El histórico secretario general de los metrodelegados falleció este jueves. Desde la AGTSyP lo despidieron con profundo dolor: “¡Hasta la victoria siempre!”.

El sindicalismo argentino despide a uno de sus dirigentes más carismáticos y combativos. Roberto “Beto” Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (metrodelegados), falleció dejando un vacío en la militancia porteña. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada oficialmente por voceros sindicales. A través de sus redes sociales, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro publicó un emotivo mensaje: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Pianelli fue recordado por sus compañeros como “uno de los mejores sindicalistas de nuestra época”, destacándose por su lealtad a los ideales, su capacidad de formación y una militancia política activa que nunca abandonó.

De Flores al sindicalismo combativo

Criado en el barrio de Flores, Pianelli tuvo su despertar político en plena dictadura militar, una época que lo marcó a fuego entre el miedo y la rebeldía juvenil. Se salvó de ir a la Guerra de Malvinas por tener un número bajo en el sorteo, pero la coyuntura del país lo empujó a la militancia, primero acercándose a la izquierda a través de lecturas de Trotsky y luego consolidando su perfil en el gremialismo.

Su historia en el transporte subterráneo comenzó en 1994, cuando ingresó como boletero de la línea E en pleno menemismo. Ante la ola de despidos y la falta de representación, comenzó a organizar a sus compañeros desde la base, gestando lo que luego sería el sindicato de los Metrodelegados.

La batalla contra la burocracia

Su liderazgo se forjó en la confrontación directa con la conducción de la UTA, a la que desafió denunciando métodos violentos y patoteriles. “Teníamos que parar los traslados, nos juntamos todas las líneas y lo logramos”, recordaba sobre aquella primera victoria que cimentó su conducción.

Fanático de Boca y lector voraz, en su oficina convivían fotos de Cristina Kirchner, Lula da Silva y El Eternauta. En sus últimas apariciones públicas, se había mostrado preocupado por el avance de la derecha, advirtiendo que el escenario político venía “como un tren acelerando”.

En medio de un escándalo que sigue creciendo, el Gobierno sigue sin brindar explicaciones claras sobre el destino de 5.000 millones de dólares en oro físico pertenecientes al Banco Central.

Mientras el Ejecutivo intenta cerrar el año con anuncios positivos sobre la marcha de la economía, el caso del oro del Banco Central se convirtió en uno de los temas más polémicos del momento político y financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, continúan rehusándose a dar explicaciones precisas sobre el paradero y el uso de 5.000 millones de dólares en lingotes de oro que fueron trasladados fuera del país.

La operación, que consistió en cargar lingotes de oro en un avión comercial para llevarlos al exterior, no dejó contratos formales ni documentación pública que respalde la transacción, según fuentes vinculadas a la auditoría y al análisis de las reservas. El vacío de información oficial generó una fuerte reacción de economistas, sectores de la oposición y especialistas en finanzas internacionales.

En declaraciones públicas, tanto Milei como Caputo se limitaron a asegurar que la operación forma parte de maniobras de gestión de reservas, pero no ofrecieron detalles concretos sobre quién autorizó el movimiento, con qué contrapartes se hizo ni cuál fue el destino final de esos activos. Esta ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre la intención detrás de la decisión y pone en cuestión la estrategia del Banco Central bajo el actual gobierno.

Los críticos del Ejecutivo advierten que la falta de documentación contractual y de explicaciones claras no solo contradice estándares básicos de administración de activos públicos, sino que además expone la economía argentina a riesgos innecesarios en un contexto de fragilidad macroeconómica. La transparencia en el manejo de las reservas es clave para la confianza de mercados e inversores, sostienen.

El caso del oro se suma a una serie de otros debates sobre la gestión de las reservas internacionales y el manejo de activos estratégicos del Estado, un terreno que ya venía siendo cuestionado por la comunidad económica debido a la magnitud de las operaciones realizadas sin información pública suficiente.

Con el avance de 2026 y el inicio del nuevo periodo legislativo, la controversia por el destino del oro del Banco Central promete seguir en la agenda pública, con llamados desde distintos sectores a que el Gobierno brinde respuestas claras y documentación respaldatoria sobre una operación que, hasta ahora, permanece opaca.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina enfrenta serias denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para las centrales nucleares, con contratos de limpieza y software con sobreprecios que superan el 140% y hasta el 1000%, desatando una crisis interna y pedidos de auditoría.

