El caso de la diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, reaviva el debate: la legisladora admitió que utiliza pasajes oficiales del Congreso de la Nación para financiar los traslados de su hijo, quien estudia Abogacía en Buenos Aires.

Lejos de tratarse de una revelación externa, fue la propia Flores quien defendió públicamente la decisión. Argumentó que, debido a la distancia y al desarraigo que implica su función, recurre a esos recursos para que su hijo pueda “ir y venir” entre Salta y la Capital Federal. “No es un delito”, afirmó, restándole importancia a una práctica que tensiona directamente con el discurso de austeridad extrema que promueve su espacio político.

El episodio pone de relieve una contradicción difícil de soslayar: mientras se impulsa un ajuste profundo sobre amplios sectores de la sociedad bajo la consigna de que “no hay plata”, algunos funcionarios continúan utilizando herramientas del Estado en beneficio de su entorno más cercano. El uso de viáticos y pasajes para familiares no solo reabre cuestionamientos éticos, sino que también debilita la credibilidad de una narrativa que se presenta como ruptura con los privilegios tradicionales.

Así, más que una excepción, el caso expone cómo las lógicas que se prometían erradicar encuentran continuidad en la práctica cotidiana. En medio de un contexto social marcado por recortes y sacrificios, la distancia entre el discurso contra la “casta” y el uso efectivo de los recursos públicos vuelve a quedar en evidencia.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como sensible: dos integrantes de la Policía Federal Argentina le otorgaron un préstamo por 100.000 dólares, en una operación que también está bajo la lupa de la Justicia.

El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar los detalles y la legalidad de este financiamiento, que fue utilizado para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Las acreedoras fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija, Victoria María José Cancio, actual oficial ayudante subinspectora. Según los registros, la madre aportó la mayor parte del dinero —85.000 dólares—, mientras que su hija completó el monto con 15.000.

La revelación genera especial impacto por el vínculo jerárquico: Adorni, como jefe de Gabinete, se encuentra por encima de la estructura estatal en la que ambas se desempeñan o desempeñaron, lo que abre interrogantes éticos y administrativos sobre la relación financiera.

Además, se conocieron detalles clave de la operación: el préstamo fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, con una tasa de interés del 11% anual, lo que implicaría cuotas mensuales cercanas a los 4.600 dólares. La transacción fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró ante la Justicia.

El caso también pone el foco en la capacidad de pago del funcionario. Las cuotas estimadas superan ampliamente sus ingresos declarados hasta fines de 2025, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de su situación patrimonial.

Pero este no sería el único movimiento bajo sospecha. La investigación incluye otro préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas para la compra de un departamento en Caballito, que, a diferencia del anterior, se habría realizado sin intereses.

Con estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa más compleja, en la que la Justicia deberá determinar no solo el origen de los fondos, sino también si existieron irregularidades o conflictos de interés en una trama financiera que ya genera fuerte ruido político e institucional.

La recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos muestra un marcado deterioro en el inicio de 2026 y enciende alarmas en las provincias, que podrían verse forzadas a recurrir nuevamente al auxilio de la Nación para sostener sus cuentas.

Durante el primer trimestre, los ingresos vinculados a este tributo —principal fuente de financiamiento provincial— evidenciaron un desempeño débil, afectado directamente por la caída de la actividad económica. En total, las jurisdicciones reunieron cerca de $9,7 billones, pero con incrementos nominales que no logran compensar la inflación, lo que se traduce en un estancamiento o retroceso en términos reales.

Un dato clave es que el 63% de lo recaudado proviene de contribuyentes radicados en otras provincias a través del sistema del Convenio Multilateral, lo que refleja una fuerte dependencia de la dinámica interjurisdiccional. Solo el 37% se genera dentro de cada territorio, evidenciando la fragilidad de las bases impositivas locales.

En este contexto, los mecanismos de recaudación anticipada —que toman fondos directamente de cuentas bancarias, tarjetas y otros medios de pago— también muestran señales negativas. Los sistemas más relevantes registraron caídas reales en el primer trimestre: el SIRCREB y el SIRCAR retrocedieron 7%, el SIRTAC cayó 8% y el SIRPEI se desplomó 13%. Solo el sistema vinculado a billeteras virtuales mostró una suba significativa, impulsada por la incorporación reciente de la provincia de Buenos Aires.

La contracción de estos instrumentos, directamente ligados al movimiento económico, confirma el enfriamiento de la actividad. A esto se suma la caída de los recursos por coparticipación y transferencias discrecionales, que profundiza el estrés financiero de las provincias.

Con menor recaudación propia y limitado acceso al financiamiento —en un contexto de alto riesgo país—, crece la preocupación entre gobernadores. De persistir esta tendencia, advierten que los adelantos del Tesoro nacional podrían volver a convertirse en la principal herramienta para evitar desequilibrios fiscales más profundos.

