Un relevamiento empresario advierte que más de la mitad de las pequeñas y medianas firmas trabaja sin rentabilidad, el empleo sigue cayendo y aumentan las dificultades para sostener la actividad por la baja de ventas y el alza de costos.

La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa deteriorándose y vuelve a encender señales de alarma en el entramado productivo: más del 13% de los empresarios reconoce que existe la posibilidad concreta de cerrar su negocio antes de que termine el año, en un contexto marcado por el desplome del consumo, la pérdida de empleo y márgenes de ganancia prácticamente inexistentes.

Según un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), seis de cada diez pymes operan hoy sin resultados positivos y cerca del 25% asegura que trabaja a pérdida. La suba de costos supera a los aumentos de precios y obliga a muchas firmas a endeudarse no para invertir, sino para sostener el funcionamiento corriente y cumplir con obligaciones básicas.

El impacto sobre el empleo ya es visible. En los últimos meses se profundizó la destrucción de puestos de trabajo registrados y el retroceso de empresas activas. Los datos oficiales muestran una caída sostenida en la cantidad de empleadores, con una retracción particularmente fuerte en el sector industrial.

El estudio también revela que casi nueve de cada diez empresas afrontaron aumentos de costos, mientras que tres de cada cuatro trasladaron parte de esos incrementos a precios, aunque sin lograr compensar la inflación. La brecha entre ingresos y gastos terminó por erosionar aún más la rentabilidad y agravó los problemas de liquidez.

La fragilidad financiera se refleja además en la cadena de pagos. Más de la mitad de las pymes denunció plazos de cobro más largos por parte de sus clientes y un aumento en los incumplimientos. En promedio, las firmas cobran a 37 días y pagan a sus proveedores a 30, una ecuación que estrecha aún más el capital de trabajo.

El presidente de ENAC, Diego Ojeda, advirtió que “la mayoría de las empresas tuvo que aumentar precios, pero aun así no logra cubrir la suba de los costos, lo que las empuja a perder rentabilidad y a trabajar por debajo del punto de equilibrio”.

Las ventas tampoco muestran signos de recuperación. Una proporción significativa de empresas reportó caídas de dos dígitos en las unidades vendidas durante el último trimestre, con un impacto más severo en la industria y el comercio. La utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles bajos, otro indicador de la recesión que atraviesa el sector.

De cara a los próximos meses, las expectativas siguen siendo mayoritariamente negativas. La mayoría de los empresarios anticipa un empeoramiento de la economía, no prevé incorporar personal y descarta nuevas inversiones. Entre los principales factores que explican el freno aparecen la retracción del mercado interno, la baja rentabilidad y el avance de las importaciones.

Desde el sector insisten en la necesidad de medidas de emergencia. “Hace tiempo que advertimos sobre la pérdida de miles de pymes y reclamamos una ley que atienda esta situación, pero la agenda oficial va por otro lado”, señaló Ojeda.

Un informe de CIPPEC que circula en el Ministerio de Economía propone cambios estructurales en jubilaciones, pensiones por fallecimiento y cajas profesionales, con el objetivo de reducir el gasto previsional en medio del ajuste fiscal.

El Ministerio de Economía analiza una profunda reconfiguración del sistema previsional a partir de una propuesta elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que sugiere eliminar regímenes diferenciales, integrar las cajas profesionales al esquema general y aplicar fuertes modificaciones a las pensiones por viudez. La iniciativa apunta a un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.

Uno de los cambios más sensibles afecta a las pensiones derivadas. El documento plantea que el beneficio deje de ser permanente para los cónyuges jóvenes y pase a ser temporario, con plazos que varían según la edad del beneficiario. En el caso de personas menores de 30 años, la cobertura se extendería solo por dos años. Además, se propone limitar el cobro simultáneo de pensión y jubilación, permitiendo un único componente básico.

El diagnóstico que sustenta la propuesta califica al sistema previsional argentino como costoso, regresivo e ineficiente. Entre los principales problemas señala la existencia de casi 200 regímenes de excepción, la duplicación de beneficios y las jubilaciones anticipadas que alcanzan a millones de personas. Según el estudio, el país destina alrededor del 10% del PBI a financiar jubilaciones, un nivel similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas.

