Un informe de CIPPEC que circula en el Ministerio de Economía propone cambios estructurales en jubilaciones, pensiones por fallecimiento y cajas profesionales, con el objetivo de reducir el gasto previsional en medio del ajuste fiscal.
El Ministerio de Economía analiza una profunda reconfiguración del sistema previsional a partir de una propuesta elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que sugiere eliminar regímenes diferenciales, integrar las cajas profesionales al esquema general y aplicar fuertes modificaciones a las pensiones por viudez. La iniciativa apunta a un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.
Uno de los cambios más sensibles afecta a las pensiones derivadas. El documento plantea que el beneficio deje de ser permanente para los cónyuges jóvenes y pase a ser temporario, con plazos que varían según la edad del beneficiario. En el caso de personas menores de 30 años, la cobertura se extendería solo por dos años. Además, se propone limitar el cobro simultáneo de pensión y jubilación, permitiendo un único componente básico.
El diagnóstico que sustenta la propuesta califica al sistema previsional argentino como costoso, regresivo e ineficiente. Entre los principales problemas señala la existencia de casi 200 regímenes de excepción, la duplicación de beneficios y las jubilaciones anticipadas que alcanzan a millones de personas. Según el estudio, el país destina alrededor del 10% del PBI a financiar jubilaciones, un nivel similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas.
En materia de haberes, se impulsa un nuevo esquema conformado por una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, y una prestación proporcional calculada sobre el total de los aportes realizados durante la vida laboral. De ese modo, se elimina el requisito de 30 años de aportes y se reemplaza el cálculo basado en los últimos diez años de salario.
Otro punto central es la equiparación de la edad jubilatoria entre mujeres y varones. La propuesta prevé que, en un plazo de diez años, la edad mínima femenina se eleve gradualmente de 60 a 65 años. También se sugiere un ajuste automático de la edad de retiro para toda la población en función de la expectativa de vida.
El proyecto incluye además la unificación de los regímenes por invalidez y la absorción de las pensiones no contributivas dentro del sistema contributivo. En paralelo, se plantea la eliminación de las cajas profesionales y su integración al régimen general, con reglas uniformes para todos los trabajadores.
Las reformas evaluadas se enmarcan en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipan un fuerte debate político y social por el impacto directo que tendrían sobre jubilados y futuros beneficiarios.