La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como sensible: dos integrantes de la Policía Federal Argentina le otorgaron un préstamo por 100.000 dólares, en una operación que también está bajo la lupa de la Justicia.
El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar los detalles y la legalidad de este financiamiento, que fue utilizado para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Las acreedoras fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija, Victoria María José Cancio, actual oficial ayudante subinspectora. Según los registros, la madre aportó la mayor parte del dinero —85.000 dólares—, mientras que su hija completó el monto con 15.000.
La revelación genera especial impacto por el vínculo jerárquico: Adorni, como jefe de Gabinete, se encuentra por encima de la estructura estatal en la que ambas se desempeñan o desempeñaron, lo que abre interrogantes éticos y administrativos sobre la relación financiera.
Además, se conocieron detalles clave de la operación: el préstamo fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, con una tasa de interés del 11% anual, lo que implicaría cuotas mensuales cercanas a los 4.600 dólares. La transacción fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró ante la Justicia.
El caso también pone el foco en la capacidad de pago del funcionario. Las cuotas estimadas superan ampliamente sus ingresos declarados hasta fines de 2025, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de su situación patrimonial.
Pero este no sería el único movimiento bajo sospecha. La investigación incluye otro préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas para la compra de un departamento en Caballito, que, a diferencia del anterior, se habría realizado sin intereses.
Con estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa más compleja, en la que la Justicia deberá determinar no solo el origen de los fondos, sino también si existieron irregularidades o conflictos de interés en una trama financiera que ya genera fuerte ruido político e institucional.