Por decreto: Los colegios privados podrán aumentar las cuotas y matrículas libremente

El Gobierno nacional dispuso, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la desregulación total de los aranceles de los colegios privados, otorgándoles la facultad de fijar libremente el valor de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado.

Se trata de un cambio histórico para el sistema educativo argentino: después de 30 años bajo control estatal, las instituciones privadas podrán establecer sus precios de manera autónoma, una medida que podría implicar aumentos significativos y mayores costos para las familias.

Fin de una regulación vigente desde 1993

El Decreto 787, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, elimina la obligación de comunicar y obtener autorización estatal antes de modificar los valores de las matrículas y cuotas.
De este modo, se deroga una norma instaurada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, que buscaba proteger a las familias ante contextos de alta inflación, de modo similar al control que rige sobre las prepagas.

Argumentos del Gobierno

Según el texto oficial, el esquema anterior “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”.
El Gobierno sostiene que la regulación “fue dictada en un contexto distinto”, cuando la educación aún dependía del Estado nacional y no de las provincias, y que la estructura de costos ha cambiado sustancialmente desde entonces.

Además, el decreto plantea que la intervención estatal, aunque buscaba garantizar la calidad educativa, “generó efectos contraproducentes que afectaron el funcionamiento y la viabilidad económica” de los establecimientos privados.

Impacto en las familias y el sistema educativo

Pese a las críticas que anticipan subas sin control, el Ejecutivo argumenta que el sistema anterior “perjudicaba a las familias”, al obligarlas a afrontar aranceles más altos al inicio del ciclo lectivo y limitar su capacidad de elegir colegios acordes a sus posibilidades económicas.

En el caso de las instituciones, se sostenía que la obligación de pedir autorización para los aumentos generaba incertidumbre y sobreprecios preventivos, ya que muchas fijaban cuotas más elevadas por temor a futuros costos no cubiertos.

Para el Gobierno, la liberalización busca evitar esa distorsión y permitir ajustes “graduales y realistas”. Así lo afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que con esta medida “se le dice chau a los saltos exorbitantes”, ya que los precios podrán acompañar la evolución de la economía sin sobrecargos ni demoras.

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