Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.
La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.
Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.
En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.
“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.
A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.