Mientras los salarios de investigadores y trabajadoras del organismo acumulan 23 meses consecutivos perdiendo contra la inflación, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quedó en el centro de la polémica tras cancelar una deuda millonaria en apenas semanas.
La información surge del registro público de deudas de funcionarios y legisladores difundido por el sitio Cuánto Deben, en el marco del escándalo por la “caja VIP” del Banco Nación: una red de créditos a la que acceden sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, pero que permanece vedada para la mayoría de la población.
Dentro de ese listado también aparece el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con un préstamo de 219 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, lo que alimenta sospechas sobre posibles privilegios e influencias políticas en la asignación de financiamiento.
Sin embargo, uno de los casos que más indignación generó es el de Salamone. El titular del principal organismo científico del país logró cancelar una deuda cercana a los diez millones de pesos en apenas dos meses, entre enero y marzo de 2025. El dato contrasta fuertemente con la situación general de la sociedad argentina, donde crece el endeudamiento de los hogares y se vuelve habitual el uso de tarjetas de crédito incluso para la compra de alimentos.
El contraste se vuelve aún más crudo dentro del propio CONICET. Mientras su presidente exhibe una rápida mejora en su situación financiera, investigadores e investigadoras atraviesan una sostenida pérdida de poder adquisitivo. A marzo de 2026, un investigador asistente percibe alrededor de 1.609.000 pesos, mientras que categorías superiores rondan los 3.280.000 pesos, cifras que quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.
Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inflación desde la asunción de Milei alcanzó un 259,4%, mientras que los ingresos en el organismo apenas crecieron un 121,2%, profundizando un deterioro salarial que ya se extiende por casi dos años.
En este contexto, se multiplican los casos de precarización extrema: investigadores altamente calificados que recurren a trabajos informales o de plataformas —los llamados “científicos-UBER”— para poder sostener sus ingresos. A esto se suman despidos, retiros voluntarios, cancelación de proyectos estratégicos y el riesgo de cierre de organismos clave como el INTA y el INTI.
El deterioro no es solo económico. La crisis también se expresa en la fuga de talentos, el vaciamiento de equipos de investigación y situaciones límite, como la de científicos que debieron costear de su propio bolsillo generadores eléctricos para salvar muestras biológicas tras un corte de luz en sus laboratorios.
En ese escenario, la figura de Salamone aparece cada vez más cuestionada. Sus propias declaraciones previas —en las que relativizaba la inversión en ciencia en un país con altos niveles de pobreza— hoy contrastan con una realidad donde la crisis se profundizó, pero su situación personal parece haber seguido un camino opuesto.
El escándalo reaviva así el malestar en la comunidad científica, que no solo enfrenta salarios en caída libre y condiciones laborales cada vez más precarias, sino también un clima de hostilidad política, con descalificaciones públicas desde el propio gobierno.
La combinación de ajuste, desigualdad interna y privilegios en el acceso al financiamiento deja al descubierto una crisis estructural en el sistema científico argentino, donde la distancia entre quienes lo conducen y quienes lo sostienen parece agrandarse día a día.