Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.
Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.
En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.
Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.
Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.
Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.