El titular del ejecutivo bonaerense denunció que el recorte de fondos de Milei a las provincias no es un castigo a los gobernadores, sino un ataque directo al bolsillo de los ciudadanos y a la infraestructura básica.

En un nuevo capítulo de la tensión entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, Axel Kicillof apuntó directamente contra Javier Milei por las consecuencias sociales del programa económico libertario. Durante un acto oficial, el mandatario provincial fue categórico al señalar que la administración central debe dejar de buscar culpables en el pasado y empezar a responder por los efectos del presente. “Milei tiene que hacerse cargo de la crisis que está generando con sus políticas”, disparó el gobernador, remarcando que la caída del consumo y la parálisis de la obra pública ya se sienten con fuerza en el territorio bonaerense.

Para Kicillof, el recorte de transferencias discrecionales y la quita de subsidios al transporte y la energía no representan un “triunfo fiscal”, sino una deserción del Estado nacional en sus funciones básicas. El gobernador insistió en que el asfixia financiera a las provincias termina impactando en la calidad de vida de la gente: “No están castigando a un gobernador, están dejando sin hospitales, sin escuelas y sin patrulleros a los vecinos”. Según su visión, el Gobierno Nacional utiliza la macroeconomía como una excusa para desentenderse de la realidad cotidiana de millones de argentinos.

La crítica también se centró en la gestión de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Kicillof denunció que el modelo de Milei busca el equilibrio de las cuentas públicas mediante una recesión inducida que destruye el tejido productivo. “Gobernar no es solo mirar una planilla de Excel en Olivos”, ironizó el mandatario bonaerense, quien viene reclamando judicialmente por los fondos que Nación le adeuda a la provincia, incluyendo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y las partidas para el incentivo docente.

Finalmente, el gobernador reafirmó que Buenos Aires seguirá funcionando como un “escudo” frente a las políticas de ajuste, aunque reconoció que la falta de recursos nacionales impone un límite crítico. Mientras el Ejecutivo Nacional mantiene su discurso de “déficit cero” a cualquier costo, Kicillof redobla la apuesta política y se posiciona como el principal referente de la oposición, exigiendo que la Casa Rosada asuma la responsabilidad política por el deterioro de los indicadores sociales que su propio plan económico está profundizando.

La CGT se moviliza este jueves a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador con críticas al Gobierno y un homenaje al papa Francisco.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este jueves hacia Plaza de Mayo en la antesala del Día del Trabajador, en una jornada que estará atravesada por fuertes reclamos contra la reforma laboral y la situación económica.

La convocatoria tiene como consigna central la defensa del trabajo y toma como referencia la palabra del papa Francisco. En ese marco, además de la movilización, está prevista una celebración religiosa en su homenaje.

Desde la central obrera adelantaron que la protesta tendrá un tono crítico hacia el gobierno nacional, con eje en la reforma laboral aprobada en febrero y recientemente ratificada por la Justicia. Los gremios cuestionan el avance de la llamada “modernización laboral” y advierten por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“Marchamos porque el trabajo es con derechos o es esclavitud. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, expresaron desde la CGT en la previa de la movilización.

¿Cómo será la marcha de la CGT y qué cortes habrá?

La movilización está prevista para las 15, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas provenientes del conurbano y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los gremios se reunirán en sus sedes y en puntos clave como avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, y también en la intersección de avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, desde donde marcharán hacia Plaza de Mayo.

En ese marco, se esperan cortes de tránsito en las inmediaciones de la Casa Rosada y desvíos en el transporte público. Además, no se descarta el cierre momentáneo de la estación Plaza de Mayo del subte, como suele ocurrir en este tipo de jornadas.

Desde la CGT convocaron a los trabajadores a asistir con banderas argentinas y remarcaron que “cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue”.

Una encuesta de Management & Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos dos meses, arrastrado por los escándalos de Manuel Adorni, el caso Libra y los créditos VIP del Banco Nación. Sin embargo, el presidente decidió inmolarse por el Jefe de Gabinete y lo acompañó en el Congreso, donde eligió insultar opositores y periodistas.