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, quedó nuevamente en el ojo de una tormenta tras una serie de denuncias por posibles sobreprecios millonarios en contratos y adquisiciones, según presentaciones realizadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y personal técnico dentro de la propia empresa.

La primera denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de las centrales nucleares, en la que se cuestionó que la contratación de una empresa se realizara con un valor casi 140% mayor que el histórico pagado por servicios similares, lo que generó sospechas de irregularidades en el proceso y favorecimiento de determinados proveedores.

A eso se sumó una nueva denuncia por la adquisición de un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando, de acuerdo con cálculos sindicales y de mercado, su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación de la compra y una auditoría completa para investigar las condiciones en que se concretó esa operación.

Las acusaciones no quedaron solo en números: desde adentro de la empresa se advirtió sobre intentos de modificar informes técnicos y justificar ofertas más caras con intervenciones de áreas sin competencia específica, lo que derivó en la presentación de escritos ante el Comité de Integridad de la compañía para alertar sobre posibles presiones y prácticas irregulares.

La controversia generó tensiones internas y llevó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la licitación cuestionada y apartar a dos gerentes clave designados por Reidel, mientras persiste el debate sobre la conducción y la transparencia en una empresa estratégica para la producción energética.

Reidel, economista y estrecho colaborador dentro del círculo del presidente Javier Milei, se consolidó como uno de los funcionarios con mayor influencia en el sector energético y nuclear, pero estas denuncias ponen en foco sus decisiones administrativas y la gestión de recursos públicos en un contexto donde la sociedad reclama mayor control y rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei escaló al máximo la pelea contra el empresario Paolo Rocca tras la polémica por la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro y amenazó a Techint con la quiebra. ¿Dirá lo mismo de los empresarios amigos, como Elsztain, que viven de negocios generados por el Estado hace décadas?

El presidente habló ante sus fanáticos en la Derecha Fest y redobló los dardos contra Rocca, a quien más temprano había llamado “Don Chatarrín”.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, lanzó Milei a modo de advertencia.

“No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó Milei.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto.

La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas. pic.twitter.com/bijr8C9w2Z

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron las obras que se llevan adelante en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde avanza la construcción del cuarto carril en el tramo que une Avellaneda con Berazategui.

Durante la visita, de la que también participaron autoridades de AUBASA y funcionarios provinciales, ambos supervisaron el progreso de una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana, utilizado diariamente por más de 200 mil vehículos.

En ese marco, Kicillof remarcó la importancia de la ampliación y sostuvo que quienes transitan habitualmente la autopista “conocen la relevancia del cuarto carril que se está construyendo”, una obra que permitirá agilizar los viajes hacia La Plata y reforzar la seguridad vial.

Quienes transitan por la Autopista Buenos Aires-La Plata saben la importancia que tiene el cuarto carril que estamos construyendo para que los más de 200 mil vehículos que circulan a diario lo hagan de manera más ágil y segura. https://t.co/ajAFQdeYWP pic.twitter.com/uq2jtkJMiG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 28, 2026

La intervención contempla una extensión total de 20 kilómetros, desde el kilómetro 11 hasta el 30, y se ejecuta principalmente en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el tránsito. Los trabajos se desarrollan de lunes a viernes entre las 20 y las 6 de la mañana, lo que permite mantener operativa la autopista durante el día.

La inversión prevista para esta etapa alcanza casi 26 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado en 15 meses. Desde el Gobierno bonaerense anticiparon que la obra podría finalizar en abril del próximo año, constituyéndose como una de las intervenciones viales más relevantes de las últimas dos décadas en este corredor.

Según informó AUBASA, la construcción del cuarto carril busca eliminar el denominado “efecto embudo” que se produce cuando la autopista pasa de cuatro a tres carriles, especialmente en el tramo comprendido entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, donde suelen registrarse demoras tanto en horarios pico como durante fines de semana largos.

