El Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica de alto impacto tras confirmarse el envío masivo de correos electrónicos a ciudadanos utilizando direcciones personales, lo que encendió serias dudas sobre el acceso y uso de datos privados.
La administración de Javier Milei remitió mensajes a miles de argentinos invitándolos a sumarse a un canal oficial de comunicación estatal. “Canal oficial del Gobierno nacional. Desde esta dirección vas a recibir información oficial y útil para el día a día”, señalaba el correo, en el que además se indicaba que se difundirán programas, servicios, medidas y actualizaciones de gestión. El mensaje remarcaba que se trata de una vía para recibir información “directa del Estado, sin intermediarios”.
Sin embargo, lejos de ser bien recibido, el envío generó un fuerte malestar entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron cómo el Poder Ejecutivo obtuvo direcciones de correo electrónico sin consentimiento explícito. La preocupación crece en torno a una posible vulneración de la privacidad y al uso de bases de datos personales sin transparencia.
El episodio adquiere mayor gravedad al considerar antecedentes recientes. En septiembre del año pasado, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, impulsó una licitación por más de $3.650 millones para la contratación de servicios de “comunicación directa y seguimiento”. En ese marco, se contemplaba el envío de hasta 50 millones de correos electrónicos mensuales, tres millones de SMS y un millón de llamadas automatizadas.
Aunque desde el oficialismo se argumentó que la iniciativa busca garantizar una comunicación “clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones”, en los pliegos no se detalló con precisión el tipo de información a difundir ni el origen de los datos a utilizar. Hasta el momento, tampoco se ha aclarado si las direcciones de correo empleadas en el envío reciente provienen de ese contrato.
La falta de explicaciones oficiales profundiza las sospechas y reabre un debate sensible sobre los límites del Estado en el manejo de información personal. Especialistas advierten que, de confirmarse un acceso indebido a datos privados, podrían configurarse violaciones a la normativa vigente en materia de protección de datos, además de un serio deterioro en la confianza pública.