el oficialismo buscaba diferenciarse. Desde sectores aliados admiten que el daño es “inmenso” y que la salida del diputado abre una grieta difícil de cerrar.

El episodio golpea especialmente al Presidente, que había respaldado a Espert como garante del ajuste fiscal y del orden presupuestario. Hoy, su renuncia deja vacante una de las comisiones clave del Congreso y evidencia el desconcierto de un gobierno que ya no puede controlar ni a sus propios voceros.

De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico, habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021.

La Justicia federal habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y estafa, incluyendo fraude en la compra de aeronaves utilizadas para contrabando. El caso, que deberá ser resuelto en última instancia por la Corte Suprema tras la confirmación de los cargos en Texas en octubre de 2025, vuelve a sacudir al oficialismo libertario en medio de denuncias por supuestas maniobras políticas y judiciales destinadas a frenar el proceso.

De acuerdo con una publicación de La Política Online, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona —abogado de larga trayectoria en causas de alto perfil, entre ellas vinculadas al narcotráfico— habría intervenido para favorecer al entorno de Machado, detenido en Neuquén en 2021 y requerido desde entonces por la justicia norteamericana.

El entramado de relaciones que rodea al empresario argentino refuerza las sospechas. La diputada libertaria Lorena Villaverde, defendida en el pasado por Cúneo Libarona en un caso con ramificaciones en Estados Unidos, es pareja de Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de máxima confianza de Machado. Ciccarelli, señalado en el expediente como intermediario en operaciones de sociedades ligadas al acusado, también aparece vinculado a emprendimientos mineros en Río Negro y a gestiones destinadas a retrasar la extradición.

Según la denuncia, Cúneo Libarona habría usado su cargo para desplegar gestiones ante el Ministerio Público Fiscal y tribunales federales con el fin de condicionar la decisión judicial. Sin embargo, la causa avanzó: en abril de 2022 el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente la entrega de Machado, y en abril de 2023 el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del pedido estadounidense. Ahora será la Corte Suprema quien defina en forma definitiva, antes de que el Poder Ejecutivo tenga la última palabra por razones de soberanía.

Mientras tanto, el caso genera creciente incomodidad en el oficialismo libertario. No solo por los lazos personales y políticos con el círculo presidencial —ya que el abogado de Machado, Francisco Oneto, también representa a Javier Milei—, sino porque expone una red de conexiones entre poder político, justicia y negocios internacionales que el gobierno preferiría mantener fuera de la luz pública.

El Presidente intentó respaldar al ahora excandidato libertario José Luis Espert, pero terminó reconociendo que “tomó la decisión” de que la expresidenta fuera condenada.

En una entrevista con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al afirmar que fue él quien “tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa”, una declaración que implica una confesión directa de injerencia sobre el Poder Judicial, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

El mandatario buscaba defender al diputado libertario José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, pero terminó revelando un supuesto accionar político detrás de la condena de la expresidenta.

“Este año lo tiene al kirchnerismo tirando con todo. Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo Milei en el ciclo de Majul.

Sorprendido, el periodista le recordó que un presidente no puede meterse en causas judiciales. Pero lejos de retractarse, Milei insistió:

“Yo no me meto con la Justicia. Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría pasando por esto. Si hubiera arreglado para que no la metan presa, no me estarían atacando.”

Aunque intentó aclarar, la contradicción fue evidente: el propio jefe de Estado se atribuyó un rol decisivo en una condena judicial, lo que vulnera el artículo 109 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente al Presidente “ejercer funciones judiciales” o “intervenir en causas en trámite”.

Una declaración con posibles consecuencias judiciales

El impacto político fue inmediato, pero las implicancias legales podrían ser aún más profundas. Con esa frase, Milei le dio a la defensa de Cristina Kirchner un argumento clave para solicitar la nulidad de la condena en la causa Vialidad, bajo la figura de “interferencia indebida del Poder Ejecutivo”.

Juristas consultados recordaron que una afirmación pública de esa magnitud puede ser considerada una confesión de intromisión institucional, lo que afectaría la validez del fallo. Además, abre la puerta a que la defensa eleve un planteo ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por persecución política y violación de garantías constitucionales.

Por qué esto favorece a Cristina Kirchner

La declaración de Milei podría reconfigurar el tablero judicial en torno a la expresidenta. En términos técnicos, sus palabras constituyen un reconocimiento de injerencia directa del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, algo que la defensa de Cristina podría utilizar para demostrar que su condena estuvo viciada de origen.