El proyecto forma parte del plan de obras 2024–2027 impulsado por la empresa estatal, que prevé una inversión de 21,4 millones de dólares en su primera etapa y una finalización proyectada para febrero de 2027. Además del nuevo carril, se incluyen tareas de repavimentación, renovación de la carpeta asfáltica y nueva demarcación, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

Los trabajos están a cargo de dos consorcios: Kavos SA–C&E Construcciones en el tramo del kilómetro 11,4 al 20, y Pelque SA–Briales SA en el sector que se extiende hasta el kilómetro 30,42.

Con la incorporación del cuarto carril, las autoridades esperan una mejora sustancial en el flujo vehicular, beneficiando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga que utiliza esta autopista clave para conectar puertos y centros productivos del sur bonaerense.

Obras recientes en la Autopista Buenos Aires–La Plata

En los últimos años, la autopista fue escenario de distintas intervenciones orientadas a modernizar su infraestructura. Entre las más destacadas se encuentra la construcción del distribuidor de Villa Elisa, que permitió ordenar el tránsito en una zona históricamente congestionada.

También se realizaron repavimentaciones integrales en varios tramos, con nueva demarcación e instalación de luminarias LED para reforzar la seguridad nocturna. A esto se sumaron mejoras en señalización, iluminación, cámaras de videovigilancia y trabajos de mantenimiento en peajes y zonas de descanso.

Estas acciones buscan consolidar una circulación más segura y eficiente en una vía estratégica que conecta la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos distritos del sur de la provincia.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo subió 2,8%, mientras que en la provincia el ajuste alcanzó el 4,5% desde el 1° de febrero. El boleto mínimo en territorio bonaerense pasó a $721,08 y los tramos más largos superaron los $980. En paralelo, el subte en CABA también registró una suba y el pasaje con SUBE registrada se ubicó en $1.336, en un contexto de tensión con el sector y negociaciones salariales aún abiertas. ¿Será cierto que la inflación es tema del pasado como dice el gobierno de Javier Milei?

Los alquileres volvieron a mostrar incrementos significativos, con un impacto desigual según el tipo de contrato. Aquellos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tuvieron un ajuste anual del 34,6% según el Índice de Contratos de Locación. En los contratos firmados tras el DNU, los aumentos trimestrales, cuatrimestrales o semestrales oscilaron entre el 6% y casi el 13%, lo que llevó los valores mensuales por encima de los $540.000 en muchos casos, reseñó Política Argentina.

El último golpe a la clase media se lo dará la medicina prepaga que aplicó en febrero una suba de hasta 2,8% en las cuotas, que también alcanzó a los copagos. Las empresas informaron los nuevos valores a sus afiliados y el ajuste se sumó a una seguidilla de incrementos mensuales que, en los últimos dos años, reconfiguró el acceso al sistema privado.

Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

El fuerte crecimiento de las compras de argentinos en plataformas asiáticas, impulsado por la apertura de importaciones decretada por Javier Milei, encendió alarmas en el comercio electrónico local. En ese contexto, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

La empresa presentó una denuncia ante la Secretaría de Comercio por presunta publicidad engañosa. Según señalaron desde Mercado Libre, Temu ofrece descuentos extremos —de entre 80% y 100%— que no serían reales, ya que para acceder a ellos el usuario debe cumplir condiciones adicionales que no se informan desde el inicio.

El área que conduce Pablo Lavigne, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, hizo lugar al planteo de Galperín y dispuso una medida preventiva para que Temu retire esos mensajes promocionales tanto en sus propios canales digitales como en los de terceros.

Sin embargo, la compañía china respondió rápidamente y recurrió a la Justicia para suspender la resolución oficial.

La irrupción de Temu y Shein representa el desafío más serio para Mercado Libre en años. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras de argentinos en estas plataformas alcanzaron los 789 millones de dólares hasta noviembre pasado, con un crecimiento interanual de casi 292%.

Pese a este avance, Galperín había intentado minimizar públicamente el impacto. En noviembre aseguró que no le preocupaba la competencia china y que Mercado Libre podía enfrentarlos como lo hace en otros mercados de la región. Sin embargo, en paralelo avanzaba con la denuncia ante Comercio, buscando una intervención estatal que limite el crecimiento de los gigantes asiáticos.