Así lo aseguró el secretario general de ATE en la Superintendencia de Servicios de Salud, Leandro Castro, al encabezar una conferencia de prensa en la sede central del organismo, donde denunció expedientes cajoneados, irregularidades en la gestión y un deterioro del sistema que impacta directamente en el acceso a prestaciones médicas.
A horas de la tarde de este viernes se realizó una conferencia de prensa en la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde dirigentes sindicales profundizaron las denuncias por vaciamiento, corrupción y deterioro del organismo, y advirtieron sobre el impacto directo en el acceso a la salud de millones de usuarios.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo, Leandro Castro, fue el principal orador y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los trabajadores del Estado no somos neutrales. Defendemos el rol del Estado porque es garantizar derechos, especialmente en salud”.
En esa línea, describió el escenario cotidiano que enfrentan los empleados: “Todos los días vemos la angustia de familias que reclaman por tratamientos, medicamentos o intervenciones urgentes. Y también sentimos la frustración cuando, por decisiones políticas, el Estado deja de dar respuestas”.
Además, Castro criticó la paralización de expedientes y una política deliberada de desfinanciamiento. “Hoy denunciamos con claridad que hay expedientes cajoneados, discrecionalidad en sanciones y una transferencia de recursos hacia las grandes empresas de medicina prepaga, en detrimento del sistema solidario”.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado al cobro de los coseguros. “Queremos ser claros: los coseguros para intervenciones quirúrgicas son ilegales. El Programa Médico Obligatorio no los contempla. Sin embargo, se intenta instalar que el usuario debe pagar. Eso no solo es ilegal, es condenar a muchos a no poder acceder a tratamientos esenciales”, remarcó.
También apuntó contra prácticas discriminatorias dentro del sistema: “Denunciamos la discriminación dentro de las obras sociales por afiliación sindical, lo cual viola la ley y pone en riesgo la salud de los trabajadores”.
“Lo que está en juego es el sistema solidario de salud. Buscan desfinanciarlo para concentrar el negocio en pocas manos. Y eso significa dejar afuera a los que más necesitan”, advirtió, y luego concluyó: “Podrán ajustar salarios, podrán intentar disciplinarnos, pero la dignidad de los trabajadores del Estado no se negocia. Seguimos de pie, defendiendo la salud como derecho y no como negocio”.
Cabe destacar que la conferencia se realizó en un contexto marcado por denuncias judiciales por presunta corrupción dentro del organismo y por un conflicto gremial en ascenso, que ya incluyó paros, asambleas y protestas.
En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tomó el micrófono y no dudó en respaldar el reclamo al endurecer el tono contra el Gobierno. “Los estatales estamos de pie, más vivos que nunca, a pesar de los ataques”, afirmó.
El dirigente de los estatales a nivel nacional advirtió sobre un posible recorte de personal en la administración pública y lo vinculó con una política de ajuste. “Quieren avanzar con miles de despidos, pero no van a poder. El Estado ya funciona al límite y se sostiene por el esfuerzo de sus trabajadores”.
Asimismo, vinculó la situación del organismo con las denuncias de corrupción conocidas en los últimos días, en clara referencia a los conocidos actos ilegales realizados por el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni. “La corrupción en la Superintendencia no tiene techo. Hay funcionarios que no pueden explicar cómo multiplicaron su patrimonio ni gastos millonarios”, sostuvo.
El dirigente también alertó sobre el rumbo del sistema de salud: “Quieren destruir el sistema de obras sociales para favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. Buscan que cada argentino tenga la salud que pueda pagar”.
Por su parte, Fernanda Boriotti, en representación del Frente de Gremios Estatales y Empresas Públicas del Estado y de FESPROSA, expresó su apoyo a la protesta y llamó a profundizar la unidad. “Hoy estamos desafiando la reforma laboral. Estamos realizando esta asamblea sin pedir permiso, y ese es el camino: no dejarnos avasallar”.
Finalmente, remarcó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es en unidad, con objetivos comunes, como vamos a salir adelante. Y lo vamos a hacer en la calle. La lucha es hoy, fue ayer y seguirá siendo mañana”.
El conflicto en la Superintendencia de Servicios de Salud continúa escalando y trasciende lo estrictamente laboral; se trata de una disputa por el modelo de sistema de salud y por el rol del Estado en la garantía de derechos más elementales de la sociedad.