En concreto:

• Refuerza la tesis del lawfare, es decir, la persecución política mediante causas judiciales.
• Permite solicitar la nulidad de la condena o la reapertura de la revisión de su sentencia ante tribunales superiores.
• Y en un plano político, le otorga una fuerte ventaja discursiva: el propio Presidente admite haber vulnerado la independencia de la Justicia, dando crédito a lo que el kirchnerismo denuncia desde hace años.

Lejos de proteger a Espert, Milei terminó complicando su propia gestión y dinamitando la credibilidad de su discurso republicano.
Con una sola frase, puso en duda la independencia del Poder Judicial, se autoincriminó políticamente y reactivó la narrativa del kirchnerismo sobre la persecución judicial y mediática.

Una defensa mal calculada que puede transformarse en el error más costoso de su presidencia.

La política argentina vuelve a mostrar sus paradojas. Diego Santilli, dirigente del PRO y viejo blanco de los ataques más duros de Javier Milei, será ahora quien encabece la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert.

La salida de Espert —forzada por el escándalo que lo vincula al empresario narco Fred Machado, preso desde 2021 y con pedido de extradición de Estados Unidos— abrió el camino para que Santilli ocupe el primer lugar en la nómina. El presidente Milei defendió públicamente al economista y habló de una “operación del kirchnerismo”, asegurando: “Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert”.

Sin embargo, la designación de Santilli no pasa inadvertida por el pasado: fue el propio Milei quien lo calificó en 2023 con los adjetivos más lapidarios.

El 14 de mayo de aquel año, en una entrevista con LN+, el libertario afirmaba:
“Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

Unas semanas más tarde, el 5 de julio en la red X, subió aún más el tono:
“El candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de ‘sus negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”.

En aquel entonces Milei era precandidato presidencial y Santilli buscaba la gobernación bonaerense dentro del armado de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, apenas un año después, el mismo Milei lo habilita como el principal nombre de su espacio en la provincia.

Tras perder aquella interna, Santilli terminó acercándose a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro para respaldar a Milei en el balotaje contra Sergio Massa. Ese puente político allanó el camino hasta el presente: con la baja de Espert, el “engendro” que Milei denostaba se convirtió en su candidato.

La Justicia Federal será la que tenga la última palabra sobre la oficialización, pero la paradoja ya está instalada: Santilli pasó de ser “pésimo candidato” y “corrupto” a ser la apuesta bonaerense de La Libertad Avanza.

El diputado llega con un prontuario difícil de ocultar: lo vinculan a 14 sociedades comerciales, entre ellas dos radicadas en paraísos fiscales, lo que alimenta las sospechas de evasión y maniobras de ocultamiento patrimonial.

La caída de José Luis Espert por el narcoescándalo junto a Fred Machado abrió la puerta a un posible sucesor en la Provincia de Buenos Aires: Diego Santilli. Sin embargo, el diputado llega con un prontuario difícil de ocultar: lo vinculan a 14 sociedades comerciales, entre ellas dos radicadas en paraísos fiscales, lo que alimenta las sospechas de evasión y maniobras de ocultamiento patrimonial.

El ex PRO y actual referente de La Libertad Avanza construyó en redes una imagen de paladín contra la corrupción, abanderado de la iniciativa “Ficha Limpia”. Pero la documentación recientemente expuesta lo muestra en la vereda opuesta: un entramado de empresas familiares, estructuras offshore y declaraciones patrimoniales que no cierran.

.@diegosantilli estuvo con Menem, con Duhalde , con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado… Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos.

— José Luis Espert (@jlespert) August 28, 2021

Un esquema familiar bajo la lupa

Entre las sociedades detectadas aparece Lakerise Internacional Limitada, registrada en 2006 y dedicada al alquiler de propiedades, pero nunca inscripta en el organismo tributario nacional. Su hermano, Darío César Santilli, figura como CEO de South Tourin LLC, creada en 2014 en Florida, que comparte dirección con otras firmas armadas por gestores especializados en paraísos fiscales. Incluso la madre del legislador, inscripta apenas como monotributista, aparece involucrada en un círculo empresarial que resulta incompatible con ese perfil impositivo.

El nombre de Santilli no es nuevo en este terreno: ya en 2021 había sido señalado en la investigación global Pandora Papers, que expuso a políticos y empresarios con cuentas y sociedades ocultas en el extranjero. Consultado en 2018 sobre estas prácticas, llegó a justificarlas con un polémico: “Es normal, todo el mundo lo hace”.

De acusador a acusado

El escándalo de Santilli estalla en un contexto donde otros referentes opositores, como Cristian Ritondo, enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito. La paradoja es evidente: quienes pretendían presentarse como símbolos de transparencia terminan enredados en un historial turbio de sociedades offshore, familiares involucrados y negocios en las sombras.

