Tras la aprobación en Diputados, organizaciones ambientales convocan a la ciudadanía a acudir a la Justicia y advierten que la nueva normativa pone en riesgo el acceso al agua.
La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto. Tras una sesión de más de 10 horas, el oficialismo logró modificar la normativa con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero la respuesta no tardó en llegar: organizaciones ambientales convocaron a una demanda colectiva para intentar frenar su aplicación en la Justicia.
Entre las entidades impulsoras se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que llamaron a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial en defensa de los glaciares y las reservas de agua.
“El Congreso decidió no escuchar, ahora van a tener que escuchar a la sociedad en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, en un mensaje que marca el inicio de una nueva etapa del conflicto.
Qué cambia con la reforma
La modificación impacta directamente sobre la Ley 26.639, que hasta ahora garantizaba una protección amplia de las zonas glaciares y periglaciares. Con el nuevo esquema, esa cobertura se reduce y se focaliza únicamente en áreas con función hídrica comprobada.
Además, se otorga a las provincias un rol central para definir qué zonas integran el inventario glaciar. En la práctica, esto habilita que áreas que antes estaban protegidas puedan quedar fuera del sistema y, por lo tanto, ser utilizadas para actividades productivas como la minería.
Otro de los cambios clave es que el Inventario Nacional de Glaciares deja de tener carácter vinculante y pasa a ser una referencia, lo que reduce su peso en la toma de decisiones.
Alerta por el impacto ambiental
Desde las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso significativo en materia de protección ambiental y podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua.
“Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y, por lo tanto, la vida de millones de argentinos y los ecosistemas que dependen de los glaciares”, señalaron.
También remarcaron que cientos de miles de personas participaron en audiencias públicas para rechazar los cambios, pero que sus planteos no fueron tenidos en cuenta durante el tratamiento legislativo.
La disputa pasa a la Justicia
Lejos de cerrar el debate, la aprobación de la ley trasladó el conflicto a otro ámbito. Con la convocatoria a una demanda colectiva, las organizaciones buscan frenar la implementación de la norma y reabrir la discusión sobre la protección de los recursos naturales.
En ese escenario, la defensa de los glaciares vuelve a instalarse como un eje central de debate, con un nuevo capítulo que ahora se jugará en los tribunales.