Gobernador de Tierra del Fuego denunció una “intervención encubierta” sobre la provincia 

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.

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