La suba escalonada en colectivos nacionales impactará de lleno en el bolsillo en febrero y marzo. La actualización del índice de inflación, que otorgaba mayor peso al transporte, fue postergada tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que implicará una suba acumulada superior al 40% en el lapso de un mes, en el marco de la reducción de subsidios al transporte y de una política de ajuste que vuelve a trasladar el costo a los usuarios.

El boleto mínimo pasará de $494,83 a $650 a mediados de febrero, lo que representa un alza cercana al 31%, y volverá a incrementarse en marzo hasta alcanzar los $700, completando un ajuste total del 41,4% en pocas semanas. El impacto será directo sobre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público a diario.

La decisión oficial coincide con una controversia técnica que atravesó al INDEC y que culminó con la salida de su titular, Marco Lavagna. En paralelo al aumento tarifario, el organismo tenía previsto actualizar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorporando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.

Esa modificación implicaba elevar el peso del rubro Transporte dentro del índice general del 11% al 14,3%, lo que hubiera amplificado el efecto estadístico del tarifazo en el dato mensual de inflación. Al mantener la metodología anterior, donde el transporte tiene menor incidencia, el salto en los boletos impactará menos en el número final que informa el organismo.

Fuentes del sector señalaron que la postergación del nuevo esquema de medición se resolvió en medio de tensiones con el equipo económico, que enfrenta el dilema de avanzar con la quita de subsidios sin disparar los indicadores inflacionarios en los meses en que se concentran aumentos sensibles.

El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines se produjo en ese contexto. Si bien no hubo explicaciones oficiales detalladas, la demora en la actualización metodológica quedó en el centro de la escena, ya que un cambio en la ponderación habría reflejado con mayor crudeza el traslado de los incrementos tarifarios al índice de precios.

Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar nuevas subas en un escenario de ingresos deteriorados y caída del consumo. El ajuste en el transporte se suma a otros incrementos en servicios públicos, configurando un cuadro en el que la reducción del gasto estatal se sostiene, en buena medida, con mayores costos para la población.

El dirigente de la CGT advirtió que la central obrera perdió cohesión interna y cuestionó la estrategia dialoguista frente a un proyecto oficial que, según afirmó, apunta a debilitar derechos históricos y desarticular la representación gremial.

En declaraciones radiales, y en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, dejó al descubierto la crisis interna de la central sindical y lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, a la que calificó como un intento de desmantelar conquistas históricas.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo no abrió una instancia real de negociación y que las conversaciones promovidas por algunos sectores sindicales fueron, en los hechos, una formalidad sin resultados. “Nunca hubo margen auténtico para discutir. La decisión estaba tomada y lo que se ofrecía era aceptar condiciones ya definidas”, afirmó.

En ese marco, defendió la convocatoria a movilizaciones y a un paro con concentración frente al Congreso, tras acciones previas en Córdoba y Rosario. Según precisó, el cese de actividades comenzará a las 10 y contará con la presencia de delegaciones de distintas regionales del país.

Lobato expuso además las diferencias dentro de la CGT y planteó que no todos los gremios enfrentan el mismo impacto. “No vive la misma realidad un sindicato de servicios sin despidos que uno industrial donde cierran fábricas todas las semanas”, señaló, al marcar distancia con la postura más moderada de la conducción.

El sindicalista también apuntó contra gobernadores que respaldan la iniciativa oficial pese a la caída del empleo en sus provincias. A su juicio, el apoyo político a la reforma desconoce las consecuencias sociales que puede acarrear en distritos golpeados por la recesión y la paralización industrial.

En relación con el rol histórico de la central obrera, reconoció un deterioro progresivo de su vínculo con las bases y admitió que la pérdida de representatividad no es un fenómeno reciente. Sin embargo, remarcó que el actual contexto expone una fragmentación más profunda. “La cohesión que caracterizaba a la CGT en otras etapas hoy está debilitada”, deslizó.

Para Lobato, el proyecto oficial no se limita a modificar normas laborales sino que forma parte de una estrategia económica más amplia que busca reducir la capacidad de presión del sindicalismo organizado. “Cuando el objetivo es disciplinar al movimiento obrero, el diálogo se convierte en una excusa”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los trabajadores a participar de la protesta y advirtió que las consecuencias de la reforma recaerán principalmente sobre las bases. “Los dirigentes no somos quienes más vamos a padecer esto. Los que arriesgan su estabilidad son los trabajadores”, concluyó.