Ahora, con la posibilidad de encabezar la lista en PBA tras la salida de Espert, la pregunta es inevitable: ¿es Santilli la cara de la renovación política o simplemente otro capítulo de la vieja política de privilegios y opacidad?

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que durante septiembre la producción nacional alcanzó las 47.108 unidades, lo que representa una suba de 5,8% respecto de agosto, aunque todavía marca una caída interanual del 5% frente al mismo mes de 2024.

Entre enero y septiembre, las terminales acumularon 379.243 vehículos fabricados, un crecimiento de 4,6% interanual, lo que consolida un desempeño general positivo en lo que va del año, pese a la desaceleración de los últimos meses.

En el plano externo, las exportaciones sumaron 26.429 unidades, con una mejora mensual de 3,6%, pero una baja del 17,2% respecto de septiembre del año pasado. En los primeros nueve meses de 2025, los envíos al exterior totalizaron 199.811 unidades, un 9,1% menos que en 2024, afectadas por la menor demanda regional, especialmente desde Brasil.

Por su parte, las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron 54.267 unidades, con un incremento de 4,8% frente a agosto y un salto del 22% interanual. En el acumulado anual, las entregas ya suman 455.220 vehículos, un 63,6% más que en el mismo período del año pasado, impulsadas por la recomposición de stocks y una mejora en el financiamiento interno.

El sector automotor, uno de los más dinámicos de la industria, mantiene así un ritmo moderado de recuperación, aunque condicionado por la volatilidad cambiaria y las dificultades del mercado externo.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 32% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, marcando su nivel más bajo desde el colapso de la convertibilidad en 2001.

La Argentina atraviesa una de las etapas más críticas de las últimas dos décadas. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 32% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, marcando su nivel más bajo desde el colapso de la convertibilidad en 2001.

El retroceso comenzó tras la fuerte devaluación aplicada por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 y, pese a los aumentos nominales, la inflación pulverizó cualquier intento de recuperación. Solo en agosto de 2025, el salario mínimo cayó 0,5% en términos reales. En comparación con su máximo histórico de septiembre de 2011, la pérdida acumulada asciende al 62% del poder de compra.

El estudio recuerda que en diciembre de 2023 el salario mínimo se redujo 15% en términos reales y en enero de 2024 otro 17%. Desde entonces, los ajustes parciales no lograron revertir el deterioro.

El mercado laboral en caída

La crisis también golpea al empleo. Según el informe del IIEP, en junio de 2025 se perdieron 12.200 puestos asalariados privados y, en el total de empleos registrados, la baja neta fue de 4.100 puestos.

Actualmente, 10,1 millones de personas figuran como asalariadas registradas, pero la tendencia es descendente: en la comparación interanual, junio de 2025 mostró 18.000 empleos formales menos que el mismo mes del año anterior. Desde noviembre de 2023, la pérdida alcanza los 190.000 puestos de trabajo.

Un futuro condicionado por la inflación y los bajos ingresos

Los economistas del IIEP advierten que la combinación de inflación persistente, salarios deteriorados y destrucción de empleo compromete el poder adquisitivo y limita cualquier recuperación económica. Sin un ingreso real que permita sostener el consumo, señalan, el rebote de la actividad seguirá siendo frágil y de corto plazo.

Desde el sector laboral, además, alertan sobre el freno en las paritarias y la falta de actualización del salario mínimo, lo que impacta de lleno en trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales, profundizando la crisis social.

El Gobierno enfrenta ahora un problema inesperado pero millonario: las boletas electorales. Según anticipó La Política Online, las papeletas ya están impresas y sacar a José Luis Espert de la lista costaría alrededor de 14 mil millones de pesos, una cifra que en plena crisis fiscal resulta difícil de absorber. Todo por el capricho del gobierno de sostener a Espert cuando todas las pruebas lo vinculaban con el narcotráfico.

En la Casa Rosada admiten que la posibilidad de retirar al economista liberal —tras las denuncias que lo vinculan con el empresario detenido Fred Machado— abrió un dilema político y logístico. Desde la Justicia Electoral advirtieron que no habrá reimpresión si el oficialismo decide apartarlo, lo que dejaría a las autoridades sin margen para improvisar una salida administrativa.

Por eso, según fuentes oficiales, hay conversaciones frenéticas entre funcionarios del Ejecutivo y apoderados partidarios para intentar revertir la decisión de bajarlo de la boleta. La preocupación es doble: por un lado, el costo político de sostenerlo; por el otro, el costo económico de reemplazar millones de boletas ya distribuidas en todo el país.

El episodio agrega un nuevo capítulo al escándalo que rodea al oficialismo, que intenta contener los daños a pocas semanas de las elecciones y en medio de un clima de creciente incertidumbre económica y política.