El Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen indemnizatorio del personal de casas particulares, con exclusiones del Fondo de Asistencia Laboral, topes al cobro y nuevas facilidades para el despido.
El Gobierno de Javier Milei avanza con la reforma laboral y pone en la mira a las empleadas domésticas y a los trabajadores de casas particulares, que verán modificado su régimen indemnizatorio. De aprobarse la llamada Ley de Modernización Laboral (ML), este sector queda excluido del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado para reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones.
En ese marco, a diferencia de la mayoría de los empleadores del sector privado, los empleadores de casas particulares no estarán obligados a aportar el 3% mensual del salario para cubrir futuras indemnizaciones. Esta exclusión deja a las trabajadoras domésticas fuera del esquema general que propone la reforma y consolida un trato desigual y regresivo en materia de derechos laborales.
Más adelante, la iniciativa también introduce cambios en la actualización de los créditos laborales. El artículo 70 de la Ley 26.844 es sustituido para establecer que las indemnizaciones y demás créditos reclamados se ajusten según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%, en línea con lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. En paralelo, los artículos 277 y 278 habilitan que, en caso de juicio laboral, un juez pueda autorizar el pago de la indemnización en hasta doce cuotas consecutivas, diluyendo el impacto del resarcimiento para la trabajadora.
Con el mismo ímpetu, la reforma avanza sobre el propio concepto de indemnización. El Fondo de Asistencia Laboral, presentado como una modernización, rompe con el sistema vigente y traslada el costo del despido al trabajador, ya que se financia con un aporte obligatorio del 3% del salario. Además, el proyecto establece un período de carencia de seis meses, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización alguna. Aunque el régimen de casas particulares queda formalmente excluido del FAL, los cambios impulsados por el Gobierno recortan derechos, debilitan la protección laboral y refuerzan la precarización, una vez más, por más que a Milei y su gobierno les moleste.