El avance del plan de concesiones viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei abre un nuevo escenario para las rutas argentinas: el país podría tener un peaje cada 97 kilómetros y tarifas hasta tres veces más altas que las actuales.
Así lo advirtió el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que denunció que el proyecto de la Red Federal de Concesiones significará un fuerte impacto para automovilistas y transportistas.
De acuerdo con el coordinador del Conaduv, Ricardo Lasca, el esquema oficial prevé sumar 54 nuevas estaciones de peaje a las 48 ya existentes, lo que marcaría un retorno al modelo de los años ’90, cuando la privatización del mantenimiento vial se expandió a gran escala. Según los cálculos de la entidad, los automóviles llegarían a pagar hasta $4.300 por cabina, mientras que los camiones de siete ejes podrían desembolsar cerca de $30.000 por cada pasada.
Un modelo cuestionado: más peajes, pocas obras
Para Lasca, el plan constituye “un régimen de impuesto al tránsito, no un verdadero sistema de peaje”, ya que los contratos de concesión contemplan únicamente “bacheo y corte de pasto, sin obras de ampliación ni mejoras estructurales”. En este contexto, advirtió que la red vial podría quedar estancada, sin inversiones de fondo que impulsen su modernización.
El dirigente también apuntó contra una contradicción del discurso oficial: “El Gobierno habla de libertad, pero estas concesiones se entregan sin caminos alternativos, lo que impide el libre tránsito y obliga al pago del peaje”.
Los fondos existen, pero se administran mal, según el Conaduv
Desde el comité sostienen que la falta de recursos no es el problema. Lasca recordó que el impuesto a los combustibles genera una recaudación superior a los 3.000 millones de dólares anuales, cifra que, bien administrada, permitiría construir 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, sin necesidad de peaje.
“El dinero está —afirmó—, lo que falta es gestión. Si son campeones de la economía, administren bien y terminen con este curro de los peajes”, concluyó.
Un futuro incierto para las rutas nacionales
Con este nuevo esquema de concesiones, la red vial argentina se encamina hacia una etapa de mayor presencia privada y tarifas crecientes, en un contexto donde persisten dudas sobre la transparencia, la eficiencia y el alcance real de las obras prometidas. El debate sobre quién debe financiar y gestionar las rutas —el Estado o las empresas concesionarias— vuelve así al centro de la discusión pública.