En materia de haberes, se impulsa un nuevo esquema conformado por una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, y una prestación proporcional calculada sobre el total de los aportes realizados durante la vida laboral. De ese modo, se elimina el requisito de 30 años de aportes y se reemplaza el cálculo basado en los últimos diez años de salario.

Otro punto central es la equiparación de la edad jubilatoria entre mujeres y varones. La propuesta prevé que, en un plazo de diez años, la edad mínima femenina se eleve gradualmente de 60 a 65 años. También se sugiere un ajuste automático de la edad de retiro para toda la población en función de la expectativa de vida.

El proyecto incluye además la unificación de los regímenes por invalidez y la absorción de las pensiones no contributivas dentro del sistema contributivo. En paralelo, se plantea la eliminación de las cajas profesionales y su integración al régimen general, con reglas uniformes para todos los trabajadores.

Las reformas evaluadas se enmarcan en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipan un fuerte debate político y social por el impacto directo que tendrían sobre jubilados y futuros beneficiarios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves de la habitual ronda de las Madres de Plaza de Mayo, ocasión en la que también se conmemorará el cumpleaños de una de sus referentes más importantes, Hebe de Bonafini, fallecida el 20 de noviembre de 2022.

“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaron desde su cuenta en las redes sociales.

La ronda dará comienzo a las 15:30 en torno a la Pirámide de Mayo situada en el centro de la Plaza, y contará, además, con la participación de la (ex) rectora de la Universidad de las Madres (UNMA) Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias, quien asistirá junto a otras madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

También, se anunciará el lanzamiento de la Cátedra Libre ‘Hebe de Bonafini’ a las 17:30hs., actuará el Coro EcuNHi, perteneciente al Espacio Cultural Nuestros Hijos y dirigido por Eduardo Ferraudi; el cierre musical a cargo del grupo Aguafuertes y habrá un invitado sorpresa.

“Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la Plaza. ¡Ni un paso atrás!”, concluyeron en un comunicado las integrantes de Madres de Plaza de Mayo.

La crisis industrial en Argentina se profundizó de manera acelerada bajo la presidencia de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19.164 empresas, lo que equivale a casi 30 firmas por día, y se destruyeron 276.000 empleos formales.

La apertura indiscriminada de importaciones, combinada con la ausencia de un plan productivo que sostenga a las pymes y a la industria nacional, está erosionando el tejido productivo y reconfigurando el mercado laboral con efectos duraderos.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analizados por el CEPA, muestran que la caída de la demanda interna, el derrumbe del consumo y la competencia de productos importados desplazan a miles de empresas locales, especialmente pymes orientadas al mercado interno. Al ritmo actual, el país pierde 432 empleos registrados por día desde el ballotage de 2023.

A este panorama se suma el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA), que registró en agosto una nueva caída del empleo asalariado formal: 33.000 puestos menos respecto a 2024. El acumulado entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 alcanza 224.000 bajas, con Buenos Aires y CABA como los distritos más golpeados.

Pymes en caída libre y avance de la precarización

“La demanda agregada depende en gran medida del consumo interno, que representa entre el 60% y 70% de la economía. El Gobierno recortó salarios reales, jubilaciones y poder adquisitivo; sin consumo, no hay recuperación posible”, explicó el economista Nicolás Taiariol (CEPA).

Según el especialista, las empresas que más cierran son pymes vinculadas al mercado interno: comercio, servicios, logística, construcción y actividades administrativas. Pero el impacto no siempre aparece de inmediato en las cifras de desempleo formal: crecen las changas, el cuentapropismo forzado y el trabajo sin registrar.

El deterioro de la calidad laboral también fue detectado por el Centro CIFRA-CTA, que registró un aumento de 338.800 trabajadores no asalariados en dos años. El caso Whirlpool se convirtió en símbolo: mientras avanzaban los despidos, muchos trabajadores completaban formularios para apps de reparto o transporte.