En medio de fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y tras la negativa del Gobierno a aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, el presidente Javier Milei formalizó la designación de Pedro Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y se concretó luego de la renuncia de Marco Lavagna, quien dejó el organismo en un contexto de tensiones internas y controversias metodológicas. Lines asumió formalmente el cargo a partir del 4 de febrero de 2026.

La decisión presidencial se produce tras la polémica generada por la postura del Gobierno de no avanzar con la implementación plena del nuevo IPC actualizado, una definición que reavivó dudas sobre la transparencia y veracidad de los datos que difunde el organismo estadístico. El debate técnico y político en torno al índice inflacionario fue uno de los factores que aceleró la salida de Lavagna, quien había estado al frente del INDEC desde diciembre de 2019.

Pedro Ignacio Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Hasta ahora, se desempeñaba como director técnico del INDEC y tenía a su cargo la coordinación del programa estadístico anual y el desarrollo de normas técnicas vinculadas a censos, encuestas e indicadores económicos y sociales.

A lo largo de su carrera profesional, Lines trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar y participó en la elaboración de estadísticas clave como la balanza de pagos, la deuda externa y la posición de inversión internacional de la Argentina. Además, integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales.

El decreto presidencial también formalizó la renuncia de Marco Lavagna a partir del 2 de febrero. Desde el Ejecutivo libertario agradecieron “los servicios prestados” por el exfuncionario, cuya gestión quedó atravesada por el debate en torno a la actualización metodológica del IPC, que incluía la adopción de la clasificación COICOP 2018, la ampliación de las divisiones de relevamiento y la incorporación de nuevos rubros de consumo.

La salida de Lavagna y el recambio en la conducción del INDEC generaron preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre el impacto institucional del cambio de autoridades en un momento clave. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a días de la publicación del IPC con nueva ponderación”, señaló el delegado gremial Raúl Llaneza.

La designación de Lines se inscribe, además, en una etapa de reestructuración más amplia dentro de la administración nacional, marcada por renuncias y nuevos nombramientos en áreas estratégicas del Estado, en línea con la reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política deliberada de abandono del ferrocarril como servicio público.

El sistema ferroviario de pasajeros de media y larga distancia atraviesa un proceso acelerado de desinversión, recorte de servicios y pérdida de usuarios que se profundizó bajo la actual administración libertaria. Así lo advierte un informe del Observatorio Social del Transporte (OST), que describe un retroceso histórico en la presencia del tren en el interior del país.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política de abandono progresivo del ferrocarril como servicio público. En ese marco, la declaración de la Emergencia Ferroviaria le otorgó al Estado facultades excepcionales para suspender o eliminar servicios bajo el argumento del deterioro de la infraestructura, un deterioro que el propio Estado dejó avanzar.

Como resultado de esta política, dejaron de funcionar numerosos servicios de larga distancia que garantizaban conectividad y transporte accesible a miles de personas. Entre ellos se cuentan los trenes Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó —recortado hasta Bragado—, Retiro–Tucumán y Retiro–Córdoba, además del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca, cuya no reanudación fue oficializada por esta gestión. También se eliminó el servicio expreso de fines de semana entre Retiro y Rosario, uno de los pocos que aún mantenía competitividad en tiempos de viaje.

El ajuste no se limitó a los trenes de larga distancia. El OST señaló que servicios regionales y turísticos clave para las economías locales también fueron dados de baja, entre ellos General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández, Rosario–Cañada de Gómez, Mercedes–Tomás Jofré y el regional Córdoba–Villa María. En varios casos, las suspensiones se justificaron con problemas de infraestructura que nunca fueron reparados, dejando los servicios sin fecha de regreso.

Eduardo Toniolli, ex diputado nacional y vocero del Observatorio, calificó este proceso como una “degradación planificada”. “El sistema se deja deteriorar deliberadamente para que, cuando llegue el cierre definitivo de los servicios, los usuarios ya no se quejen”, advirtió. En declaraciones televisivas, remarcó además que 2025 fue el año con menor cantidad de pasajeros, excluyendo 2020, cuando los trenes estuvieron paralizados por la pandemia.

Los números confirman el impacto del ajuste: entre 2024 y 2025 la cantidad de pasajeros de trenes de larga distancia y regionales cayó un 25%, y la baja alcanza el 37,4% si se compara con 2023. Mientras en 2024 se registraron unos 260.000 usuarios, en 2025 la cifra descendió a 190.000.

