El presidente oficializó las normas votadas por el Congreso, aunque suspendió su aplicación con un artilugio administrativo que le permite desentenderse de su ejecución. Las universidades y hospitales seguirán esperando.
El gobierno de Javier Milei promulgó finalmente las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, pero dispuso que ambas queden congeladas hasta nuevo aviso. Amparado en un tecnicismo legal, el Ejecutivo decidió postergar su cumplimiento hasta que “la oposición indique de dónde saldrán los fondos”, una excusa que en los hechos anula la vigencia de las normas aprobadas por el Congreso.
Las resoluciones 759 y 760 publicadas en el Boletín Oficial convierten en letra muerta dos leyes destinadas a reforzar la educación pública y el sistema de salud infantil, mientras el gobierno celebra su “equilibrio fiscal” y desatiende el deterioro de ambos sectores. La maniobra, presentada como un gesto de “responsabilidad presupuestaria”, equivale a un nuevo veto encubierto frente a demandas sociales y sanitarias urgentes.
Con esta jugada, el Ejecutivo repite el libreto que ha caracterizado su gestión: desentenderse de las políticas públicas, trasladar responsabilidades y refugiarse en el lenguaje contable mientras la crisis educativa y hospitalaria se agrava. Las universidades, que debían recibir actualizaciones automáticas por inflación, seguirán funcionando al borde del colapso. Los hospitales pediátricos, que esperaban recursos para medicamentos, insumos y personal, continuarán en emergencia.
El gobierno que se autoproclama defensor de la libertad volvió a demostrar que su idea de libertad excluye la educación y la salud pública. Promulga las leyes, pero las congela; promete un futuro, pero detiene el presente. En su cruzada por “no gastar”, Milei parece dispuesto a recortar incluso lo más elemental: la posibilidad de estudiar y de curarse en la Argentina.