Mientras la inseguridad aumentaba y los recursos del Estado para prevención seguían desfinanciados, el gobierno de Javier Milei confirmó el envío de una reforma del Código Penal centrada en el endurecimiento de penas y en una doctrina que prioriza el castigo por encima de las garantías constitucionales.
En primer lugar, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa incluida en las reformas de “segundo orden” de Javier Milei. Desde Casa Rosada insistieron en que el objetivo era “poner orden donde antes reinaba la barbarie”, aun cuando la propia gestión mantenía áreas sensibles —como salud, educación y vivienda— bajo un ajuste constante que generaba más conflictividad social.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la propuesta y reivindicó “el enorme aporte” de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. Según él, la funcionaria había revertido un país “sumido en un baño de sangre”, con “piqueteros dueños de la calle” y “zonas liberadas”. El discurso oficial intentó instalar una narrativa de caos previo, aun cuando los propios datos del Gobierno habían mostrado que la violencia no disminuyó y que las fuerzas de seguridad ampliaron su margen de acción durante la gestión.
En el mismo tono, Bullrich afirmó que la reforma apuntaba a “dar vuelta la realidad de quiénes eran favorecidos por el sistema” y sostuvo que la nueva doctrina endurecería penas para delincuentes, violadores y asesinos. Sin embargo, la funcionaria evitó mencionar que el Ejecutivo recortó programas de prevención del delito, fortalecimiento comunitario y asistencia a víctimas, dejando expuestos los límites de un modelo que buscaba más castigo, pero menos inversión en políticas públicas.
Con el mismo ímpetu, el Gobierno adelantó que el proyecto incluía un esquema de agravamiento de penas y un capítulo específico para proteger a docentes, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Aunque el oficialismo lo presentó como un avance, especialistas advirtieron que sin recursos, capacitación judicial ni políticas de acompañamiento, el endurecimiento punitivo podía transformarse en una respuesta simbólica más que en una solución real.
Finalmente, el paquete también incorporó medidas para acelerar procesos judiciales y garantizar mayor ejecutabilidad de condenas. El Ejecutivo aseguró que la reforma permitiría “recuperar el orden, modernizar la Justicia y fortalecer la seguridad ciudadana”. No obstante, en un país donde el propio gobierno profundizaba la desigualdad y la violencia institucional, la apuesta por un Código Penal más duro parecía reforzar un patrón: menos Estado para derechos, más Estado para castigar.