Los datos de febrero refuerzan este escenario: las principales jurisdicciones registraron caídas reales en la recaudación de Ingresos Brutos, consolidando una tendencia que anticipa un año complejo y con alta probabilidad de nuevos rescates por parte del Gobierno nacional.

Una nueva medida de fuerza afecta el servicio de transporte en el AMBA. El reclamo salarial de los choferes nucleados en la UTA mantiene paralizadas a decenas de líneas, mientras se esperan definiciones en el Ministerio de Trabajo.

Este jueves 9 de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires se encontraron con una interrupción parcial pero significativa en el servicio de colectivos. La medida de fuerza, impulsada por un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), surge como respuesta al incumplimiento en el pago de haberes y la falta de acuerdo en las paritarias del sector, que vienen arrastrando una fuerte tensión entre el gremio y las cámaras empresarias.

El paro afecta principalmente a las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, incluyendo tanto grupos de jurisdicción nacional como provincial. Según el último reporte, las líneas que no están prestando servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Desde el gremio explicaron que la retención de tareas se debe a que las empresas no depositaron la totalidad de los aumentos acordados en la última audiencia. Por su parte, las cámaras empresarias (AAETA y CETUBA) argumentan que el Estado nacional no ha transferido los subsidios correspondientes para cubrir los costos operativos y el nuevo esquema salarial, lo que genera un cuello de botella financiero que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores.

En cuanto a la duración de la medida, los delegados sindicales informaron que el paro es, en principio, por 24 horas. Sin embargo, advirtieron que si durante el transcurso de la jornada no aparece una solución concreta o una convocatoria formal a una mesa de diálogo con fondos garantizados, la protesta podría extenderse o repetirse en los próximos días de manera sorpresiva.

La situación en las terminales y paradas de transbordo como Constitución, Retiro y Liniers es de total incertidumbre. Ante la ausencia de colectivos, los servicios ferroviarios y el subte registran una demanda muy superior a la habitual, lo que ha provocado demoras y cierres momentáneos en algunas estaciones por exceso de pasajeros. Las autoridades recomiendan buscar vías alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de las empresas de transporte.

Finalmente, el Ministerio de Transporte citó a las partes a una reunión de urgencia para el mediodía de hoy, con el fin de destrabar el conflicto y normalizar el servicio antes de la hora pico del regreso. Mientras tanto, el malestar de los usuarios crece, ya que se trata del tercer conflicto de este tipo en lo que va del mes de abril, dejando a millones de trabajadores a pie en medio de la crisis económica.

Especialistas advierten que el avance de la minería sobre zonas periglaciares podría acelerar el derretimiento de los hielos y afectar el suministro hídrico en las provincias cordilleranas.

La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.

Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.

Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.

El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.

En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.

Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.

Tras la aprobación en Diputados, organizaciones ambientales convocan a la ciudadanía a acudir a la Justicia y advierten que la nueva normativa pone en riesgo el acceso al agua.

La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto. Tras una sesión de más de 10 horas, el oficialismo logró modificar la normativa con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero la respuesta no tardó en llegar: organizaciones ambientales convocaron a una demanda colectiva para intentar frenar su aplicación en la Justicia.

Entre las entidades impulsoras se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que llamaron a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial en defensa de los glaciares y las reservas de agua.

“El Congreso decidió no escuchar, ahora van a tener que escuchar a la sociedad en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, en un mensaje que marca el inicio de una nueva etapa del conflicto.

Qué cambia con la reforma

La modificación impacta directamente sobre la Ley 26.639, que hasta ahora garantizaba una protección amplia de las zonas glaciares y periglaciares. Con el nuevo esquema, esa cobertura se reduce y se focaliza únicamente en áreas con función hídrica comprobada.

Además, se otorga a las provincias un rol central para definir qué zonas integran el inventario glaciar. En la práctica, esto habilita que áreas que antes estaban protegidas puedan quedar fuera del sistema y, por lo tanto, ser utilizadas para actividades productivas como la minería.

Otro de los cambios clave es que el Inventario Nacional de Glaciares deja de tener carácter vinculante y pasa a ser una referencia, lo que reduce su peso en la toma de decisiones.

Alerta por el impacto ambiental

Desde las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso significativo en materia de protección ambiental y podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua.

“Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y, por lo tanto, la vida de millones de argentinos y los ecosistemas que dependen de los glaciares”, señalaron.

También remarcaron que cientos de miles de personas participaron en audiencias públicas para rechazar los cambios, pero que sus planteos no fueron tenidos en cuenta durante el tratamiento legislativo.

La disputa pasa a la Justicia

Lejos de cerrar el debate, la aprobación de la ley trasladó el conflicto a otro ámbito. Con la convocatoria a una demanda colectiva, las organizaciones buscan frenar la implementación de la norma y reabrir la discusión sobre la protección de los recursos naturales.

En ese escenario, la defensa de los glaciares vuelve a instalarse como un eje central de debate, con un nuevo capítulo que ahora se jugará en los tribunales.

