Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política deliberada de abandono del ferrocarril como servicio público.
El sistema ferroviario de pasajeros de media y larga distancia atraviesa un proceso acelerado de desinversión, recorte de servicios y pérdida de usuarios que se profundizó bajo la actual administración libertaria. Así lo advierte un informe del Observatorio Social del Transporte (OST), que describe un retroceso histórico en la presencia del tren en el interior del país.
Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política de abandono progresivo del ferrocarril como servicio público. En ese marco, la declaración de la Emergencia Ferroviaria le otorgó al Estado facultades excepcionales para suspender o eliminar servicios bajo el argumento del deterioro de la infraestructura, un deterioro que el propio Estado dejó avanzar.
Como resultado de esta política, dejaron de funcionar numerosos servicios de larga distancia que garantizaban conectividad y transporte accesible a miles de personas. Entre ellos se cuentan los trenes Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó —recortado hasta Bragado—, Retiro–Tucumán y Retiro–Córdoba, además del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca, cuya no reanudación fue oficializada por esta gestión. También se eliminó el servicio expreso de fines de semana entre Retiro y Rosario, uno de los pocos que aún mantenía competitividad en tiempos de viaje.
El ajuste no se limitó a los trenes de larga distancia. El OST señaló que servicios regionales y turísticos clave para las economías locales también fueron dados de baja, entre ellos General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández, Rosario–Cañada de Gómez, Mercedes–Tomás Jofré y el regional Córdoba–Villa María. En varios casos, las suspensiones se justificaron con problemas de infraestructura que nunca fueron reparados, dejando los servicios sin fecha de regreso.
Eduardo Toniolli, ex diputado nacional y vocero del Observatorio, calificó este proceso como una “degradación planificada”. “El sistema se deja deteriorar deliberadamente para que, cuando llegue el cierre definitivo de los servicios, los usuarios ya no se quejen”, advirtió. En declaraciones televisivas, remarcó además que 2025 fue el año con menor cantidad de pasajeros, excluyendo 2020, cuando los trenes estuvieron paralizados por la pandemia.
Los números confirman el impacto del ajuste: entre 2024 y 2025 la cantidad de pasajeros de trenes de larga distancia y regionales cayó un 25%, y la baja alcanza el 37,4% si se compara con 2023. Mientras en 2024 se registraron unos 260.000 usuarios, en 2025 la cifra descendió a 190.000.
Desde el OST explicaron que esta caída no es consecuencia de una supuesta falta de interés social por el tren, sino del desmantelamiento del servicio: falta de inversión en mantenimiento, retiro de material rodante, cancelación de frecuencias y pérdida de confiabilidad. Toniolli puso como ejemplo el tren Rosario–Cañada de Gómez, donde “Trenes Argentinos fue retirando locomotoras y reduciendo servicios desde agosto hasta darlo de baja definitivamente en noviembre”.
Una situación similar, alertó, se vive en el tren Rosario–Retiro, que aún opera pero en condiciones cada vez más precarias, con viajes que superan las siete horas y que ya ni siquiera llegan a la terminal de Retiro, finalizando en Colegiales.
La combinación de servicios degradados, horarios imprevisibles y menor frecuencia terminó empujando a los usuarios hacia micros de larga distancia y vuelos low cost, consolidando el peor registro de pasajeros en años. Para el Observatorio, lejos de ser un fenómeno inevitable, se trata del resultado directo de una política que renuncia al tren como herramienta de integración territorial, desarrollo federal y derecho social.