Desde el OST explicaron que esta caída no es consecuencia de una supuesta falta de interés social por el tren, sino del desmantelamiento del servicio: falta de inversión en mantenimiento, retiro de material rodante, cancelación de frecuencias y pérdida de confiabilidad. Toniolli puso como ejemplo el tren Rosario–Cañada de Gómez, donde “Trenes Argentinos fue retirando locomotoras y reduciendo servicios desde agosto hasta darlo de baja definitivamente en noviembre”.

Una situación similar, alertó, se vive en el tren Rosario–Retiro, que aún opera pero en condiciones cada vez más precarias, con viajes que superan las siete horas y que ya ni siquiera llegan a la terminal de Retiro, finalizando en Colegiales.

La combinación de servicios degradados, horarios imprevisibles y menor frecuencia terminó empujando a los usuarios hacia micros de larga distancia y vuelos low cost, consolidando el peor registro de pasajeros en años. Para el Observatorio, lejos de ser un fenómeno inevitable, se trata del resultado directo de una política que renuncia al tren como herramienta de integración territorial, desarrollo federal y derecho social.

La presentadora del Festival de Mate en Paraná, Entre Ríos, leyó un mensaje del público que decía: “Milei la conch… de tu madre”. Ovación del público.

“Lo leo o no lo leo”, se rió la presentadora del popular festival entrerriano. La gente le respondió: “siiiiii”. Todo fue risas.

Finalmente, la presentadora leyó el mensaje y despertó una ovación de la gente. Más de 25 mil personas se hicieron presente en el tradicional festival en la capital de Entre Ríos. Que no se entere el presidente.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el perfil abiertamente desindustrializador del modelo económico-financiero libertario.

La crisis industrial se profundiza como consecuencia directa del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), difundidos este viernes por el Indec, que muestran una caída interanual del 3,9% y marcan el sexto retroceso consecutivo del sector.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el carácter abiertamente desindustrializador del esquema económico-financiero libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la industria —uno de los principales generadores de empleo registrado y de mayor calidad— acumula una contracción del 6,2%, evidenciando el impacto del ajuste, la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de desarrollo productivo.

Los sectores más castigados vuelven a ser aquellos con mayor capacidad de arrastre sobre el empleo y la economía real. En términos interanuales, las mayores caídas se registraron en “Automotores y otros equipos de transporte” (-19,4%), “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,7%) y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-12%), reflejando una fuerte retracción en la fabricación local de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Un análisis más detallado muestra que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas respecto de igual mes del año anterior. Según informó el Indec, las bajas más significativas por su incidencia en el nivel general se observaron en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-21,6%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%), a lo que se suman fuertes retrocesos en “Maquinaria y equipo” (-14,8%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%), “Productos textiles” (-25,7%) y “Productos de caucho y plástico” (-18,3%), entre otros rubros.

En contraste, algunas pocas actividades mostraron incidencias positivas, como “Industrias metálicas básicas” (+7,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%) y “Alimentos y bebidas” (+0,8%), aunque estos desempeños resultan insuficientes para revertir la tendencia general de estancamiento y caída.

En síntesis, el informe oficial confirma que la variación mensual desestacionalizada de diciembre fue de -0,1%, la interanual de -3,9%, y que, pese a una leve mejora acumulada del 1,6%, el desempeño industrial sigue lejos de una recuperación genuina. Los datos vuelven a poner en evidencia que el rumbo económico del Gobierno no sólo no impulsa la producción nacional, sino que profundiza su deterioro.

Hoy se conoce la cifra de inflación de enero, según el Indec intervenido por el gobierno de Javier Milei. Será, seguramente, de 2,5% tal como lo exigió Casa Rosada. De hecho, así lo adelantó hace una semana el ministro de Economía, Luis Caputo, el mismo día que se conoció la salida de Marcos Lavagna del Indec.

Según trascendió, de aplicarse la nueva metodología, que el gobierno iba a implementar en enero, el número real de inflación sería 3,5%. Así lo dijeron técnicos del organismos a diferentes medios de comunicación. El gobierno no podía permitirse un golpe así y decidió abandonar la nueva metodología y seguir midiendo con la anterior.

Pero hay más: si Milei hubiera aplicado la nueva metodología en 2025, la inflación hubiera sido 18% más de lo que fue. Ocurre que el INDEC no mide adecuadamente el impacto de los tarifazos en los servicios públicos. Por eso, millones de argentinos se dan cuenta de que no llegan a fin de mes mientras el INDEC les dice que no hay más inflación.