Mientras los salarios de investigadores y trabajadoras del organismo acumulan 23 meses consecutivos perdiendo contra la inflación, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quedó en el centro de la polémica tras cancelar una deuda millonaria en apenas semanas.

La información surge del registro público de deudas de funcionarios y legisladores difundido por el sitio Cuánto Deben, en el marco del escándalo por la “caja VIP” del Banco Nación: una red de créditos a la que acceden sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, pero que permanece vedada para la mayoría de la población.

Dentro de ese listado también aparece el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con un préstamo de 219 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, lo que alimenta sospechas sobre posibles privilegios e influencias políticas en la asignación de financiamiento.

Sin embargo, uno de los casos que más indignación generó es el de Salamone. El titular del principal organismo científico del país logró cancelar una deuda cercana a los diez millones de pesos en apenas dos meses, entre enero y marzo de 2025. El dato contrasta fuertemente con la situación general de la sociedad argentina, donde crece el endeudamiento de los hogares y se vuelve habitual el uso de tarjetas de crédito incluso para la compra de alimentos.

El contraste se vuelve aún más crudo dentro del propio CONICET. Mientras su presidente exhibe una rápida mejora en su situación financiera, investigadores e investigadoras atraviesan una sostenida pérdida de poder adquisitivo. A marzo de 2026, un investigador asistente percibe alrededor de 1.609.000 pesos, mientras que categorías superiores rondan los 3.280.000 pesos, cifras que quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inflación desde la asunción de Milei alcanzó un 259,4%, mientras que los ingresos en el organismo apenas crecieron un 121,2%, profundizando un deterioro salarial que ya se extiende por casi dos años.

En este contexto, se multiplican los casos de precarización extrema: investigadores altamente calificados que recurren a trabajos informales o de plataformas —los llamados “científicos-UBER”— para poder sostener sus ingresos. A esto se suman despidos, retiros voluntarios, cancelación de proyectos estratégicos y el riesgo de cierre de organismos clave como el INTA y el INTI.

El deterioro no es solo económico. La crisis también se expresa en la fuga de talentos, el vaciamiento de equipos de investigación y situaciones límite, como la de científicos que debieron costear de su propio bolsillo generadores eléctricos para salvar muestras biológicas tras un corte de luz en sus laboratorios.

En ese escenario, la figura de Salamone aparece cada vez más cuestionada. Sus propias declaraciones previas —en las que relativizaba la inversión en ciencia en un país con altos niveles de pobreza— hoy contrastan con una realidad donde la crisis se profundizó, pero su situación personal parece haber seguido un camino opuesto.

El escándalo reaviva así el malestar en la comunidad científica, que no solo enfrenta salarios en caída libre y condiciones laborales cada vez más precarias, sino también un clima de hostilidad política, con descalificaciones públicas desde el propio gobierno.

La combinación de ajuste, desigualdad interna y privilegios en el acceso al financiamiento deja al descubierto una crisis estructural en el sistema científico argentino, donde la distancia entre quienes lo conducen y quienes lo sostienen parece agrandarse día a día.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country.

El escándalo por los créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno nacional sigue creciendo y suma nuevos nombres, montos y detalles que profundizan las sospechas sobre posibles beneficios otorgados en condiciones privilegiadas.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country, en una operación que habría contado con una tasa subsidiada, muy por debajo de las condiciones que enfrenta hoy cualquier ciudadano.

El dato no solo refuerza los cuestionamientos sobre el uso de fondos del banco estatal, sino que además suma un elemento sensible: el funcionario ya contaría con otras propiedades, lo que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de acceso a este tipo de financiamiento.

La información fue difundida por el periodista Alejandro Bercovich en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Silvestre en C5N, y generó un fuerte impacto en medio de un contexto ya cargado de denuncias similares.

El caso de Furiase no aparece como un hecho aislado. Forma parte de una serie de operaciones que actualmente están siendo investigadas en la Justicia por presunto otorgamiento de créditos en condiciones ventajosas a funcionarios del gobierno de Milei.

Entre los nombres señalados también figuran Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien habría recibido cerca de $373 millones; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un préstamo cercano a los $300 millones; Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial, con un crédito superior a los $100 millones; y la diputada Lorena Villaverde, quien habría accedido a financiamiento pese a encontrarse embargada.

La denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta también a exautoridades del Banco Nación, como Daniel Tillard y Juan Curuchet, por su presunto rol en la aprobación de estos préstamos.

Actualmente ya existen al menos diez presentaciones en Comodoro Py y dos causas judiciales abiertas que buscan determinar cómo se otorgaron estos créditos, bajo qué condiciones y si existieron irregularidades en el acceso por parte de funcionarios públicos.

Con cada nueva revelación, el caso escala en gravedad y aumenta la presión para que se esclarezca si hubo un esquema sistemático de beneficios financieros dentro del entorno del gobierno.