El Gobierno avanzÃģ con la reforma del CÃģdigo Penal y busca endurecer penas en plena crisis social
Mientras la inseguridad aumentaba y los recursos del Estado para prevenciÃģn seguÃan desfinanciados, el gobierno de Javier Milei confirmÃģ el envÃo de una reforma del CÃģdigo Penal centrada en el endurecimiento de penas y en una doctrina que prioriza el castigo por encima de las garantÃas constitucionales.
En primer lugar, el Gobierno confirmÃģ que enviarÃĄ al Congreso su proyecto de reforma integral del CÃģdigo Penal, una iniciativa incluida en las reformas de âsegundo ordenâ de Javier Milei. Desde Casa Rosada insistieron en que el objetivo era âponer orden donde antes reinaba la barbarieâ, aun cuando la propia gestiÃģn mantenÃa ÃĄreas sensibles âcomo salud, educaciÃģn y viviendaâ bajo un ajuste constante que generaba mÃĄs conflictividad social.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendiÃģ la propuesta y reivindicÃģ âel enorme aporteâ de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. SegÚn ÃĐl, la funcionaria habÃa revertido un paÃs âsumido en un baÃąo de sangreâ, con âpiqueteros dueÃąos de la calleâ y âzonas liberadasâ. El discurso oficial intentÃģ instalar una narrativa de caos previo, aun cuando los propios datos del Gobierno habÃan mostrado que la violencia no disminuyÃģ y que las fuerzas de seguridad ampliaron su margen de acciÃģn durante la gestiÃģn.
En el mismo tono, Bullrich afirmÃģ que la reforma apuntaba a âdar vuelta la realidad de quiÃĐnes eran favorecidos por el sistemaâ y sostuvo que la nueva doctrina endurecerÃa penas para delincuentes, violadores y asesinos. Sin embargo, la funcionaria evitÃģ mencionar que el Ejecutivo recortÃģ programas de prevenciÃģn del delito, fortalecimiento comunitario y asistencia a vÃctimas, dejando expuestos los lÃmites de un modelo que buscaba mÃĄs castigo, pero menos inversiÃģn en polÃticas pÚblicas.
Con el mismo Ãmpetu, el Gobierno adelantÃģ que el proyecto incluÃa un esquema de agravamiento de penas y un capÃtulo especÃfico para proteger a docentes, niÃąas, niÃąos, adolescentes y personas mayores. Aunque el oficialismo lo presentÃģ como un avance, especialistas advirtieron que sin recursos, capacitaciÃģn judicial ni polÃticas de acompaÃąamiento, el endurecimiento punitivo podÃa transformarse en una respuesta simbÃģlica mÃĄs que en una soluciÃģn real.
Finalmente, el paquete tambiÃĐn incorporÃģ medidas para acelerar procesos judiciales y garantizar mayor ejecutabilidad de condenas. El Ejecutivo asegurÃģ que la reforma permitirÃa ârecuperar el orden, modernizar la Justicia y fortalecer la seguridad ciudadanaâ. No obstante, en un paÃs donde el propio gobierno profundizaba la desigualdad y la violencia institucional, la apuesta por un CÃģdigo Penal mÃĄs duro parecÃa reforzar un patrÃģn: menos Estado para derechos, mÃĄs Estado para castigar.