Despidos en multinacionales y la ola importadora: plantas que cierran para reemplazar producción por bienes extranjeros

El proceso de desindustrialización se aceleró durante octubre y noviembre de 2025. La multinacional Whirlpool cerró su planta de Pilar, despidió a 220 empleados y reemplazó producción nacional por importaciones asiáticas. En Rosario, Electrolux mantiene suspensiones que afectan a 400 trabajadores.

La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo (Córdoba) y despidió a 200 personas, mientras que en Pilar la estadounidense Magnera dejó sin empleo a 100 trabajadores. El sector textil sufre un impacto aún más profundo: 333 empresas cerradas y 14.000 empleos perdidos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según ProTejer.

La industria metalúrgica, por su parte, perdió 60.000 puestos, con una utilización de capacidad instalada del 44,3%, niveles comparables a la pandemia. En Santa Fe, la fábrica DBT-Cramaco directamente abandonó la producción para convertirse en una distribuidora de productos importados desde China, mientras la importación de bienes metalúrgicos terminados creció 70% en 2025.

Cadenas comerciales también retroceden: cierres de locales de Cencosud, Yaguar y Frávega suman más despidos, y la quiebra de La Suipachense y ARSA dejó a 540 familias sin ingresos. En Tierra del Fuego, la electrónica enfrenta un futuro incierto ante la eliminación total de aranceles a celulares importados desde enero.

Crisis del empleo y dudas sobre los “sectores del futuro”

Para Matías Ghidini, especialista en mercado laboral, el mercado “está trabado y en retroceso”, con despidos selectivos y una recuperación que “será lenta y dependerá de reformas laborales pendientes”. Aunque minería, hidrocarburos, finanzas y sectores digitales aparecen como polos de crecimiento, su capacidad para absorber la pérdida industrial es limitada.

Federico Machado (Consultora Open) anticipa “un desempleo mayor al de los últimos años” y advierte que la destrucción industrial no será compensada por los sectores ganadores del modelo exportador.

El presidente de APYME, Julián Moreno, resume el cuadro: “El resultado electoral confirmó un camino de desindustrialización. Se profundiza la recesión en todas las actividades vinculadas al mercado interno. Los cierres y despidos se multiplican sin que exista un horizonte alternativo. Es lamentable”.

Los diputados bonaerenses aprobaron esta madrugada el proyecto de Ley de Financiamiento enviado a la Legislatura por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. De esta manera, la provincia accede a deuda por casi 4 mil millones de dólares y así podrá afrontar vencimientos que quedaron de la gestión de María Eugenia Vidal.

Minutos después de la 1.30 de hoy, y tras muchas horas de negociación entre el gobierno y la oposición, se votó en la Cámara baja la iniciativa oficial y logró los votos necesarios para la media sanción. De esta manera, el peronismo logró sacar tres leyes clave antes de fin de año. Había riesgo de default si no se aprobaba el financiamiento.

Minutos antes de la medianoche habían ingresado al recinto para confirmar la realización de la doble sesión para tratar el proyecto enviado por el mandatario. Acordaron un cuarto intermedio hasta la 1.30, para terminar de darle forma a un texto de consenso que permitiera sancionar la ley.

La diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde comunicó al presidente Javier Milei que no asumirá la banca en el Senado y justificó la decisión al denunciar que fue “víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas”. “No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, sentenció en una carta dirigida al Presidente de la Nación. 

La decisión la tomó apenas un día después de retirar la renuncia a su banca en Diputados, donde seguirá ocupando su escaño frente al escenario de rechazo que enfrentaba en la Cámara alta. La oposición había devuelto su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales y advertido vínculos con el narcotráfico, lo que evidenció que no contaba con los votos para jurar.

El retroceso dejó expuesto el aislamiento interno: incluso Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, avaló que su designación regresara a comisión. En paralelo, voces del oficialismo deslizaron que la diputada “tiene mucho que explicar ante la opinión pública”, en línea con cuestionamientos que ya habían tensado su desembarco.

Finalmente, la narcocandidata decidió bajar su candidatura con una carta en la que dijo que no “le importaban los cargos”. Mintió: decidió mantener su lugar como diputada. Cobrará cerca de 10 millones de pesos mensuales.