La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por sus nexos con el narcotráfico.

El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga movimientos financieros sospechosos entre Espert y Machado. La pesquisa ya había revelado una transferencia por 200 mil dólares que el legislador primero negó en varias ocasiones, pero luego terminó admitiendo.

Durante otro procedimiento en la vivienda de Machado, en Viedma, efectivos hallaron un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 entre el empresario y el diputado. El documento, encontrado roto y manchado, fue reconstruido por la Policía y detalla pagos en cuotas de 100 mil dólares mensuales por supuestos servicios prestados por Espert.

El texto establece que, en caso de incumplimiento, el empresario podría exigir la devolución del dinero y someter cualquier controversia a la justicia ordinaria de Nueva York (EE.UU.). Según justifico el propio Espert, no devolvió los fondos pese a no haber concluido el trabajo, alegando como motivo la pandemia.

Escándalo político y judicial

El escándalo ya provocó que Espert renunciara a su candidatura y pidiera licencia en la Cámara baja, aunque con goce de sueldo. Ayer, el Congreso aprobó por amplia mayoría (215 votos) la solicitud del juez Mirabelli para profundizar las medidas de prueba, incluyendo un eventual allanamiento en el despacho del legislador.

En paralelo, Espert enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, por los vuelos que realizó en aeronaves pertenecientes a Machado.

La situación de Machado

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es requerido por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. Esta semana, la Corte Suprema argentina autorizó finalmente la medida tras más de dos años de demora. El presidente Javier Milei anunció que firmará la extradición.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció en diálogo con TN, que sabían de las relaciones de José Espert y Fred Machado desde 2021 cuando les informó Estados Unidos.

En ese año, un informe secreto reveló que Machado, empresario argentino investigado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, aparecía vinculado al político Espert. “Al informe lo pasamos a la Justicia. Después lo supo todo el mundo porque tomó luz pública”, aseguró Bullrich.

“Pero lo que vos estás diciendo es que ya sabían con ese informe“, le recriminó Diego Sheikman a Bullrich. El gobierno sabía desde 2021 de las relaciones poco claras entre Espert y Machado y así y todo decidió hacerlo parte de su armado político en 2023 – es diputado libertario – y en 2025 le pidieron encabezar.

Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.

La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.

En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.

“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.

Ramos Padilla rechazó el pedido del partido para que Diego Santilli reemplazara a José Luis Espert y sostuvo la validez del orden original, en resguardo de la paridad de género.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, tras rechazar el pedido de la alianza oficialista para colocar en ese puesto a Diego Santilli.

La decisión se fundó en que el artículo 7 del Decreto 171/2019 —que prevé reemplazos de candidatos— no puede aplicarse cuando afecta la paridad de género establecida en el Código Electoral. En ese sentido, Ramos Padilla declaró inconstitucional la maniobra de sustitución y ordenó mantener el orden “ascendente y natural” de los postulantes tras la renuncia de José Luis Espert.

De esta forma, Reichardt —cuyo nombre legal es Karina Vázquez— ocupará el primer lugar, seguida por Santilli y Gladys Humenuk. El magistrado también aceptó las renuncias de Espert y de otras dos postulantes: Lucía Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (quinta suplente).

En su resolución, Ramos Padilla subrayó que modificar la cabeza de la lista hubiese implicado “una ventaja indebida para los candidatos varones” y un retroceso en materia de representación femenina. Por eso, recordó que la ley de paridad tiene como objetivo garantizar la participación igualitaria y no puede ser soslayada por acuerdos políticos.

La resolución judicial atendió además las objeciones presentadas por otras fuerzas, entre ellas la alianza Potencia y referentes del Frente Renovador, quienes reclamaron que se respete el orden de género y el criterio de reemplazo establecido por la legislación vigente.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo, en un clima social y económico de alta tensión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito del severo programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei dependerá en gran medida del respaldo de la sociedad. “En Europa Central y del Este tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara”, señaló la funcionaria, al subrayar la importancia de la confianza ciudadana en tiempos de ajuste.

Argentina atraviesa un proceso de estabilización económica marcado por una disciplina fiscal estricta, que el FMI considera ejemplar en su exigencia de cuentas públicas equilibradas y reformas estructurales profundas. Georgieva planteó que el acompañamiento social es un componente clave para la viabilidad de este plan, conocido como el “plan Caputo”, actualmente en la cuerda floja y sujeto a revisión en Washington.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo y la continuidad de su agenda reformista. Mientras tanto, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, cumple en la capital estadounidense su quinto día de reuniones estratégicas con el organismo y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a fin de agilizar un salvataje urgente para el gobierno

Aunque el FMI insiste en que el ajuste argentino puede consolidarse con apoyo popular, el escenario interno muestra evidentes señales de desgaste. El malestar social frente al costo del plan económico empieza a reflejarse en las encuestas y en las urnas, anticipando un desafío político para Milei: sostener la legitimidad de su programa frente a una población cada vez más desconforme con el rumbo económico y social.

José Luis Espert presentó este miércoles una nota formal a Martín Menem para pedir licencia, en medio del escándalo por el avance de la Justicia norteamericana contra su financista, el presunto narco Fred Machado. La licencia es con goce de sueldo: se aseguró 4 millones de pesos por mes hasta diciembre y no tendrá que ir a trabajar. Nada mal para el llamado “narcodiputado”.

El economista formuló un texto de dos líneas para explicar su apartamiento “por motivos particulares”. En rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, donde recayó la denuncia de Juan Grabois por sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el legislador oficialista terminó dando un paso al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja. Lejos quedaron los días en los que Espert pedía “cárcel o bala” para cualquier persona a la que consideraba delincuente, poniendose en una especie de vara moral de la sociedad.

Por suerte para él, el Congreso no actuó de la misma manera y no habrá ni bala ni cárcel para su situación, apremiada por un escándalo narco. Como se sabe, los dirigentes no peronistas no tienen que dar mayores explicaciones judiciales aunque les demuestren que cobraron 200 mil dólares de un empresario narco.

La Cámara Baja autorizó a la Justicia a avanzar en la investigación contra el legislador oficialista, acusado de haber recibido fondos del empresario detenido Fred Machado durante su campaña presidencial.

El escándalo que salpica al diputado nacional José Luis Espert sumó este miércoles un nuevo capítulo. En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados aprobó el pedido del juez federal Lino Mirabelli para avanzar en la causa que lo investiga por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido y acusado de narcotráfico internacional.

La solicitud judicial llegó al recinto por oficio del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a pedido del fiscal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa derivada de la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois. En el documento, se requirió autorización para realizar medidas procesales sobre Espert, dado que el legislador goza de fueros parlamentarios.

El pedido fue aprobado por amplia mayoría y marcó un quiebre político dentro del oficialismo. Varios legisladores libertarios se abstuvieron o se ausentaron del recinto, lo que fue interpretado como un gesto de distancia hacia el economista. “Cada vez más solo”, resumió un referente opositor al término de la votación.

Según la investigación, Espert habría recibido aportes de campaña de Machado durante las elecciones presidenciales de 2019. El empresario está detenido por lavado de dinero, contrabando y vínculos con redes narco de América Latina. La Justicia intenta determinar si esos fondos ingresaron de manera ilegal al financiamiento electoral de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que las próximas medidas se mantienen bajo secreto de sumario, aunque no se descarta que el diputado sea citado a declarar en los próximos días. En el entorno del legislador, por ahora, guardan silencio. Desde el espacio libertario, en tanto, nadie salió a respaldarlo públicamente, en una muestra clara de que el Gobierno decidió dejarlo librado a su suerte.