El sondeo de la consultora que dirige Mariel Fornoni muestra que la aprobación del gobierno nacional cayó casi diez puntos desde febrero. En abril, un 37,2 por ciento respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8 por ciento.

En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3 por ciento y es la más alta desde el inicio de su gestión presidencial en los registros de Management & Fit. Mientras, Milei remarca que todo está perfecto y la economía no para de crecer y generar empleo, a contramano de lo que sienten millones de argentinos. ¿Qué le pasa?

La deuda pública argentina alcanzó en marzo de 2026 un nuevo máximo histórico al rozar los 484.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales respecto al nivel que tenía cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El dato contrasta con el relato oficial, que sostiene de manera sistemática que el endeudamiento no creció durante esta administración.

Los números del balance cambiario del Banco Central revelan que en los últimos 27 meses ingresaron al país unos 47.000 millones de dólares netos en concepto de financiamiento externo, provenientes de organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional y de créditos financieros privados. Sin embargo, ese flujo de divisas no se tradujo en una mejora de las reservas ni en un impulso visible sobre la economía productiva, lo que abre interrogantes sobre el destino real de esos recursos.

Para Martín Burgos, director de la consultora Lado B, la clave del problema está precisamente ahí. El economista sostiene que el financiamiento externo obtenido durante la gestión terminó orientándose principalmente a cubrir vencimientos de deuda anterior y a sostener una dinámica de salida de capitales, en lugar de canalizarse hacia la inversión o el fortalecimiento del tejido económico local.

El nuevo récord de endeudamiento reaviva un debate que el Gobierno había intentado cerrar con su narrativa de ajuste y disciplina fiscal. La combinación de deuda en alza, reservas sin recuperación sostenida y consumo en caída configura un escenario en el que los indicadores macroeconómicos empiezan a tensionar el discurso oficial con una persistencia que se vuelve cada vez más difícil de ignorar.

El Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica de alto impacto tras confirmarse el envío masivo de correos electrónicos a ciudadanos utilizando direcciones personales, lo que encendió serias dudas sobre el acceso y uso de datos privados.

La administración de Javier Milei remitió mensajes a miles de argentinos invitándolos a sumarse a un canal oficial de comunicación estatal. “Canal oficial del Gobierno nacional. Desde esta dirección vas a recibir información oficial y útil para el día a día”, señalaba el correo, en el que además se indicaba que se difundirán programas, servicios, medidas y actualizaciones de gestión. El mensaje remarcaba que se trata de una vía para recibir información “directa del Estado, sin intermediarios”.

Sin embargo, lejos de ser bien recibido, el envío generó un fuerte malestar entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron cómo el Poder Ejecutivo obtuvo direcciones de correo electrónico sin consentimiento explícito. La preocupación crece en torno a una posible vulneración de la privacidad y al uso de bases de datos personales sin transparencia.

El episodio adquiere mayor gravedad al considerar antecedentes recientes. En septiembre del año pasado, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, impulsó una licitación por más de $3.650 millones para la contratación de servicios de “comunicación directa y seguimiento”. En ese marco, se contemplaba el envío de hasta 50 millones de correos electrónicos mensuales, tres millones de SMS y un millón de llamadas automatizadas.

Aunque desde el oficialismo se argumentó que la iniciativa busca garantizar una comunicación “clara, accesible, personalizada y sin intermediaciones”, en los pliegos no se detalló con precisión el tipo de información a difundir ni el origen de los datos a utilizar. Hasta el momento, tampoco se ha aclarado si las direcciones de correo empleadas en el envío reciente provienen de ese contrato.

La falta de explicaciones oficiales profundiza las sospechas y reabre un debate sensible sobre los límites del Estado en el manejo de información personal. Especialistas advierten que, de confirmarse un acceso indebido a datos privados, podrían configurarse violaciones a la normativa vigente en materia de protección de datos, además de un serio deterioro en la confianza pública.