La deuda pública argentina alcanzó en marzo de 2026 un nuevo máximo histórico al rozar los 484.000 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi 30 puntos porcentuales respecto al nivel que tenía cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El dato contrasta con el relato oficial, que sostiene de manera sistemática que el endeudamiento no creció durante esta administración.
Los números del balance cambiario del Banco Central revelan que en los últimos 27 meses ingresaron al país unos 47.000 millones de dólares netos en concepto de financiamiento externo, provenientes de organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional y de créditos financieros privados. Sin embargo, ese flujo de divisas no se tradujo en una mejora de las reservas ni en un impulso visible sobre la economía productiva, lo que abre interrogantes sobre el destino real de esos recursos.
Para Martín Burgos, director de la consultora Lado B, la clave del problema está precisamente ahí. El economista sostiene que el financiamiento externo obtenido durante la gestión terminó orientándose principalmente a cubrir vencimientos de deuda anterior y a sostener una dinámica de salida de capitales, en lugar de canalizarse hacia la inversión o el fortalecimiento del tejido económico local.
El nuevo récord de endeudamiento reaviva un debate que el Gobierno había intentado cerrar con su narrativa de ajuste y disciplina fiscal. La combinación de deuda en alza, reservas sin recuperación sostenida y consumo en caída configura un escenario en el que los indicadores macroeconómicos empiezan a tensionar el discurso oficial con una persistencia que se vuelve cada vez más difícil de ignorar.