Un informe de organismos de derechos humanos advierte que la gestión de Javier Milei impulsa un ataque sistemático al consenso democrático construido desde 1983, a través de recortes, despidos y una ofensiva revisionista contra el legado del Nunca Más.
El Gobierno de Javier Milei despliega una ofensiva inédita contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y pone bajo asedio el consenso democrático que se consolida tras el fin de la última dictadura cívico-militar. Así lo señala un informe elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, que advierte sobre el carácter sistemático de las medidas impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.
En el mismo sentido, el documento sostiene que el Ejecutivo avanza con una estrategia sostenida que combina recortes presupuestarios, desmantelamiento de políticas públicas y una disputa discursiva de carácter revisionista. Los organismos alertan que la apelación oficial a una supuesta “memoria completa” funciona como un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de cuestionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido durante más de cuatro décadas.
Más adelante, el informe detalla un profundo vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos es degradada a subsecretaría, se reduce su planta en un 40 por ciento y se despide a abogados que actúan como querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. A su vez, se desmantelan programas clave, se retira el acompañamiento a testigos y se interrumpe la asistencia al Poder Judicial, lo que profundiza las demoras en las causas en trámite.
Con el mismo ímpetu, los organismos denuncian la eliminación de equipos estatales encargados de investigar el accionar represivo, la degradación del Archivo Nacional de la Memoria y la pérdida de facultades para acceder a archivos militares. Los sitios de memoria también son alcanzados por el ajuste, con despidos, reducción de horarios y cierre de espacios culturales, incluso en lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad.
Finalmente, el informe alerta sobre el impacto directo de estas decisiones en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura. La eliminación de unidades de investigación, la reducción de personal en la Conadi y el debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos favorecen un escenario de mayor impunidad. Frente a este panorama, los organismos remarcan que las políticas de memoria siguen en pie gracias al respaldo social y advierten que, de cara a los 50 años del golpe de Estado, la disputa por el sentido del pasado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, por más que a Milei y su gobierno les moleste.