La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.
Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.
En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.
Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.
La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.